Jorge Riani

La relación entre la Iglesia Católica con asiento en esta provincia y el gobierno entrerriano pasa un momento inmejorable. La permeabilidad de Jorge Busti ante los sucesivos pedidos de los obispos fue el ingrediente necesario para una relación en la que no asoman cuestionamientos. A diferencia de lo que pasa en el Estado Nacional o en otras provincias, aquí los pronunciamientos eclesiásticos carecen del más elemental sentido crítico del que se nutre un Estado de derecho. Hubo silencios cuando el oficialismo sentó al diputado Emilio Castrillón en el principal tribunal judicial; hubo silencio cuando el ex funcionario Oscar Mori reveló el modo en que el poder imperante se financió para llegar al gobierno; hubo silencio de cúpula frente a la ausencia de respuestas en el caso de Fernanda Aguirre; hubo silencio cuando el Poder Ejecutivo modificó leyes para garantizar que un condenado por corrupción siga al frente de su municipio. Por si fuera poco, en la corrompida Santa Elena, la representación eclesiástica está acusada de ser funcional a Domingo Daniel Rossi. Mientras, en Misiones, el obispo Joaquín Piña libró una dura batalla para evitar la cláusula reeleccionista del gobernador Carlos Rovira, en Entre Ríos, el arzobispo de Paraná, Mario Maulión, sumó su voz en favor de la reforma constitucional pretendida por Busti.

Que un obispo reivindique el derecho de la Iglesia a “defender la democracia”, que cuestione al Presidente de la Nación, que diga que “el gobernador es un corrupto” y que se presente como candidato a convencional constituyente para evitar la reelección de ese gobernador, puede ser parte de un escenario lejano, muy lejano a esta Entre Ríos de silencios prolongados. Y lo es.

La situación de enfrentamiento político que se vive en la provincia de Misiones, con el obispo Joaquín Piña por un lado, y el gobernador Carlos Rovira por otro, suena a situación impensable en esta porción sureña de la mesopotamia argentina.

Piña, recientemente jubilado como obispo de Puerto Iguazú, desató una catarata de críticas de alto voltaje como modo de hacer frente a la pretensión de reelección indefinida del gobernador Rovira. En Entre Ríos, la cosa ha sido bien diferente.

Llegado el caso, el obispo Piña arremetió con su crítica destemplada contra lo que consideró el movimiento de una maquinaria estatal con el sólo fin de lograr la reelección. A 600 kilómetros, el arzobispo de Paraná, Mario Maulión, cuando le tocó referirse a la reforma constitucional pretendida por el gobernador Jorge Busti, aplaudió y alentó la tentativa. “La Constitución debe expresar e interpretar la realidad de la sociedad, con todas sus dimensiones, por esto entiendo que en toda Constitución hay elementos que son como los ejes, los que en filosofía del derecho se llaman los puntos dogmáticos, y otros que son más bien de las disposiciones, que pueden ser modificables”, dijo Maulión en marzo de 2005.

Hay una simbiosis no explícita entre poder oficialista y poder eclesiástico. Porque con la reforma de la Constitución, Busti aventuró su reelección y Maulión la de hacer una Carta Magna que exprese “el valor fundamental de la familia, la dimensión de una educación que sea promotora de la persona y la dimensión religiosa de la persona”. Ningún constitucionalista de 1933 en la provincia ni en las sucesivas reformas del texto nacional se animó a pedir tanto.

Por esos días, el profesor universitario y licenciado en Filosofía Gustavo Lambruschini se preguntaba si acaso con una nueva Constitución “el clero ¿verá amenazados sus privilegios?, ¿acrecentaría su autonomía la mitad de la población, es decir, las mujeres que son constantemente sometidas al despotismo clerical y al sexismo y a la discriminación política del gobierno?”.

Hay que recordar que durante los últimos años, la Curia paranaense ya se había expresado en cuestiones de política pública, cuando el Estado entrerriano avanzó en aprobar una ley de educación sexual. El tema fue largamente tratado en este semanario, con todos sus capítulos que terminó con la claudicación del poder público en formato de derogación de leyes. Se tumbó en Entre Ríos una ley similar a la que aplica en la Nación el gobierno kirchnerista con no poca polémica con los hombres de la Iglesia. Y esa larga historia de pedidos eclesiásticos complacidos por el gobernador entrerriano ha sumado otro capítulo recientemente: la designación en el Consejo General de Educación como vocal a Silvia Kupervaser, una de las artífices del desmembramiento de los equipos interdisciplinarios destinados a capacitar a los docentes entrerrianos en materia de educación sexual y reproductiva.

