Luis María Serroels
Tantas veces hemos venido abordando el tema del funcionamiento del Poder Judicial en nuestra provincia que hasta perdimos la cuenta. La última vez, en la edición del 17 de agosto pasado, cuando hicimos un análisis sobre las patologías que inciden fuertemente sobre los agentes que prestan servicios en la Justicia entrerriana y los colocan en la extraña paradoja de tener que padecer por aquello que escogieron como vocación y destino en su desarrollo personal.
Nos basamos en el informe elaborado por profesionales de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario (área de Salud y Trabajo), que bajo la conducción del psicólogo Germán Canteros trabajó sobre medio millar de empleados, con resultados que encienden una luz de alerta imposible de desatender.
No puede negarse tal realidad dentro de uno de los tres poderes del republicanismo que nos rige como sistema, en tanto el informe final de la encuesta recoge situaciones que abarcan la mala calidad de instrumentos y medios de trabajo, edificios obsoletos, riesgos químicos biológicos, poca iluminación, altas temperaturas y molestos ruidos.
Los habitantes del tercer piso del Palacio de Justicia -esto es, los miembros del Superior Tribunal- han recibido días pasados una copia del informe que surgió de un año de tarea intensiva.
Todo esto amerita ubicar el problema en un plano de preocupación, que a través de una evaluación a fondo y del aporte de ideas innovadoras diseñe políticas específicas para frenar los efectos jamás deseados ni merecidos por un servidor público.
A esta altura cabe interrogar: ¿tiene que ver esto con la mengua en los estándares de eficiencia y celeridad que la sociedad le endilga a la magistratura cada vez que se la somete a alguna encuesta? ¿Adquiere relación determinante con la exasperante demora que se registra en la resolución de los conflictos que recalan en nuestros juzgados, cámaras y el propio órgano máximo? Esto desde luego no implica en absoluto imputar falta de voluntad ni pereza administrativa. Es otro el punto.
Pero en la mañana del martes último y a propósito de un extraño incidente registrado con un procedimiento policial de detención de dos personas, el vocal del STJ
Miguel Augusto Carlín (un hombre que sobresale por su permanente proclividad a la franqueza cuando se enfrenta a cámaras y micrófonos) confesó las enormes dificultades que afectan el normal servicio de justicia. Particularmente, respecto de la demora en resolver los recursos de casación llegados a los altos jueces por sentencias que involucran a ex funcionarios políticos por casos de corrupción, la justificó en que “existe una obligación moral y humana de fijar las audiencias de personas que están privadas de su libertad”. Sin dudas revela un orden de prioridades muy difícil de cuestionar, porque nadie puede ignorar que dentro de un calabozo el día tiene bastante más de 24 horas. En su pormenorizada respuesta, Carlín citó que en 2006 se llevan dictadas 126 sentencias de casación, a lo que deben sumarse 500 amparos y la existencia en espera de otras 60 causas.
“Los tribunales están colapsados; no estamos ociosos y hacemos lo humanamente posible”, fue su frase más contundente al momento de desglosar las razones de lo que el ciudadano observa como grave falla en la prestación de un servicio de tanta trascendencia y complejidad.
El disparador del diálogo radiofónico había sido un cortocircuito producido cuando la Policía se apresuró a detener a dos individuos un día antes del consignado por un juez, lo cual terminó invalidando el procedimiento en un episodio incomprensible que no puede atribuirse a una simple desprolijidad (si bien un comunicado oficial sacó fuera de la responsabilidad al magistrado, quedó a la luz la falta de una debida atención por parte de la Policía, en los detalles y fechas consignados en el mandamiento). Ergo: esas personas debieron ser liberadas.
Pero al margen de este hecho, que no obstante su gravedad es posible que termine en lo anecdótico, conviene revisar los dichos del doctor Carlín. Es cuando afirma que en el encolumnamiento de causas a resolver, detrás de los trámites casatorios -entre los cuales, vale reiterar, se encuentran expuestos seres humanos que reclaman su liberación-, se deben ocupar de las demás causas, recibiendo principal cuidado el evitar una eventual prescripción (un sueño acariciado por más de un ladronzuelo de caudales públicos que portan sentencias de los tribunales inferiores).
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
