Santa Elena, entre la dádiva y la patota

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Rossi, Castrillón y Busti: imágenes de una Entre Ríos preocupante

Daniel Tirso Fiorotto
(especial para ANALISIS)

Domingo Daniel Rossi nada tiene que hacer al frente de un municipio entrerriano. Su obstinación por atornillarse al poder genera violencia psicológica, social y física. Si se resiste a dejar el mando en Santa Elena debe ser expulsado y desterrado para que el pueblo pueda desarticular su modelo. La permanencia de un Rossi condenado, con el aval temeroso y temerario del gobernador Jorge Busti, la asunción de Emilio Castrillón en el Superior Tribunal de Justicia y el aliento oficial a los peligrosos patoteros que ensucian a los adversarios a través de los medios de comunicación convirtieron a Entre Ríos, madre de la República, en un despotismo. La última de Rossi, que pone en ridículo al peronismo, se topó con un joven audaz que abrió los micrófonos y rompió el silencio.

¿Cuánto robó en expectativas y en dinero y en futuro este gobierno provincial en sus tres gestiones y particularmente en ésta? Una banda que se anima a colocar a Emilio Castrillón en la cúspide del Poder Judicial y a sostener y alentar a patoteros bien pagos en medios de comunicación para desgastar a ciudadanos con insultos, agravios, ultrajes, ¿dónde y cuándo pondrá freno a tanta arbitrariedad?

El poder ha querido desgastar hasta lo indecible al periodismo crítico en Santa Elena, ha querido volver loco a un periodista para declararlo insano y encerrarlo en un manicomio. Las torturas psicológicas que sufre Carlos Furman son propias de una dictadura y los profesionales tendrán que explicar cómo tantas presiones y tanta soledad no lo han quebrado ya.

¿Cómo se haría Carlos Furman de una novia, por caso, si el poder político paga patoteros para que al día siguiente le digan en la calle y por radio que es puta, que su padre es ladrón, que se acuesta con su patrón, que su novio es cornudo y el vecino falopero? ¿Cómo caminar por la calle con una chica, si los patoteros del gobierno le gritarán “judío hijo de puta, te vamos a hacer boleta”, y le desparramarán panfletos con la cruz svástica y la consigna “Muerte a Calos Furman”?

En Entre Ríos la patota manda. El Estado está organizado para desgastar al adversario sin reparar en medios. Así funciona en Paraná, el mayor de los patoteros mediáticos tiene diálogo fluido con el líder, el líder le da letra. Y más grave todavía es en Santa Elena porque las víctimas no encuentran amparo.

Difamar, apretar, amenazar, meter miedo. Gremialistas, docentes, estatales, piqueteros, campesinos, colonos, cooperativistas, vecinos comunes, profesionales, quién no ha estado en boca de los parásitos del poder en Santa Elena. ¿Y cuál será el límite para un capanga ensoberbecido que dictaminó que Domingo Daniel Rossi, condenado por robarle plata al pueblo pobre, siga violando?

Condena firme y farsa

La sociedad debe organizarse para que los Rossi no sigan. Cada día aumenta el peligro. Su gobierno es ilegítimo por abusar del poder. Y sólo puede ser considerado “legal” en una farsa, porque sus amigos sancionaron una ley hecha con nombre y apellido para permitir que continúe en su función, aún condenado.

Los periodistas escuchamos azorados los métodos usados por el despotismo en Santa Elena para vencer las resistencias. No alcanza el espacio para contar cómo mete miedo en el centro de salud, el hospital, el club, la policía departamental, el comercio, las organizaciones barriales o políticas. Un vecino que perdió el plan social porque el caudillo lo vio en una foto cerca de un cartel de protesta. Otro que no va al hospital porque un puntero político de Rossi lo destrata por opositor. Comerciantes perseguidos con inspectores por dar publicidad a un periodista independiente…

Frente a esto, cuando se han comprobado las denuncias por enriquecimiento ilícito y los jueces amigos parecen buscar el modo de darle una manito, la condena a prisión y la continuidad de sus políticas punteriles sostenida sobre la alcahuetería como norma, obligan a replantear la mirada sobre esta estructura política, que ha sido creada por el poder para sostenerse a cualquier precio, aún al de la destrucción y la muerte.

Nuestros ancestros legisladores no querían al procesado en función de gobierno, menos aún al condenado, y esa línea quedó plasmada en la Ley Orgánica de Municipios Número 3.001. Pero los mismos que se cansaron de violar la Constitución echaron mano a esa Constitución para considerase discriminados, por el principio de “inocencia”, con la complicidad de jueces amigos. Entonces lograron seguir en funciones aún procesados. Pero no bastó con eso: a Rossi lo condenaron y amenazó con “escribir un libro”. Entonces se sintieron con margen aun para más impunidad, dieron otra vuelta de tuerca y cambiaron la ley para que sólo fuera inhabilitado aquel funcionario con sentencia “firme”. No alcanza con ser sospechado, denunciado, procesado y condenado, no alcanza con el paso de 15 años desde la comisión del delito. Según la nueva “Ley Rossi”, pueden pasar décadas y el condenado seguir haciendo estragos en la sociedad cuya debacle es directamente proporcional al enriquecimiento de su caudillo.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, se manifestó preocupada por la situación del transporte público, los servicios como el agua potable y las realidades hirientes por la falta de alimentos en muchos hogares.

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Los robos son incesantes y genera pérdidas importantes y un daño muchas veces casi irreparable: el sentir la desconfianza y la inseguridad.

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La mala distribución de la tierra o, dicho de otra forma, la concentración al extremo, no es nueva en Entre Ríos. Y es un debate que será necesario dar en algún momento.

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