Sandra Miguez
En Entre Ríos un nueve por ciento de la población tiene alguna discapacidad. Es uno de los índices más altos de prevalencia de esta problemática, superada solamente por Mendoza con el 10 por ciento, cuando en el país el promedio es del siete por ciento. Sin embargo, y a pesar de los reclamos de las distintas entidades de padres y asociaciones, no se ha logrado una adhesión a la ley nacional que establece un sistema de protección integral de discapacitados, que les permitiría acceder a la salud, educación, vivienda y seguridad. Los organismos que desarrollan acciones para cubrir distintos tipos de demandas, desde hace años vienen reclamando por la adhesión a la Ley 22.431 porque entienden que lo poco que se consigue “surge por gestiones personales y la llegada al poder que cada asociación o centro de atención pueda tener”, ya que son los funcionarios quienes deciden a quién otorgar los aportes, sin que medie una norma que universalice los derechos humanos básicos de las personas con discapacidad.
Días pasados nos sorprendíamos con la historia de una cordobesa Claudia Díaz, que supo vencer las dificultades después de perder una pierna en un accidente automovilístico, y se las ingenió para jugar al hockey como arquera, demostrando que no se deja vencer por la adversidad.
Inmediatamente surge la pregunta sobre qué hubiera pasado si Claudia fuera entrerriana y adherente a la principal obra social de la provincia ¿Qué otras dificultades tendría que superar para lograr contar con una asistencia acorde a sus necesidades?
Familias con niños autistas, con síndrome de atención dispersa, pacientes con artritis reumatoidea y otra larga serie de patologías que alteran la vida cotidiana, tienen que pelear a diario y “justificar” su problema cada vez que requieren de una prestación médico asistencial.
La mayoría de los testimonios de personas con discapacidad o los padres de chicos con capacidades diferentes, relatan el mismo rosario de reclamos: que la obra social no los contempla, que no tienen una cobertura integral como dispone la Ley Nacional 22.431 y que mes a mes tienen que peregrinar hasta conseguir, aunque sea parcialmente, lo que necesitan para cubrir sus tratamientos médicos.
De acuerdo a los datos que surgen de la primera Encuesta Nacional de Discapacidad realizada entre 2002 y 2003, en Entre Ríos el nueve por ciento de la población tiene algún tipo de discapacidad -superando así la media nacional del 7,1 por ciento- por lo cual se torna imprescindible definir una política de Estado que priorice una cobertura integral, y obviamente contar con los recursos económicos necesarios para tal fin.
Sin embargo la provincia no ha adherido sino parcialmente a la Ley Nacional Número 22.431, denominada “sistema de protección integral de discapacitados”, y con ello ha suscitado una polémica sin fin donde los argumentos presentados por las autoridades provinciales se diluyen en eufemismos, y se muestran debilitadas por su falta de fundamentos. Es que adhiriendo a la ley el gobierno debería cubrir el 33 por ciento de los montos correspondientes a la cobertura.
La polémica se desató y la primera en quedar públicamente expuesta fue la titular del Instituto Provincial de Discapacidad, Cristina Cremer de Busti, al dar su opinión respecto a la sanción de un proyecto de ley de adhesión a la norma nacional. “Debido a razones de oportunidad y conveniencia, estimo que no sería prudente en esta instancia dar tratamiento al tema que nos ocupa, y recién avanzar sobre el particular cuando se solucionen los problemas de índole económica”, fue la categórica respuesta al pedido del titular de la Comisión de Salud del Senado, Carlos Garbelino (Victoria). Y agregó que “el Estado de igual forma trabaja para cumplir con todos los servicios, más allá de estar adheridos a una norma”.
Del mismo modo, el gobernador Jorge Busti hizo referencia al tema al señalar que “el gobierno tiene la obligación de salir a explicar las informaciones y demostrar que lo que dicen no es así, pues adherimos parcialmente a la Ley de Discapacidad, y no hubo gente hablando de la discapacidad en la gestión anterior”, para agregar que “adheriremos responsablemente a la ley nacional, pero haremos una legislación propia adecuada a la provincia”.
A pesar de ello, lo que se ha cuestionado en reiteradas oportunidades es el manejo discrecional que desde un área del gobierno se puede realizar al no existir una normativa que garantice la universalización de los derechos, que como en este caso son básicos y humanos.
Por eso, distintas entidades y organizaciones no gubernamentales vienen reclamando cada vez con mayor insistencia sobre la necesidad de adherir a la ley nacional, para poder -como expresa la norma- “asegurar a las personas con discapacidad su atención médica, su educación y su seguridad social, así como concederles las franquicias y estímulos que permitan en lo posible neutralizar la desventaja que la discapacidad les provoca y les den oportunidad, mediante su esfuerzo, de desempeñar en la comunidad un rol equivalente al que ejercen las personas normales”.
Un caso emblemático es el del Centro de Día Muriel, de La Paz, que alberga a 16 personas con discapacidades profundas, que van desde los seis a los 48 años, y que tienen aspiraciones de incorporar a otra veintena de personas provenientes del departamento, uno de los de mayor prevalencia en este tipo de problemáticas. Desde 2004 el Centro solicita fondos para poder funcionar y cumplir con el pago de 12 personas que trabajan intensamente en el lugar: terapista ocupacional, psicólogo, trabajador social, profesor de educación física, médico, kinesiólogo, auxiliares y maestranzas. Sin embargo, solo han recibido ayuda en forma esporádica, a través de subsidios. Durante 2004 recibieron uno por un importe de 2.500 pesos, durante el 2005 dos de 2.500 y 1.000 pesos respectivamente, y en 2006 no han recibido hasta el momento ningún tipo de apoyo a pesar de haberlo solicitado en tiempo y forma ante el Instituto que dirige Cristina Cremer.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
