-Ruidos en el cronograma. Han transcurrido casi dos meses desde que el gobierno anunció el desdoblamiento y adelantamiento de las elecciones generales provinciales para el 18 de marzo de 2007. Consecuentemente con ello se convocó a internas abiertas y simultáneas para el mes de diciembre, las que deberán regularse con un mecanismo que tendrá su debut en la provincia, ya que la norma que lo instaura se ha sancionado hace apenas un año. Sin embargo, y a pesar de que algunas instancias del cronograma se van cumpliendo, como por ejemplo la inscripción de los frentes o coaliciones electorales, algo no huele bien en el camino administrativo que se debe recorrer de acá a marzo del año entrante. En todos los procesos electorales el gran público desconoce el enorme dispositivo administrativo y legal que se debe poner en marcha para garantizar el normal desarrollo del comicio. Esa pesada maquinaria está integrada por numerosos engranajes tanto partidarios como así también de la Justicia Federal con competencia electoral y de los Tribunales provinciales. Son actores con oficio, con criterio político, no son bebés de pecho. Dicho eso, también hay que reconocer lo que ofrecen los antecedentes provinciales; generalmente han actuado con solvencia y han garantizado la transparencia de los procesos electorales sin violar el principio del tratamiento igualitario para las partes en pugna. Las siempre presentes denuncias de fraude no se han sostenido y estas instancias administrativas han sabido -cuando ello ha pasado- ofrecer las pruebas y los espacios de fiscalización y recuentos que terminaron limpiando dudas.
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-Leguleyos. Mientras tanto, la Unión Cívica Radical hace lo único que sabe hacer con cierta corrección: ir a la Justicia y hacer denuncias a través del carismático líder popular Alejandro Carbó. Éste, además de cobrar desde hace años por trabajos no realizados en la Cámara de Senadores, oficia de apoderado del centenario partido. En calidad de tal presentó un amparo contra los decretos de convocatoria a elecciones solicitando la declaración de inconstitucionalidad y el dictado de una medida cautelar de no innovar. En virtud de los plazos que comienzan a devorar el tiempo, el radicalismo reclama una medida cautelar de no innovar “respecto de la actividad de los partidos políticos, hasta tanto se proceda a corregir las normas inconstitucionales citadas que vician el proceso eleccionario, violando los derechos humanos de orden político”. En el plano político, la UCR afirma que el oficialismo “intenta, con fórceps, un año antes, en un año no electoral, apresurar el proceso de gran complejidad, sin duda, alejándose de la ley provincial, su Constitución y la ley nacional y su Constitución, en donde, como surge de esta presentación, se cometen no una sino varias ilegalidades y muchísimas ilegitimidades”. Más adelante sostiene que los plazos establecidos impiden la conformación de alianzas, lo cual no es cierto, ya que de hecho tanto el oficialismo como el solanismo y la Concertación Entrerriana han inscripto alianzas plurales.
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-Motivaciones. Es muy claro que el desdoblamiento electoral estuvo guiado por las intenciones del gobernador en tomar desacomodada a la oposición política y hacer sentir tanto al Presidente Néstor Kirchner como hacia el interior del arco político provincial el peso de su dominio territorial. Queda claro que si en todo caso resiste alguna observación política, el comportamiento queda incluido en la legalidad. Intentando hurgar en las motivaciones profundas de esta fuerte jugada, este cronista creé que el vaivén de su relación ambigua con Kirchner lo llevó a imaginar una oposición política liderada por el intendente Solanas y apoyada por el Presidente de la Nación. Animal de pelea, reaccionó instintivamente: “Voy a dar pelea”. Sin llegar a verbalizarlo, como suelen decir los psicoanalistas, era evidente que el destinatario del mensaje era el propio Kirchner. En esa danza donde Kirchner, Julio Solanas, Daniel Irigoyen y Enrique Tomás Cresto se cruzaban desafiantes en su cabeza fue cuando urdió esta cuestión del desdoblamiento. En el apuro no midió con precisión los tiempos del maniobreo y hoy debe sudar para -a casi dos meses del anuncio- poder definir un cronograma que no sea derrumbado por la Justicia. Sí midió que debía perforar la estrategia presidencial aun a riesgo de enojos y devolución de favores. El hombre evaluó, se jugó, aguantó lo que pareció que eran enojos presidenciales y, despejado el panorama, comienza a pergeñar la estrategia que consolide sus posiciones. Ocurre que de no haber desdoblado, era muy probable que dentro de dos octubres surgieran como hongos otras expresiones por fuera del PJ oficial que llevarán también a Kirchner. En ese esquema el único que sacaba ventajas era Kirchner, y él se exponía a peligros ciertos. Está claro que tanto el Presidente como sus estrategas no le hacen asco a la incorporación de extrapartidarios y barren el país en busca de apoyos a la reelección.
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-Perspectiva. Muy por fuera de los pronósticos oficiales, Julio Solanas ha sabido parar una propuesta electoral con volumen concreto de disputa. Más allá de un agujero negro que tiene en algunos departamentos, principalmente en Concepción del Uruguay y Gualeguaychú, lo que a esta altura es imposible de ignorar es que ha constituido una fuerza que obligará a esfuerzos. El oficialismo no lo ignora y a dos meses de iniciada esa construcción recién cae en la cuenta del costo de haber perdido a algunos hombres que han sabido tejer una urdimbre de relaciones en la política provincial por fuera del bustismo. El principal orfebre de ese entramado es el ex presidente del bloque de senadores, Hugo Oscar Berthet. El radicalismo tampoco es el mismo de hace dos meses. Si en algo les ha servido la apertura de Raúl Alfonsín hacia la proyección del ex ministro Roberto Lavagna como candidato, es el hecho nada menor de cubrir un agujero que nadie atinaba a remediar.
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-Conflictos. “Y el mundo sigue andando”, decía Gardel en un tono que sigue siendo incomparable. Así también los pulsos viscerales de la sociedad aparecen demandando respuestas con indiferencia de las pujas electorales. Los estatales referenciados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se movilizaron con mucha fuerza hacia la casa gris en demanda de mejoras salariales y la sanción del Régimen Jurídico Básico. Luego, en Rosario del Tala, el Congreso de AGMER, a pesar de tensionar el encuadramiento legal del sistema de paritarias, pone en marcha un plan de lucha escalonado, fundado en las mismas razones que movilizan a los trabajadores estatales. En alguna medida estos conflictos insinúan las expectativas de los estatales en recomponer el deterioro del salario en los últimos meses y comenzar a agregar algunos puntos que los separen del límite de pobreza. Se sabe que el salario de los trabajadores es el que más se contrajo en el fenomenal ajuste de los años 90 y también se vio fuertemente afectado por el proceso devaluatorio que siguió al colapso de la convertibilidad. Desde el 2004 comenzó una progresiva recuperación y los sucesivos acuerdos homologados por el Ministerio de Trabajo empujaron hacia arriba los salarios que estaban hundidos en el fondo de la canasta que fija el nivel de pobreza. Las reivindicaciones que se están planteando pretenden avanzar sobre esos límites. La razonabilidad del reclamo es sin dudas contundente. Alcanza con tener en cuenta que los trabajadores industriales que están en blanco y también los de empresas de servicios del mismo carácter, han sobrepasado los niveles salariales de 1998.
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