-Reconciliación es impunidad. El encarcelamiento del ex jefe de Investigaciones de la Policía de Buenos Aires, Miguel Etchecolatz ha sido junto a la del torturador Turco Julián, producto de los dos primeros juicios que se celebran luego de la derogación de las leyes de “obediencia debida y punto final”. Como se conoce, suman varias decenas las causas que esperan ser ventiladas en los juzgados de todo el país, y naturalmente en la medida que aparezcan pruebas y testimonios que la Justicia juzgue suficientes, varios serán los represores que correrán igual suerte que estos dos asesinos. Pero ocurre que lo que en cualquier país del mundo suena normal y de sentido común, en la Argentina no lo es tanto. La sola posibilidad de que el sistema de justicia comience a funcionar debidamente, no es precisamente un paseo sobre un campo de rosas. Como son muchos los que se hacen los distraídos, es necesario recordar que en nuestro país desde el año 1922 tiene vigor una ley que reunió en un solo cuerpo normativo muchas otras que remitían al mismo tema: se llama Código Penal. Ese Código tipifica una serie de conductas identificadas como delitos y fija los castigos correspondientes. Casualmente, los mismos que se hacen los distraídos son aquellos que exigen a gritos la aplicación rigurosa de la ley para el ladrón de gallinas, pero se ponen de la nuca al momento en que el Estado aplica la ley para los delitos cometidos durante la última dictadura. Ahí, esos mismos sectores que suelen hacer marchas reclamando justicia por la proliferación de delitos comunes, se transforman y se muestran tal cual son.
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-Los efectos de la impunidad. No son menores los efectos que el derrame de esa falta de justicia ha provocado en la particular idiosincrasia argentina. La corrupción generalizada es consecuencia directa del modelo instaurado por la oligarquía durante el proceso militar. Instaurar ese modelo requería acallar toda resistencia popular, cosa que los militares hicieron con creces. Esa corrupción y represión ilegal perdonada durante años por el Estado y elogiada por sectores sociales privilegiados, no podía dejar de convertirse en ejemplo para muchos que ven en la ilegalidad su modo de vivir. Es decir, la impunidad ha tenido una responsabilidad directa sobre el desquicio que los comportamientos personales, sociales y corporativos han desarrollado en la Argentina. Si quienes cometieron los mayores delitos que se pueda imaginar son perdonados por leyes y decretos, mal se puede esperar un disciplinamiento social.
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-Para saldar el pasado. La enorme mayoría de damnificados por los crímenes de la dictadura ha superado hace rato -si es que alguna vez lo tuvo- algo relacionado al resentimiento o al odio. De allí que no habría –sostienen muchos- incompatibilidades para firmar la reconciliación. Pero ella requiere del arrepentimiento como condición necesaria, aunque no suficiente. Por cuerda separada es indispensable develar cómo ocurrieron los acontecimientos que siguen a flor de la epidermis social y desgarrando de dolor a demasiados argentinos que no han podido velar a sus muertos y reviven su martirio cuando cada día ven a sus verdugos libres y pavoneándose de sus “proezas”. La búsqueda inclaudicable de justicia, el esclarecimiento y castigo a los culpables tienen que ver con el espíritu profundo de la ley penal: que el castigo produzca una serie de efectos en el conjunto de individuos que componen la sociedad que se suponen positivos para ésta. La sustanciación de los juicios y el castigo correspondiente a los que delinquieron tienen entonces varios objetivos: por un lado, prevención general dirigida al conjunto de la sociedad y una prevención especial dirigida al delincuente.
