Sandra Miguez
El informe de auditores internos impuestos por el ministro de Salud y Acción Social de la provincia al Programa Federal de Salud (Profe) habría detectado una deuda de más de 2,5 millones de pesos en servicios prestacionales, sobreprecios y serias desprolijidades administrativas que dan cuenta de compras directas, falta de cotejo de precios de medicamentos y las respectivas licitaciones, la adulteración de firmas e inclusive el “destroquelado de expedientes”, una modalidad que implica quitar los comprobantes de medicamentos en el trámite administrativo. Las sospechas sobre estas irregularidades derivaron en la separación del cargo de la coordinadora técnica administrativa, Alba Balocco, que se desempeñaba en dicha función desde 1998 y había sobrevivido a los recambios políticos. Desde la otra vereda, Balocco denuncia la forma intempestiva en la que fue separada de su cargo y afirma que el accionar de las autoridades de Salud provincial está viciado de nulidad absoluta, al tiempo que se considera un chivo expiatorio de un área ambicionada por unos y desdeñada por otros. Quien era responsable del Profe amenaza desafiante y en caso de ser convocada a declarar ante un sumario administrativo en ejecución sostiene que “hay muchos que van a caer, porque hay mucha gente involucrada”. La polémica se suscita en la delegación provincial del Profe, que recibe aproximadamente 6 millones de pesos al año por cápita y ampliación de partidas por compras especiales para la cobertura de personas con enfermedades crónicas sin obras sociales que acuden a los hospitales públicos y centros de salud de la provincia.
En las esferas oficiales se deja en claro que desde que Gustavo Bordet asumió al frente del Ministerio de Salud y Acción Social de la provincia, hace un año, no ha dejado de recibir quejas.
“Desde distintas localidades y diferentes beneficiarios apuntaban a señalar reclamos ante el desarrollo del Profe (Programa Federal de Salud), argumentando que no prosperaban sus pedidos, que no recibían la atención que tenían que recibir; después comenzaron a llegar cartas documento a la asesoría legal por parte de los prestadores respecto de la falta de pagos o el retraso en el cobro de las prestaciones”, señaló el ministro, que decidió investigar sobre lo actuado en el Programa Federal de Salud que se implementa en la provincia como ejecución de la política nacional, con representación y dependencia de los ministerios provinciales, dando lugar a una auditoría interna con carácter de intervención.
“Acá no hay faltantes, ni hay desfalco”, aclaró inmediatamente el Bordet ante la consulta de ANALISIS, porque juzga que la cifra de la que se habla a soto voce es grosera.
Las versiones que circularon las últimas semanas indicaban un desfalco que oscilaba entre 2 y 4 millones de pesos, y si bien el ministro entendió que esa cifra supera largamente el presupuesto que en forma anual se le asigna al programa -aproximadamente unos 4 millones de pesos, que son ampliados por partidas extra-cápita a 2 millones más- una alta fuente confió a este semanario que habría una sobreprestación del orden de los 2,5 millones de pesos, aunque la decisión de las autoridades nacionales sería cubrir ese monto para ser abonado a los prestadores, obviamente luego de certificar dichas coberturas.
El desfase habría surgido por una serie de irregularidades que tienen que ver con compras directas sin los cotejos correspondientes, pero también por continuar contratando prestaciones una vez que se había agotado el presupuesto, lo cual pone en evidencia dos hipótesis: que los controles no se realizaron, o que se hicieron revisiones pero no con la meticulosidad necesaria, ni la profundidad que el caso requería; de otro modo no se entiende cómo se dejó acumular esta cifra de dinero, más allá de que los auditores se hayan comprometidos a pagarla.
Para entender este punto, el ministro Bordet se basa en el informe por parte de la intervención y señala que “las conclusiones que se desprenden son: primero que ha habido gente que no prestó colaboración ante la intervención y automáticamente decidimos separarlos de sus cargos; segundo, que no consta que falte dinero, sino que lo que ha sucedido es que se han realizado mal las imputaciones de pagos, que no ha habido controles internos, como resultado de las deficiencias de funcionamiento del sistema, y se ha generado una deuda importante con prestadores”.
En Entre Ríos, el programa -que asiste aproximadamente a 14.000 beneficiarios- estaba cargo desde 1998 de Alba Luisa Balocco, coordinadora técnica administrativa, hasta el 16 de mayo de este año, fecha en la que se dispuso una intervención intempestiva para intentar analizar lo que sucedía en el área, y se la separó del cargo.
Al momento de comunicarle a Balocco la resolución adoptada y señalarle que por lo tanto debía volver a desempeñarse como empleada de categoría 10 en el Centro de Salud Santa Lucía, una comisión especial tomaba intervención para conocer el estado de situación tanto de beneficiarios como de prestadores inscriptos en dicho programa.
Balocco recibió la noticia directamente por parte del secretario de Salud, José María Legascue, que le recomendó que el tema no trascendiera públicamente. Al día siguiente, a través de una carta documento enviada a su domicilio, se la notificó de la regularización de su cargo de planta permanente, categoría 10, y se le comunicó que se debía reintegrar a prestar servicios en el Centro de Salud Santa Lucía, de la ciudad de Paraná, lugar donde hasta ahora nunca había trabajado.
En el expediente Nº 687.141 MSyAS queda formalizado el reclamo que Alba Balocco realiza por la forma en que se produjo la intervención “ya que fue intempestiva”, según señala en la nota enviada al ministro de Salud y Acción Social como máximo responsable del convenio suscrito entre este organismo y el Ministerio Nacional, al tiempo que reclama por “la demora que produce esta situación en el cumplimiento de lo pactado por convenio por usted con la Nación”. Y señala: “Quiero deslindar toda la responsabilidad de lo que acontezca de ahora en más dejando bajo exclusiva responsabilidad del secretario de Salud y ese Ministerio el cumplimiento de lo pactado con la Nación”.
Pero además de las protestas formales por la forma en que se dio intervención en su despacho, computadoras y archivos del programa a su cargo -a la que califica de “manu militari”- en una nota datada el 9 de junio vuelve a reclamar y a pedir información respecto de si es cierto que se determinó una auditoría interna en el Profe; mediante qué norma administrativa se ordenó y con qué alcance y el resultado alcanzado.
Asimismo, en su misiva Balocco esgrime que “la modalidad utilizada me ha afectado intelectual, física y emocionalmente, agraviando mi buen nombre y honor”, para luego plantear que es un agravante el hecho de que “por sugerencia de Reinaldo Márquez, numerosos prestadores del Profe llaman con insistencia a mis teléfonos particulares aduciendo que soy ‘la responsable’ del no pago de sus acreencias, circunstancia que resulta a todas luces inaceptable y que no tiene otro objeto más que enlodar mi nombre y provocarme situaciones angustiosas y emocionalmente extremas ya que al frente del área Administrativa Contable, la superioridad ha dispuesto una persona (contador) responsable y que al día de la fecha permanece en el lugar desempeñando tareas, como así también los superiores directos del contador que supervisan su labor (Dirección de Administración, delegado contable, etcétera) y el resto del personal que se desempeñaba con mi gestión, situación que me resulta muy sugestiva”.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
