Los datos de una mejora en los porcentuales de la tasa de mortalidad infantil siguen siendo insuficientes ante la rotunda noticia de una muerte más. El tema se reinstala, conmueve, golpea, pero no lo necesario como para imponer una política sanitaria que, alejada del clientelismo político, revierta el proceso de deterioro en la calidad de vida de cientos de humildes entrerrianos. Días pasados la noticia sacudía: una nena de 12 años, oriunda de Nogoyá, murió tras permanecer internada en el Hospital San Roque de Paraná. El parte indicaba que la muerte se produjo como consecuencia de “una patología de base; parálisis cerebral, agravada con un cuadro de deshidratación y bajo peso”, y como si fuera un dato ilustrativo, añadía que la pequeña provenía de una familia numerosa de escasos recursos que vivía en la zona rural. La realidad de las muertes por desnutrición no es casualidad, ni un hecho fortuito, es la expresión de un sistema sanitario que no logra pararse sobre el eje de la prevención y captar a los sectores más vulnerables en zonas de riesgo.
Sandra Miguez
Quienes siguen de cerca los lineamientos sanitarios no dejan de señalar que las políticas que se instrumentan en la provincia son diseñadas por el Ministerio de Salud de la Nación. Es que desde el organismo central se ha determinado que cada una de las jurisdicciones sea la que establezca y organice su propio sistema sanitario, luego de recibir las partidas correspondientes y los lineamientos generales de los principales programas de salud, lo cual conlleva a la fragmentación del sistema de salud que caracteriza a la Argentina.
No obstante, en Entre Ríos es evidente que ha prevalecido una persistente dificultad para las sucesivas administraciones al frente de la Secretaría de Salud a la hora de definir un perfil propio que entienda a la salud como un tema decisivo en la problemática pública, sobre todo si se toma como dato que en los últimos tres años cuatro funcionarios pasaron por dicha repartición.
Si bien desde principios del 2004 el Ministerio de Salud de la Nación ha intentado delinear programas dentro del denominado Plan Federal de Salud -con el objetivo fundamental de garantizar el acceso a la salud a todos los argentinos mediante la acción coordinada entre el Estado Nacional, las provincias y los municipios, y basado en un principio de equidad y solidaridad que da el derecho a la salud- su ejecución es de difícil concreción. Es que a través de dicho plan se intenta reconstruir un sistema sanitario colapsado, desmembrado, en donde cada jurisdicción tiene sus matices, sus realidades locales y problemas particulares, y donde la puja política no es un tema menor.
De allí que uno de los problemas más acuciantes sea la articulación de las políticas, tanto en lo atinente a cada uno de los efectores de salud -es decir el recurso humano- así como en un plano más general, en relación con cada uno de los centros e instituciones sanitarias tanto provinciales como municipales.
Es justamente esa falta de articulación, esa imposibilidad por lograr una activa participación comunitaria, y la ausencia de continuidad en la ejecución de las políticas públicas, lo que da lugar a la aparición de noticias como la de Joaquín, el chiquito paranaense que falleció en octubre del 2005, o la pequeña de Nogoyá que estos días fue parte de la trágica crónica.
Aún así, para los funcionarios pareciera ser un recurso persistente el argumentar que estas muertes se producen por otras causas: daño neurológico, endocrinológico, o de base, como si el origen estuviera más allá de la pobreza y las condiciones estructurales de vida.
Cada uno de estos casos tienen puntos de coincidencia más que obvios –para aquel que quiere ver-: familias numerosas u hogares precarios con necesidades básicas insatisfechas, cuyo único sostén es algún aporte de Plan jefes y jefas de hogar, un aporte por refuerzo alimentario o un subsidio para la atención de los menores; y donde los embarazos casi nunca llegan a los cinco controles médicos requeridos para detectar precozmente la desnutrición crónica que en muchos casos las madres ya padecen, y aún así siguen gestando una vida que estará condicionada para siempre.
Sabido es que cuando una mamá lleva adelante un embarazo en condiciones de desnutrición esto afectará para siempre la vida del futuro bebé y provocará un peso o talla inferior al recomendado para su edad, además de ocasionar un bajo peso en el mismo momento de nacer, crecimiento intrauterino retardado, e inclusive puede generar la muerte fetal o neonatal. Los pequeños gestados por una mamá desnutrida tendrán mayor riesgo de enfermedades coronarias, hipertensión arterial y diabetes en la adolescencia y adultez, sin tener en cuenta que su desarrollo intelectual jamás será el mismo que el de un niño gestado en condiciones normales.
Por eso es cuanto menos vergonzante oír justificativos como que el chiquito no tiene desnutrición grado II, sino un cuadro endocrinológico que ha retrasado su crecimiento, tal como se le escuchó argumentar al doctor José María Legascue, secretario de Salud, en agosto del año pasado. En ese momento ANALISIS reveló el caso del pequeño de Santa Elena que sufría un severo grado de desnutrición y que, con 4 años, no caminaba, apenas balbuceaba y se comportaba como un bebé de un año y medio; por ello debió ser hospitalizado, del mismo modo que lo fue su hermanito recién nacido, que también padecía desnutrición. La misma indignación causa escuchar en esta oportunidad que la pequeña de Nogoyá padecía una parálisis cerebral, por lo cual el daño se había originado en el momento del parto por falta de aporte de oxígeno, por una maniobra obstétrica o por algún otro tipo de inconveniente.
Cifras y desglose
La situación de estos pequeños, así como las cifras que dan cuenta del porcentaje de mortalidad infantil, no hacen otra cosa que reflejar el contexto socioeconómico de lo que sucede.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
