Ayelén Waigandt

En la nota periodística de ANALISIS del 7 de septiembre pasado, en la que Hugo Arraigada denunciaba el accionar ilegal de empleados y funcionarios de la Dirección de Obras Sanitarias de la Municipalidad de Paraná que utilizando su nombre y matrícula realizaron conexiones de agua y cloacas, decíamos que "la corrupción no puede extenderse sin una mano amiga y poderosa que le facilite las cosas, y sin el silencio cómplice de quienes tienen el deber de controlar que las cosas se hagan correctamente". También decíamos que la denuncia apuntaba no sólo a los empleados que actuaron ilegalmente sino también "a esas manos que desde escalones más altos permiten -por acción u omisión- que estos hechos corruptos se propaguen hasta convertirse en cotidianos". Días después de la publicación, algunas de esas manos se hicieron visibles para intentar "arreglar las cosas".

Luego de la publicación de la denuncia en ANALISIS, Hugo Arraigada recibió el llamado telefónico del secretario general del Sindicato de Obras Sanitarias, Rubén Palacio, que le informó que "el director de Obras Sanitarias, Raúl Guzmán, estaba interesado en reunirse". "Me llamó a mi casa para arreglar", aseguró el denunciante a este semanario, que ratificó todos los términos de sus acusaciones y dijo desconocer por qué el gremialista actuó de "mediador" entre los funcionarios responsables y el denunciante.

Al respecto, comentó: "Me dieron a entender que Obras Sanitarias se va a hacer cargo de esto, de completar las carpetas, aunque creo que las obras no se pueden anular porque el vecino ya pagó por las conexiones y está pagando los impuestos correspondientes".

Consultado sobre su respuesta ante la posibilidad de llegar a dicho "acuerdo", aseguró: "Le pedí a Palacio que intervenga la abogada del sindicato y que se presenten a la Justicia, tanto Guzmán como el resto de las personas involucradas en la denuncia, ya que Guzmán es el director del organismo y debe colaborar con la investigación judicial; en especial instruyendo a (el jefe del Departamento de Conexiones Internas, Orlando) Velicogna para que explique a la Justicia de qué forma entraban las carpetas irregulares".

"Él procedió bien al notificarme de la falta de los planos, pero hubiera hecho mejor si iniciaba una investigación interna al conocer que no eran mías las obras, y aunque sospechaba que era personal del organismo el que actuaba mal, prefirió sacarse el problema de encima y enviármelo a mí para que inicie la investigación", afirmó Arraigada.

Sobre este punto, explicó que el problema sale a la luz porque tiene que ver con una interna gremial, ya que "Velicogna –que es quien habilita, autoriza y manda las inspecciones- estaba en una lista contraria a la de los empleados que actuaban irregularmente, pero ante los reclamos por la falta de los planos evitó hacer la investigación personalmente porque sabía quiénes eran las personas implicadas y me mandó el problema a mí, quedando al descubierto la situación".

Otra de las repercusiones de su denuncia periodística tuvo que ver con su afirmación de que "habría que echar al 50 por ciento de los empleados", lo cual "no cayó bien entre el personal y la dirigencia del sindicato". De todos modos, ratificó sus dichos y agregó que "si el gremio no hace absolutamente nada ante esto, después de esta denuncia, quiere decir que la complicidad es mucho más grande, y es como una cultura en ese organismo". "Incluso, habiendo una interna feroz entre los diferentes gremios y estando separados a muerte, en este caso se juntan para difundir un manto de silencio y encubrir la corrupción", añadió.

Para darle mayor fuerza a sus testimonios, Arraigada cuenta con copia de la pericia caligráfica -a la que accedió ANALISIS- que ordenó el Juzgado y realizó el calígrafo público nacional, especialista en Criminalística e integrante del cuerpo de peritos oficiales del Poder Judicial de Entre Ríos, Carlos Orzuza.

La pericial tiene por finalidad determinar "si las firmas estampadas al pie de las actas de Solicitud de Conexión Externa que obran en el expediente pertenecen a Arraigada Hugo Alberto", de lo cual luego de un exhaustivo análisis se concluyó que "las firmas insertas en las actas de Solicitud de Conexión Externa obrantes en el expediente no pertenecen al patrimonio escritural de Arraigada, Hugo Alberto".

Con esta documentación, realizó una nueva apelación ante el Juzgado de Faltas y el Concejo Deliberante para evitar el cobro de la multa de 160 unidades fijas -que se traducen en pesos- que le aplicó el titular de dicho Juzgado, Reinaldo Barbagelata. El concejal de Paraná, Aldo Bachetti (Concertación Entrerriana), tomó intervención en el tema y al respecto aseguró a este semanario que está analizando, junto a su abogado, si la grave situación denunciada amerita la presentación de un pedido de informes al Departamento Ejecutivo Municipal, debido a las serias falencias puestas al descubierto.

De acuerdo a la información analizada, entre la que se encuentra el informe del perito calígrafo del Superior Tribunal de Justicia, todo hace presumir que corresponde tal presentación, la que ingresaría en la próxima sesión del Concejo Deliberante prevista para el 27 de septiembre. De todos modos, el edil aseguró que "se está manejando el tema con mucho cuidado dado que ya está en manos de la Justicia".

Arraigada contó además que el titular de la repartición trató de explicar la situación "asegurando que esto se llevó adelante porque los empleados de la Dirección tienen la matrícula bloqueada, entonces su propuesta es desbloquearlas y permitir que puedan realizar trabajos en forma particular". "Es increíble ver la forma en que plantea el problema y su posible solución, porque está justificando el hecho de corrupción, cuando en realidad debería plantear sanciones para los empleados que actuaron mal. Piensan sólo en servirse ellos de la estructura del Estado, cuando su función es vigilar y custodiar las obras que se realizan e inspeccionar las conexiones. No pueden ser trabajadores y controladores de su propio trabajo", cuestionó.

Y agregó: "Ni siquiera se puede pensar este beneficio para los empleados que se desempeñan en la parte administrativa de la Dirección, porque tiene que ver con el manejo y el archivo de carpetas, la posibilidad de falsificar carpetas; y todo esto sería en detrimento de los instaladores particulares".

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)