Daniel Tirso Fiorotto
(especial para ANALISIS)
Veinte especialistas de la Universidad Nacional del Litoral auscultaron y revelaron, a pedido de la Oficina Anticorrupción de la Nación, numerosas grietas por donde puede colarse la corrupción en el Estado provincial. Señalaron que las normas no ayudan en la prevención, que la Oficina Anticorrupción local carece de autonomía elemental, su jefe no tiene siquiera estabilidad y no cumple prácticamente ninguno de los enunciados de esa Oficina. Los expertos apuntaron que la selección de empleados públicos roza lo “clientelar” y que las declaraciones juradas de los poderosos están prácticamente escondidas, en un sistema inútil. Advirtieron que el gobierno no publica algunos decretos, que esquiva demasiadas licitaciones, y que los sistemas de compras son permeables a las irregularidades... Más de 700 páginas de una radiografía técnica que sorprende.
“La normativa provincial en materia de transparencia y ética pública resulta insuficiente y se encuentra desactualizada para prevenir y controlar actos de corrupción”, dice el diagnóstico de los facultativos.
Y así apunta que algunos decretos del Ejecutivo no se publican, o que a pesar de las ventajas que acreditan la información precisa y las licitaciones, el gobierno entrerriano no informa, y busca excusas para no licitar. Pero la lectura de todo el extenso e intenso diagnóstico deja una idea de precariedad propia de primerizos, en la organización de un estado conducido por gobernantes con más de 23 años en el poder...
Palabas más o menos, el diagnóstico de los especialistas abrió enormes interrogantes sobre el funcionamiento del estado provincial: la variedad de ranuras por donde se pueden caer monedas, o en el mejor de los casos la ausencia de planificación, que facilita la realización de malos negocios.
Lapidario
Los capítulos referidos a la Oficina Anticorrupción resultan particularmente lapidarios. En los últimos días, luego de que el informe llegara a manos de la Fiscal de Estado Claudia Mizawak pero estuviera vedado al público durante semanas, la Oficina divulgó la apertura de un “procedimiento participativo para la elaboración del proyecto de Ley de Ética Pública”, que incluirá reformas también en materia de declaraciones juradas porque éstas fueron señaladas por los expertos como inútiles (del modo en que están implementadas en en esta provincia), para prevenir la corrupción.
Todo lleva a pensar que el gobierno provincial decidió cajonear el informe sin plazo, para darse tiempo de elaborar alguna estrategia que mitigara en algo el impacto del diagnóstico sobre diversas áreas, y en especial la Oficina Anticorrupción, cuyo rendimiento, a tenor de lo expuesto por los facultativos de la UNL, dan para un aplazo.
El informe pone al gobierno en una encrucijada porque no apunta sólo a procedimientos y normas y falta de entusiasmo, sino a la constitución misma de la Oficina y vincula su ineficiencia con un problema de índole genético, como que poco puede hacer allí, donde fue confinada, en dependencia absoluta del gobernador.
Una lectura detenida del informe sobre diversas áreas explica algún nerviosismo del gobierno, frente a aseveraciones como ésta: “Existen falencias en todas las funciones básicas de adquisición y administración de medicamentos y otros insumos (médicos hospitalarios)”.
O ésta: “Aquello que la doctrina, la legislación y la jurisprudencia han consagrado como los principios que hacen a la esencia y existencia de la licitación, que son: libre concurrencia, igualdad entre los oferentes, publicidad y transparencia, no resulta fácil identificarlos en los concretos procesos de contratación de obras públicas de esta Provincia”.
Anticorrupción en veremos
Excesiva dependencia, subjetividad, limitaciones en su jurisdicción, inestabilidad, poco trabajo, ausencia de objetivos claros, son algunos de los defectos marcados a la Oficina Anticorrupción provincia.
Los profesionales recuerdan que el gobierno de la Provincia firmó un Acuerdo Marco de Cooperación con la Oficina Anticorrupción de la Nación, el 21 de octubre de 2004. “A partir de allí comienza a elaborar distintas normas o a adecuar las ya existentes, en vistas al desarrollo e implementación de políticas de transparencia y anticorrupción. No obstante dicha tarea no se ha completado, existiendo algunas ‘lagunas’ normativas permeables a la corrupción y de escasa o nula transparencia”, afirma el informe.
“La dependencia jerárquica y funcional de la Oficina Anticorrupción y Ética Pública provincial, de la Fiscalía de Estado, perteneciente al Poder Ejecutivo, limita su capacidad de prevenir e investigar presuntos actos de corrupción en el que estén involucrados actores de ese poder”, sostiene el informe.
Nada dice respecto de que la titular de hecho de la Oficina es la Fiscal de Estado, Claudia Mizawak, que al ser elegida por el gobernador era abogada patrocinante personal de uno de los principales denunciados por la desaparecida FIA por hechos de presunta corrupción: el propio gobernador Jorge Busti. Pero los expertos lo señalan de varios modos: “La oficina Anticorrupción provincial carece de autonomía suficiente para decidir tanto sobre las causas a investigar y, especialmente, sobre los hechos o actos a denunciar ante la Justicia, puesto que esa decisión está en manos de la Fiscalía de Estado”.
“La norma que reglamenta las capacidades de la oficina Anticorrupción introduce, en algunos casos, aspectos en la selección de los actos a ser investigados que de alguna manera, se tornan subjetivos. Así, la expresión ‘significación institucional, económica y social’ en manos del Fiscal de Estado, para indicar a la Oficina los temas a investigar, se torna de alto margen interpretativo”.
“La carencia de facultades por parte de la Oficina para intervenir en cuestiones municipales, limita la implementación de acciones tanto para el control como para la prevención de hechos o actos de corrupción en este nivel de gobierno. En más de una tercera parte de las denuncias penales en trámite que iniciara la ex FIA, la Oficina no pudo tomar intervención por tratarse de materia municipal”.
“No han sido cubiertos los cargos de conducción de la Oficina en forma definitiva, a través de un Decreto del Poder Ejecutivo. En este orden podemos también mencionar que si bien la norma prevé la cobertura de la conducción de la Oficina en cargo político, el mismo no goza de la garantía de inamovilidad mientras dure el buen comportamiento, como es el caso del Fiscal de Estado”.
Y sigue: “en materia de políticas de transparencia y de prevención de conductas de corrupción, las acciones encaradas desde la Oficina han sido escasas”.
Después recuerda que a pesar de haber sido creada al inicio de la actual gestión tras la disolución de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas –FIA-, y que entre sus funciones está la de funcionar bajo un “Código de Ética”, ese Código aún no fue sancionado (ya pasaron dos tercios de la gestión). Y luego: “no se ha dictado el acto administrativo que designe Director de la Oficina, por lo que la conducción del organismo, a cargo del Dr. Luis Pedemonte, es a título de Responsable Interino... El Área no se encuentra organizada según programas de trabajo conforme los distintos focos posibles de corrupción. No se ha encontrado algún respaldo formal que indique plazos para su conformación y las modalidades de implementación”.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
