Jorge Riani
Cuando hace seis meses apresaron a José Piñeiro, luego de su fuga y vida clandestina de un año y medio, los voceros del orden y la justicia dijeron que no había que temer nuevos escapes. Sería trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Gualeguaychú, un lugar adecuado para un hombre condenado a prisión perpetua por matar a otro en su ciudad. La víctima fue el empresario periodístico Juan Carlos Malvasio y el tema tomó fuerte repercusión. Al desarrollo del juicio le sucedió una condena dura, pero los privilegios del preso no tardaron en brotar. Al año ya contaba con autorizaciones judiciales para ir a fiestas familiares, con traslado de 180 kilómetros a cuenta del Estado incluido. Un día se fugó y sólo apareció cuando su primo, el mediático Emilio Castrillón, iba a ser nombrado juez del Superior Tribunal de Justicia. Apresado nuevamente, fue llevado al presidio de máxima seguridad, pero de allí salió sin mayores inconvenientes para las fiestas de fin de año, y también se le permitió viajar. ANALISIS pudo establecer que pese a la traición al sistema de confianza, el preso VIP ha ahora vuelto a andar por su ciudad: La Paz. La misma en la que ordenó cometer el crimen.
Lo autoriza la ley, dice el hombrecito de traje gris verano. Lo manda el doctor, se protege el policía de azul uniforme. Así es la cosa en el paraíso de los privilegios disfrazados de leyes sociales. Paraíso donde lo irregular se disfraza de legal, y para eso se pisotea la ley, convirtiendo en escombros esos ladrillos que conforman el edificio del estado de derecho y las garantías. Se miente en nombre de la ley, y por eso se la termina violando.
Cuando José Piñeiro gozaba de abusivas salidas de su prisión, a la que llegó para purgar por su obra maldita, los hombres del Derecho decían que era legal que el reo se paseara por su pueblo. Que correspondía convertir a los patrulleros en un transporte puerta a puerta. Que no había de qué preocuparse por posibles fugas y que el homicida no necesitaba de custodios mientras andaba por ahí.
Que para nada sus salidas eran una afrenta hacia las víctimas indirectas de su crimen en un pueblo donde todos los movimientos se ven a no más de cuatro cuadras de los ojos que lo registran. Y el hombre, embriagado de impunidad, un día se fugó.
Piñeiro recibió una condena a prisión perpetua -25 años para la Justicia Penal argentina- por ordenar el asesinato de un empresario periodístico de La Paz, Juan Carlos Malvasio, en octubre de 1999.
El 1º de febrero de 2005, el presidiario había sorteado el rigor de las rejas y la distancia. Consiguió su autorización número 13 y logró que el Estado lo llevara desde la Unidad Penal en la capital provincial hacia su casa familiar de La Paz para festejar un cumpleaños. Los custodios confiaron en la infinita bondad del ser humano y lo dejaron al arbitrio de su conciencia. Con la misma conciencia con la que decidió un crimen, entonces, se fugó.
Se escapó cuando gozaba de una salida sociolaboral que no se encuadra en la legislación. El caso está contemplado, como cualquier otro, en la Ley 24.660 de Ejecución de Pena Privativa de la Libertad, donde se especifica claramente que no hay salidas sociolaborales posibles para quien no cumpla la mitad de la pena: para el caso, 12 años y medio. Esto determina que Piñeiro no debió haber salido sino hasta 2012, y sólo en caso de buena conducta.
Sin embargo, al año de haber sido condenado ya estaba gozando de los paseos. Que un cumpleaños, que una Navidad. Nada de burocracia ni palabreríos para justificar la salida. En una de las planillas se lee: “Cumpleaños de la hija”.
La misma ley que determina el sistema de presidio habla -vale reiterarlo- de buena conducta. La fuga y el año y medio de libertad ilegal no fueron obstáculo para que el fin de año pasado, un juez le diera al asesino la posibilidad de salir de la cárcel de máxima seguridad de Gualeguaychú y viajar a La Paz para festejar Navidad y Fin de Año.
Cuando ANALISIS cursó consultas diversas sobre el encuadre y la autorización para traslado del preso surgieron dos clases de preguntas: las vinculadas al Poder Judicial e incluso a la Policía, que aceptan que es inconcebible una medida de ese tipo, y las que están directamente involucradas con el permiso y justifican diciendo: “Pero se lo trasladó a la comisaría de La Paz...”. Como que eso sea garantía de cumplimiento.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
