Sandra Miguez

En medio de fuertes críticas hacia los policías de la Dirección de Investigaciones que participaron de una balacera por error contra jóvenes de esta ciudad, la amenaza de muerte hacia el abogado penalista Marciano Martínez que patrocina a las víctimas de dicho episodio, ANALISIS accedió a documentos que confirman lo que algunos miembros de la fuerza vienen denunciando: la falta de profesionalismo y capacitación y los graves incidentes que esto ocasiona, así como presuntos hechos de corrupción y la faltante de elementos básicos para el ejercicio de la función. Desde la reincorporación de algunos funcionarios policiales que estuvieron involucrados y sumariados por irregularidades, hasta la falta de provisión de elementos indispensables para la actividad que desempeñan, todo conlleva a una fuerte crítica que debe ser silenciada por los integrantes de la institución, debido a las reglamentaciones vigentes.

Para los policías de algunas comisarías, no es nueva la situación: los móviles policiales no se encuentran disponibles debido a la inoperabilidad de los vehículos. Así lo grafica una nota enviada al jefe de la Comisaría Tercera, subcomisario Omar Iseli, fechada el 14 de junio del corriente año, en la cual se pone en conocimiento que el móvil de dicha comisaría se encontraba en malas condiciones de funcionamiento.

En la misiva -que a su vez fue elevada al jefe de la División Operaciones y Seguridad, comisario inspector, Darío Rodhiguero- se detallan los desperfectos, señalando que “se encuentra destrozado el tren delantero, el sistema de freno nulo, asientos completamente dañados, no posee luz de freno, no posee luz de guiño y baliza, como así también la luz de stop”.

Pero además agrega que el vehículo “no posee encendido, razón por la cual para que arranque es necesario empujarlo; no funciona el tablero de la temperatura del motor, además no marca el combustible, ni posee tapa el tanque; no posee cinturones de seguridad, matafuegos, ni freno de manos; emana combustión del motor hacia el interior del móvil; las puertas solo pueden abrirse desde adentro, y la puerta trasera derecha solo desde afuera, no posee rueda auxiliar”.

Toda esta enumeración parece propia de un chiste de mal gusto si se tiene en cuenta que el coche debía acudir a calle O’Higgins donde había ocurrido un ilícito.

Los oficiales que enviaron la nota a su superior detallan también que “en dos oportunidades días antes la rueda delantera derecha se desprendió por completo, la palanca de cambio con frecuencia se desengancha por completo y los choferes deben colocarla manualmente, las puertas generalmente no cierran, por lo que hay que circular sosteniéndolas”.

Esta situación se repite con móviles que deben acudir al resguardo del servicio bancario, por lo cual se los debe empujar desde la dependencia hasta las entidades crediticias -en este caso- y camino de vuelta. En otros casos, los policías resuelven acudir a los lugares en donde se los requieren utilizando los vehículos de los damnificados.

Tal vez esta sea una de las explicaciones de por qué los móviles no están en lugares estratégicos posibilitando la investigación de los ilícitos con celeridad, e inclusive, previniendo los mismos.

Las denuncias por el estado de los móviles, o por la falta de municiones, son parte de la realidad cotidiana de la práctica policial, que se ve sometida a presiones sociales y laborales que requieren “efectividad” en la resolución de los conflictos, cuando no cuenta con los medios indispensables para hacer eso posible.

“Hay que sacar positivos” es una frase común en la jerga policíaca que significa que los casos tienen que resolverse rápidamente.

De solicitudes y actuaciones contravencionales

El 3 de agosto, los jueces de instrucción y fiscales, se reunieron con los jefes de las Comisarías, y entre otros puntos se solicitó a la fuerza policial, que se respetaran algunos criterios que permitieran cumplimentar en forma detallada cada uno de los elementos de información en un acta contravencional.

La falta de información minuciosa terminaba siendo un obstáculo importante para la justicia, y por ello el 10 de agosto sale desde la Jefatura Departamental Paraná una circular en la cual se solicita a todos los jefes de comisaría para que arbitren los medios contundentes para informar y notificar a los oficiales instructores de actuaciones contravencionales “que deberán tener en cuenta los siguientes puntos a detallar en virtud de las reiteradas falencias que se han venido detectando”.

Así se destaca que “el parte comunicativo cabeza de autos deberá detallar en forma concreta los hechos cometidos, los datos del imputado, tipificando las faltas cometidas, datos completos de los testigos civiles, efectos secuestrados, y personal policial interviniente”.

Además, se explica que “los efectos secuestrados serán elevados juntamente con el expediente una vez que se haya finiquitado para su correspondiente archivo en sección asuntos judiciales”.

A esta circular general del 10 de agosto se agrega otro oficio, dirigido al jefe de la Departamental Paraná, enviado por las juezas de Familia y Menores Números 1 y 2, Claudia Salomón y María Victoria Solari, en la cual solicitan “con habilitación de día y hora” -lo cual significa que debe ser cumplido estrictamente a partir del momento en que se recibe la notificación- “instruir a los oficiales acerca de los datos que deben recabarse a los denunciantes de Violencia familiar –Ley Número 9.198- en oportunidad de ser recibidas en las distintas dependencias policiales”.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)