J. R.

Nombres nuevos, nombres conocidos. Caras jóvenes, rostros surcados por el tiempo. Las listas para cargos electivos provinciales y municipales que se dieron a conocer esta semana son heterogéneas pero con un mensaje final: más de lo mismo. El oficialismo mezcló nombres como el de Jorge Kerz con el de Patricia Díaz, la esposa del intendente Domingo Daniel Rossi, condenado por enriquecimiento ilícito. La publicación de los precandidatos trae aparejada impactantes sorpresas. Por ejemplo, la potulación para intendente de Bovril del ex administrador del Senado provincial, José Maximiliano Crettón Pereyra, quien se encuentra denunciado ante la Justicia por el presunto desvío millonario de fondos. La intención del propio Rossi de buscar su reelección deja mal parada a la Justicia y revela su convicción de que el retraso en dejar firme el fallo es sinónimo de impunidad. Pero esas son apenas dos historias de una serie de hechos que surgen de repasar las listas. A continuación, lo destacable de cada sector.

El pragmatismo y la idoneidad suelen cruzarse de camino sin tocarse muchas veces. La distancia entre una y otra indica el tamaño de la crisis de la política. Ocurre que aunque ningún dirigente en su sano juicio esté contento de hacer alianza con un condenado por corrupción, esa posibilidad termina siendo tentadora en virtud de la cosecha de votos que podrá aportar esa misma práctica corrupta.

Así se entiende entonces que el oficialismo haya apostado la ficha a algunos nombres harto cuestionados, representativos de eso que amagó en llamarse “la vieja política”. En Entre Ríos no hay vieja política, simplemente porque la nueva política nunca asomó. Quienes enarbolaron el término -por caso la Concertación Entrerriana- hoy adeudan respuestas al desbande de sus filas hacia lo que hasta anteayer llamaban, precisamente, “la vieja política”.

En esta semana, el asfixiante calendario electoral obligó a la industria política entrerriana a sacar nombres y armar listas. La mezcla de pragmatismo pero también algo de vocación de servicio que perdura en parte de la sociedad, determinó la heterogénea convivencia en listas, de nombres impresentables y de otros de mayor dignidad. Y esto se hace extensivo a la totalidad de las candidaturas a nivel provincial y cada municipio de cada partido que se presente.

Lo peor está por venir

También en la semana que está a punto de expirar, la mal llamada “vieja política” ganó batallas decisivas en una mutación que hace erizar. Es que lo viejo adquirió nuevas caras. Si bien la de Domingo Daniel Rossi será la misma (des)cara que los santaelenses verán en el principal despacho de la Municipalidad de la castigada localidad paceña, también habrá rostros que irrumpirán en escena para expresar más de lo mismo.

Rossi es un aliado decisivo del oficialismo para sumar votos en una práctica ya conocida, pero que quedó denunciada en no pocos medios esta semana, cuando casi dos centenares de periodistas de todo el país, dieron a conocer un documento que denuncia el modo de apriete, clientelismo, persecución y entrega de los bienes colectivos que él aplica en su maltratada ciudad. Fue condenado por la Justicia por robar dineros públicos, pero igual él se presenta como candidato a intendente con la bendición de todo el oficialismo entrerriano. Es que Rossi es un engranaje más de ese oficialismo.

Reafirmando la idea de que el intendente condenado por corrupción no es el oscuro príncipe de un territorio aislado, logró fortificar su poder al agregar en la lista de diputados provinciales a su esposa. Patricia Teresa Díaz es aquella mujer que ante las cámaras del programa periodístico porteño Punto Doc, juraba que era la empleada doméstica de Rossi para no tener que soportar la presión de contestar lo incontestable sobre su marido. Pero no era la empleada doméstica, era la esposa de Rossi y probablemente el año próximo sea diputada provincial.

En Paraná, su rostro se hizo conocido hace un par de meses cuando se desarrolló el juicio oral y público que terminó condenando a Rossi a tres años de prisión condicional más inhabilitación para ejercer cargos públicos por seis años, al hallársele culpable del delito de enriquecimiento ilícito.

Con la presentación de Rossi para ser nuevamente intendente quedan al descubierto algunas situaciones un tanto vergonzantes: la verdadera intención del oficialismo por modificar la Ley 3.001 (que permitió que un condenado pueda seguir en el cargo hasta que quede firme la sentencia), el efecto de la demora de los jueces amigos del poder en resolver esa situación. Porque cada día que pasa sin que los vocales del Superior Tribunal de Justicia no resuelvan es un día más de impunidad que se multiplica por los tiempos que demandará ir luego a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y cuantos órganos internacionales haya para hacer eterna la situación de indefinición.

En una reciente entrevista radial con el programa A quien corresponda (Radio Del Plata Paraná), el dirigente social Luciano Espinoza definió a Patricia Díaz, como “una pseudo operadora de Rossi sin trayectoria política”. Consideró que el surgimiento de su nombre en el firmamento político es “una maniobra más de Rossi, que usará la plata robada para la campaña”. El reconocido ex sindicalista, de paso, acusó al gobierno provincial de “avalar y dar impunidad” al intendente que va por la reelección.

Rossi lleva como primer candidato a quien en su currículum oficial dice que es el superintendente del Hospital Regional Santa Elena, Daniel Salvá. Y efectivamente ocupa ese cargo que le permite ser la autoridad que administra la salud, en ese establecimiento provincial, según el grado de simpatía o antipatía que generan al rossismo los enfermos. Salvá es un operador radial burdo que fue señalado públicamente por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), a la vez que fue denunciado por dirigentes de ese gremio por amenazas.

Salvá, la cabeza de lista de concejales de Rossi, es un difamador de lengua envenenada y mente enfermiza. El gremio docente reveló en su momento que opera desde la FM Brisas “a favor del jefe comunal, lo que lleva a pensar qué intereses económicos se mueven para sostener esta práctica cotidiana que se basa en el atropello permanente hacia quienes ejercen el derecho a disentir. Lo peligroso es tratar de exacerbar los ánimos con el claro objetivo de llevar a cabo alguna acción que justifique el uso de la violencia para que sirva de ejemplo y escarmiento para aquellos que se atrevan a desafiar el poder omnímodo del cuestionado intendente”.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)