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-Ojo, están conspirando. Por lo visto, oído y por propias conclusiones de este cronista, estos sectores no pierden sus mañas. Algunos, más poderosos e inteligentes que los prehistóricos y rudimentarios que salen por la televisión, han decidido que una segunda condena por violaciones a los derechos humanos, agravada por la figura del genocidio, era el límite. Entonces, multiplicaron los esfuerzos, potenciaron sus ataques y conjuntamente con la desaparición del principal testigo de cargo del juicio a Etchecolatz, Jorge Julio López, han desatado una virulenta campaña en contra de la sustanciación de los juicios que echen claridad sobre miles de casos de muertes, tormentos y desapariciones de argentinos cuyas familias aún siguen sin poder conocer qué ha sido de sus destinos. Al frente de la vergonzante demanda de impunidad actúa como mascarón de proa (y algo más) el obispo Jorge Bergoglio. Ambicioso de poder como pocos, conduce políticamente a buena parte de la jerarquía católica argentina, aunque su mirada sesgada de la realidad es probable que termine generando su propia oposición. Detrás de él se escudan los sectores militaristas más recalcitrantes. Verdaderos trogloditas que reivindican lo actuado en aquellos años aciagos. Surge concluyente, entonces, que la condena de un emblema del Terrorismo de Estado como siempre lo fue Miguel Etchecolatz, activó los hilos delgados de una estructura comprometida con el Proceso genocida. Es necesario entender cuál es el punto de partida y cuál es el puerto final al que algunos quieren arribar con todo este activismo político.
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-Ganar la calle para aislarlos. Es cierto, en estos días pasados se han sucedido movilizaciones, algunas importantes como la llevada a cabo en Capital Federal. Sin embargo huele a insuficiente. El desafío de la hora estriba en que los sectores democráticos se sacudan la modorra, dejen de subestimar la potencialidad de las conspiraciones en tinieblas y se despojen de contradicciones secundarias con tufillo a discusiones de centros de estudiantes. Ciertamente que en todos estos años hubieron demasiadas agachadas, pero hay que tener la capacidad de diferenciar lo principal de lo contingente. Más que juego peligroso, es suicida dar primacía a las contradicciones sectoriales o personales ante tantos nostálgicos de la dictadura y pretendientes de la impunidad. Una vez más, son los organismos los que primero reaccionan. Sería saludable para todos que el esfuerzo de esas valiosas acciones alcance para convocar e incorporar masivamente a otras fuerzas políticas democráticas que hasta ahora balconean la escalada mediática enemiga. Nada más importante para aquellos que han levantado -muchas veces en soledad- la bandera de la verdad y la justicia durante todos estos años, que haya muchos más que levanten esas banderas.
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-La política del miedo. Indudablemente que pretenden instalar el miedo sobre un sedimento sobreviviente que es tierra fértil para esa simiente. La sociedad argentina con frecuencia suele pecar de olvidos. Entonces, la tarea de esclarecimiento se presenta más sencilla si de instalar la teoría de los dos demonios se trata. Poco importa saber si el miedo se apoderó de Julio López y una voz lo fue llevando hacia un destino que conmueve. Tampoco importa si la voz fue interior, o la de alguien que en función del miedo minó sus reservas. Poco importa el detalle si tuvo que mediar un empujón para reducir a López. En todos los casos sobrevuela el terror a revivir experiencias que revistan entre las más espeluznantes de la historia humana. En esa lógica, también es posible que si alguien lo vio, “no recuerde que lo vio”. Los 200.000 pesos ofrecidos por el gobierno de la provincia de Buenos Aires no son más que un conjunto de papelitos prolijamente apilados, una muestra más de la impotencia colectiva. La ausencia de datos señala de manera brutal y estremecedora cuán débil es esta institucionalidad y cuánto se subestimó la coraza de estos sectores resistentes a la Justicia. Lo que lee, escucha y ve la sociedad a través de los medios de comunicación es sólo la punta del iceberg. Cuesta creer que los dinosaurios que torpemente se mueven en superficie sean algo más que mononeuronales para producir algún descalabro institucional o impedir que los poderes de la República funcionen libremente. De hecho, Bergoglio está lejos de ser una figura mediática. En las sombras se mueve como pez en el agua. Néstor Kirchner avanzó al punto de limpiar la cúpula militar de comandantes comprometidos con el Terrorismo de Estado y cuando han aparecido denuncias fundadas apuntando sobre algún jefe en actividad rápidamente lo pasó a retiro. Los entrerrianos fueron testigos de la inflexibilidad con que el Presidente Kirchner actúa en estos casos. Sucedió cuando el jefe de la Segunda Brigada de Caballería Blindada de Paraná, general Juan Carlos Willington, puso el nombre de uno de los responsables de la Masacre de Fátima -el coronel Manuel Morelli- a la cancha de polo con una placa recordatoria.
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