Luis María Serroels
Este mes de junio no sólo nos marca la llegada del invierno, con todo lo que supone el imperio de las bajas temperaturas -a veces no tanto por los desatinos del hombre que provocan una constante degradación del clima-, sino que en la historia política nacional nos ha dejado tres fechas que hoy deseamos evocar (una de ellas cumplida la semana pasada pero que decidimos trasladar a la que está transcurriendo para integrarla con otros dos hechos dignos de recordar).
En 1955, militares argentinos, utilizando medios y elementos que el Estado (léase el mismo pueblo que paga impuestos) les proveyó para armarse en defensa de la nación, sembraron de cadáveres la Plaza de Mayo de Buenos Aires y sus adyacencias. Eran las 12.20 del día 16 cuando rasantes aviones de guerra dejaron caer su oprobiosa ofrenda explosiva y provocaron que numerosos edificios estallaran y centenares de cuerpos humanos se desparramaran mutilados por calles y veredas, en una expresión dantesca del odio y la sinrazón. Fueron peatones, ocupantes de automóviles y pasajeros de colectivos (muchos con delantales escolares) los inocentes que pagaron con sus vidas la irracionalidad de quienes decían vestir con honor los uniformes de los que forjaron nuestra patria a sangre y fuego, aunque por cierto librando batallas impulsados por causas muy superiores.
Los asesinos se proponían matar al presidente Juan Domingo Perón y pensaron que inmolar a tantos hombres, mujeres y niños no era un precio demasiado alto si con ello se lograba terminar con el fundador del justicialismo.
Las cifras de muertos variaron según las fuentes, aunque existen datos documentados que consignan 1.700, amén de los cuantiosos heridos y los graves daños materiales. Los ejecutores de semejante matanza, cobardes ellos, huyeron al Uruguay, como también lo hicieron algunos políticos que habían alentado semejante crimen de lesa humanidad y que trataron de salvar de la quemazón su inocultable cola de paja. Hubo conocidas figuras de los partidos opositores que luego se disfrazaron de demócratas y hasta fueron funcionales a los golpistas integrando juntas consultivas que subrogaron al Congreso Nacional.
Uno de los partícipes de la asonada -entre los cuales estaban los mismos a quienes el caudillo les había confiado nada menos que la conducción del arma naval- no resistió la derrota y la vergüenza, y optó por suicidarse durante su detención. Los otros se encontraron con la indulgencia del poder que se negó a fusilarlos para no derramar más sangre de hermanos y aguardaron con paciencia lo que, sabían, constituía una especie de Plan B, es decir, el golpe que tres meses después terminaría derrocando al gobierno peronista, con toda su secuela de revanchismo, persecuciones, encarcelamientos, pérdida de empleo sin causa y cercenamiento de los derechos y libertades que decían venir a restaurar. Es bueno refrescar estas historias para que los jóvenes de hoy conozcan que el desprecio por la vida y el atropello hacia las instituciones de la Constitución arrancan mucho antes de la llegada de los genocidas del 76. Y que muchos personajes, con o sin uniforme, han sido repetidos protagonistas de estas violaciones.
También en junio, el lunes 26, se cumplieron 30 años de la muerte de Raúl Lucio Uranga. Político fogueado en duras lides militantes, desde su vida estudiantil, llegó a ser gobernador en 1958, el mismo día en que Arturo Frondizi accedió a la Presidencia de la Nación (ambos en nombre de la Unión Cívica Radical Intransigente). Se preocupó por el progreso global de la provincia, abarcando el desarrollo vial (“sacaremos a Entre Ríos del barro”, decía), educativo, habitacional, industrial y agropecuario, a cada uno de los cuales le añadía la frase “Para un millón de entrerrianos”, cifra que recién se alcanzaría en el censo de 1991. Apoyó la industria frigorífica, creó la Corporación Entrerriana del Azúcar y la Corporación Entrerriana del Citrus, reafirmó el dominio sobre nuestra isla Las Lechiguanas, inició la construcción de importantes edificios como el Instituto del Seguro, el Museo Martiniano Leguizamón, el Palacio de Justicia y Caja de Asistencia Social (Lotería de Entre Ríos), convocando para el anteproyecto del futuro Palacio de la Educación y haciendo erigir oficinas públicas. En el ámbito de la sanidad, se recuerda la construcción del Hospital Neurosiquiátrico Antonio L. Roballos, concebido como modelo terapéutico piloto. Y su empresa más recordada: el Túnel Subfluvial, monumental obra cuyo proyecto e iniciación concretó junto a su par santafesino Carlos Silvestre Begnis, tras la lúcida salida jurídica pergeñada por el doctor Jorge Ferreira Bertozzi. Otros gobernantes tomarían la posta para arribar a la inolvidable jornada del 13 de diciembre de 1969.
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