Aún sin defensor

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Recurrirían a la Justicia para cubrir la vacante en el órgano de control comunal

Silvio Méndez

A más de un año de quedar vacío el cargo titular de la Defensoría del Pueblo de Paraná, los concejales no han podido escoger uno nuevo y un grupo de candidatos exige una definición. La elección había sido evadida mediante una resolución del propio Concejo Deliberante en mayo último con el argumento de que “no hay criterios de selección”. Tanto desde el justicialismo como de la Concertación Entrerriana abogan por la redacción de otra ordenanza para saldar la controversia en el nuevo proceso, en tanto desde el bloque del Frente Social (UCR) se inclinan por cerrar la discusión con la norma en vigencia. De los postulantes que quieren ya un dictamen se evaluó que la dilación es una “falta de respeto”, se planteó una suerte de ilegalidad de la acefalía y que representa un “costo político” que alguien “va a pagar”. Además, adelantaron la posibilidad de iniciar acciones legales, penales y civiles, contra los ediles.

Lo grotesco del funcionamiento del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Paraná se puede observar en distintas formas de su accionar, pero en ninguna parece tan claro como en el tema de la elección del nuevo titular para la Defensoría del Pueblo. En un capitulo más de este culebrón, para esta semana se esperaba la respuesta de los concejales a una nota que presentaron un grupo de candidatos en la que solicitaron en breve la definición de la cuestión. En caso negativo al pedido, algunos postulantes estarían decididos a presentarse a la Justicia e iniciar acciones penales, así como solicitar un resarcimiento económico por el inconcluso y prolongado proceso que lleva más de un año.

Como se recordará, esto comenzó en junio de 2005, cuando el organismo quedó sin su titular, Jorge Kerz, que abandonó el cargo para desempeñarse en Ejecución y Control de las Políticas Sociales de la provincia. En este fugaz paso, el polifuncionario intentó apagar el incendio desatado por el caso de la quema de alimentos en el área social, para luego recaer en la presidencia del Consejo General de Educación (CGE). A partir de esta acefalía, inmediatamente se abrió un registro de aspirantes, que cerró con 28 anotados.

En agosto del año pasado concluyó la etapa de impugnaciones y a mediados de ese mes se comenzó con el examen de candidatos que continuó con entrevistas a cada uno de ellos. Este período se prolongó hasta principios de 2006, no sin algunas advertencias de los postulados, que calificaron como poco seria esta fase. Entre algunas de las objeciones se indicó que en las distintas audiencias no participaron los mismos concejales y fueron realizadas indistintamente por los miembros del HCD.

En las mismas, algunos de los ediles se ausentaban, no prestaban atención e, incluso, en una ocasión, uno se puso a juguetear con su teléfono celular, sacándole fotos a sus pares en medio de una alocución. En fin, tras este ciclo de conversaciones, sólo quedaba que el Concejo eligiera el sucesor para completar el mandato hasta el 2008. Pero he aquí que, en los tibios intentos por acercar posiciones entre los distintos bloques de concejales, nunca pudieron reunir los 10 votos necesarios (dos tercios) para escoger un nombre, tal como lo manda la ordenanza que crea la Defensoría. La decisión se prolongó y se prolongó, con anuncios y con sesiones frustradas, y se comenzó a barajar la posibilidad de reformar la ordenanza para destrabar la cuestión.

Ante la dilación sobre una determinación, en el camino quedaron cuatro de los postulantes a defensor que renunciaron, y se llegó a una deliberación especial el 24 de mayo pasado, cuando 13 de los 14 concejales votaron una cosa que no se sabe bien qué es, un acta acuerdo o resolución, en que se pretendió cerrar la disputa y la polémica en torno a su indefinición. En ese documento se estableció que en la normativa “no hay criterios de selección preestablecidos al concurso” (sic), por lo que “corresponde desestimar cualquier compulsa bajo tales condiciones hasta que se cuente con la norma que reglamente los criterios de selección del ganador del concurso y las facultades del tribunal examinador”.

Cuando todo parecía haber pasado, 12 de los postulantes se reunieron la semana pasada con los presidentes de bloque del HCD y los intimaron a que resuelvan el asunto. En un laberinto político, jurídico y de vaguedades, la solución parece lejana, aunque ya se ensayan algunas ideas.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)

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