La designación de Kupervaser fue una buena noticia para la Iglesia, que en este territorio provincial pide y consigue. Quizás el caso más paradigmático sea la ley para autorizar la realización de vasectomías y ligaduras de trompas de Falopio en hospitales públicos. En Entre Ríos esa iniciativa se aprobó un año y medio antes que en la Nación, donde la batalla para lograrla la encabezaron -con otros sectores políticos, claro está- los legisladores kirchneristas. En tanto, el gobernador Busti acá anunció su veto el mismo día de octubre de 2005 en que recibía la visita de Moulión y del nuncio apostólico en la Argentina, Adriano Bernardini. “Comparto el mensaje de monseñor Maulión, en el sentido de que el proyecto de ley que se aprobó en la Cámara de Diputados no estaba en el programa de nuestro gobierno”, dijo el mandatario. Luego el gobierno que reivindica a nivel nacional aprobaba lo que aquí se había volteado a pedido de la Iglesia.

El silencio es salud

Lejos de la actitud asumida por la Iglesia misionera, en Entre Ríos la conducción eclesiástica ha mantenido un total mutismo frente a no pocas circunstancias de fuerte incidencia institucional.

Por caso, la aprobación del pliego de Kupervaser se dio a horas de que el oficialismo -en una arriesgada jugada autista- diera la aprobación al pliego de Emilio Castrillón para integrar el Superior Tribunal de Justicia. Semejante apuesta fue objeto de fuertes críticas de toda la comunidad judicial entrerriana (jueces, abogados, empleados judiciales) pero la Iglesia esta vez dejó pasar la oportunidad de aludir respeto al sistema de independencia de poderes, tan cuestionado sí por los profesionales del Derecho.

Castrillón se convirtió en juez del máximo tribunal de Justicia, luego de haber sido la espada fuerte del bustismo en la Legislatura entrerriana. La Iglesia no dijo nada.

Tampoco hubo alusión alguna a la corrupción cuando se conoció la decisión del intendente Domingo Daniel Rossi (PJ) de permanecer en su cargo a pesar de haber sido condenado por enriquecerse con dinero robado a los entrerrianos. Lejos de hacer algún tipo de crítica, en Santa Elena la Iglesia está vista como amiga del poder del intendente corrupto.

Luciano Espinoza -uno de los más lúcidos dirigentes sociales de dicha localidad del norte entrerriano que combatió contra el cierre del frigorífico- se lamentó por el rol de la Iglesia en Santa Elena. “Tiene visos de obsecuencia hacia el poder político” definió el ex gremialista a la vez que dijo que “la madre superiora del convento es una operadora de Rossi y los curas párrocos miran para otro lado y hasta justifican su accionar”.

Luego de que Rossi fuera condenado por enriquecimiento ilícito, la tensión social se hizo insostenible para no pocos dirigentes de entidades diversas. Ocurre que mientras muchos santaelenenses se negaron a participar de los actos patrios encabezados por un condenado por corrupción, la representantividad eclesiástica siguió como si nada, tomando lugar en los palcos y dando la bienvenida en las capillas. Una veintena de representantes de gremiales, barriales y sociales le dijeron a ANALISIS -en oportunidad de una visita a aquella localidad- que la Iglesia hace la vista gorda ante lo que pasa en Santa Elena: persecución a los opositores, clientelismo y hostigamiento cruel a cuanto ciudadano caiga en desgracia por antipatía del poder.

El Arzobispado habló claramente cuando le molestó la ley de vasectomías o la de educación sexual. Muchos legisladores recibieron llamadas desde la primera línea dirigencial de la Iglesia local. Sin embargo, nada se dijo cuando, recientemente, el oficialismo modificó la Ley de Municipios para garantizar que el condenado Rossi pueda seguir al frente de la comuna.

En medio de la fiebre y la histeria desatada por los dichos del ex funcionario Oscar Mori formulados en entrevista al periodista Martín Caparrós, el mutismo de la Iglesia sobresalió en medio de declaraciones de todo el arco político entrerriano. Mori reveló en esa entrevista, que forma parte del libro El Interior, que las últimas campañas del PJ fueron pagadas “con negocios del Estado” entrerriano, por lo cual pudo recuperar 1,5 millones de dólares que había aportado de sus cuentas personales.

El ex funcionario, también condenado por el desvío de dos Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por casi un millón de dólares, dio destalles escabrosos de como el poder -este poder- hizo para financiar su llegada al gobierno y su permanencia. Habló de cómo compraron medios de comunicación y dijo que una radio de frecuencia modulada -brazo difamador de ese poder- “se hizo con plata de la política”.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)