Silvio Méndez
A casi un año y medio de quedar vacante el cargo titular de la Defensoría del Pueblo de Paraná, y tras frustrados intentos por cubrirlo, un grupo de candidatos aspira a que la situación se resuelva en lo inmediato. Tras sucesivos pedidos y reuniones con concejales, este núcleo de aspirantes está decidido a llegar hasta las últimas consecuencias. Entre las medidas recientes, impugnaron el acta del Concejo Deliberante por la que se frenó el proceso e hicieron una presentación ante el mismo órgano de control. Hasta el día de hoy esperaban respuestas antes de ir a la Justicia como recurso final. De acuerdo a lo que se adelantó a ANALISIS, harían una presentación por posible fraude en la forma que quedó funcionando la institución y luego se exigirá una elección entre los ya inscriptos. Atrás quedaron las propuestas de que se vote sin los ediles que adelantaron una imposibilidad de fondo y el sistema “papal”, tal como fue ungido el renunciante Jorge Kerz.
Tras un largo derrotero de sucesivos e infructuosos encuentros con concejales, titulares de bloque, notas e intimaciones para que se resuelva la acefalía del puesto de defensor del Pueblo de la ciudad, un grupo de aspirantes parece decidido a llegar hasta las últimas consecuencias para que se defina la cuestión. Tras quedar vacante el cargo en junio de 2005, cuando Jorge Kerz lo abandonó para hacerse cargo fugazmente de Ejecución y Control de las Políticas Sociales de la provincia, se inició un nuevo proceso de elección que nunca pudo concluir. El nudo gordiano se trabó en los dos tercios de las voluntades que nunca se alcanzaron a reunir en el Honorable Concejo Deliberante (HCD) para designar al defensor, tal como se exige por ordenanza.
Entre estas vicisitudes, para diluir el conflicto desatado con los postulantes que quedaron en carrera, el 24 de mayo el cuerpo legislativo resolvió eludir un dictamen por considerar que no había “criterios de selección” y desestimaron la compulsa hasta la sanción de una nueva normativa. Frente a este juicio se alzó un grupo de 12 candidatos que, tras intentar algunos acercamientos, presentaron un pedido a la presidencia del Concejo y a la Defensoría para que se revoque la medida y se lleve a cabo una votación. Ante la falta de respuestas, y entendiendo instancias agotadas, este grupo hoy definiría las acciones ante la Justicia para dirimir la controversia. Según se anunció, la estrategia jurídica tendría como primer paso realizar una presentación por probable ilegalidad en el modo en que se zanjó la continuidad de funcionamiento de la Defensoría.
Luego, el otro planteo exigiría que se culmine el proceso eligiendo el sucesor entre los ya inscriptos.
En diálogo con ANALISIS, Sergio Saavedra, uno de los aspirantes que encabeza los reclamos, explicó que las presentaciones realizadas ante el HCD impugnando la decisión del cuerpo se fundamentan en tres puntos. “Una porque creemos es ideológicamente falso. Esto basado en que los cuatro presidentes de bloque y el presidente del Concejo han declarado en reiteradas oportunidades que no se han podido elegir defensor del Pueblo porque ninguno de los candidatos suma los dos tercios necesarios para ser electos. El despacho del 24 de mayo no hace mención a la mayoría especial que solicita la ordenanza. Se refiere a otro tema, dicen que no pueden elegir porque no tienen un orden de mérito para poder calificar a los candidatos. Por eso creemos que es ideológicamente falso, porque no se fundamenta en lo que declaran que es la traba para poder elegir. Por otro lado creemos que es abstracto. Se parte (concibiendo) la designación desde un principio de sistema concursal público, cuando la misma ordenanza y la modificación de la (Ley provincial Orgánica de Municipios) 3.001 establece que la designación del defensor del Pueblo es del Concejo Deliberante, necesita dos tercios de los concejales presentes. En ningún momento la ordenanza 8.391 ni la 3.001 establecen que esto sea un concurso de oposición y antecedentes. Cuando una ordenanza quiere concurso, lo establece taxativamente. Para elegir el titular del Centro de Mediación (de la Defensoría) se necesita un concurso de oposición y antecedentes y la ordenanza lo establece. Por esto creemos que es abstracto; el despacho se basa en una argumentación que es falsa. Esto no es un sistema concursal público, es una designación del HCD. Por último, decimos que es extemporánea.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
