Sandra Miguez

En lo que va del año se han iniciado 700 nuevos trámites judiciales solamente en el Juzgado Penal de Menores con asiento en la ciudad de Paraná, que lleva adelante la etapa de instrucción, sentencia y control de los delitos cometidos por menores, cuando aún no se contabiliza el mes de diciembre de 2006. No sólo existe un notable aumento en la cantidad de infracciones, sino que también el tipo de delito que se comete es cada vez más grave. Homicidios, violaciones, abusos en los que los autores son los propios chicos, robos calificados, son situaciones comunes en los trámites llevados adelante en los tribunales paranaenses, donde muchos de los menores reinciden en conductas transgresoras, aun cuando se encuentran bajo la tutela del Consejo Provincial del Menor.

Un somero relevamiento sobre las causas que se tramitan en el ámbito del Juzgado Penal de Menores de la ciudad de Paraná, da cuenta de un marcado aumento en los delitos cometidos por chicos, chicas y adolescentes, en lo que va del año. Los datos a los que pudo acceder ANALISIS marcan evidencias de este preocupante crecimiento, al tiempo que demuestra que aún no se ha logrado coordinar una política de estado tendiente a la prevención en materia de las principales problemáticas que ciernen a la minoridad.

Así, mientras en 2005 ingresaron 638 trámites judiciales por robos simples, calificados, hurtos, homicidios, lesiones, violaciones o abusos, en lo que va de 2006 ya se han registrado 698 casos, cuando aún falta computar lo correspondiente al mes de diciembre, por lo cual el incremento sería más notable.

Si comparamos de marzo a noviembre de 2005 y de 2006 respectivamente, hubo 100 nuevos expedientes que revelan visiblemente el progresivo accionar delictivo de los menores, con otro dato emblemático, los chicos que ejecutan esos ilícitos, cada vez son más chicos.

El desafío respecto al tipo de intervención que el Estado debe realizar, consiste en establecer qué principios o derechos están vulnerados y qué es lo que se quiere privilegiar, ya que la ley establece que el o la menor, como sujeto de derecho debe ser escuchado, y tenida en cuenta su opinión. Pero muchas veces ha sucedido que consultados los chicos respecto de posibilidades concretas de tratamiento -ya sea en el tratamiento psicológico, o tratamiento de adicciones, por solo citar algunos ejemplos- su opinión rotunda es “No”. Es ahí, entonces, cuando se genera un dilema ético entre dos valores que están en juego, y donde debe surgir con rotunda evidencia una política o programa a ejecutar desde el Estado.

De ahí que resulte de vital importancia establecer de qué manera se realiza un abordaje para que estos chicos y chicas no reincidan en conductas altamente transgresoras, con una fuerte certeza y determinación sobre lo qué se debe hacer.

En materia de delitos, los especialistas explican que si el chico no comprende y recapacita sobre lo que hizo, difícilmente pueda cambiar. Pero también en cualquier otro tipo de intervención, tanto los y las menores, como sus familias deben tener un abordaje interdisciplinario en el cual se evalúe cada uno de los condicionantes que dan lugar a un problema de minoridad.

Por ello la importancia de entender por un lado que las políticas deben basarse en la inclusión social, y por el otro comprender claramente que además de la ley es indispensable que se destinen recursos humanos y económicos, y que esta política tiene que estar sustentada en una fuerte convicción ideológica para ver hasta dónde y cómo se debe actuar.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)