Hugo Remedi

Evidentemente, Jorge Busti no quiere comerse el garrón que significaría una nueva intervención al IOSPER antes de que deje el puesto de gobernador y, entre gallos y medianoche, parió una ley a todas luces intervencionista que de algún modo intenta atenuar la interna gremial que asola a la obra social. El protagonismo casi absoluto que el proyecto aprobado en términos de ocho días observa en cuanto a la injerencia del Estado en la conducción del organismo, deja en clara evidencia que no está dispuesto a pagar más costos por la patología que aqueja al IOSPER. Los siete directores recién asumidos no se llevan bien. La asunción de Silvio Moreyra como presidente del directorio se tejió en un marco de escándalo, apagado por “sugerentes órdenes superiores”, pases inesperados, amenazas de renuncias y medidas inoportunas sobre personal de carrera que tuvieron que terminar deshechadas. El interventor saliente, Ricardo Rizzo, aseguró que dejó la obra social en perfecto orden, pero Moreyra contestó que la encontró en un estado alarmante y con deudas superiores a los 4,5 millones de pesos. Teodoro Demczuk fue más allá y dijo que la realidad supera lo imaginado. A la luz de la nueva ley amanece una comisión fiscalizadora superpoderosa y la figura naciente de las temibles gerenciadoras.

Si se cumple con aquello que pronostica que lo que comienza mal termina peor, los afiliados al Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) tendrán mucho de que preocuparse de cara al futuro.

En pocos días, alrededor de la obra social más importante de la provincia se han producido una serie de hechos concatenados entre sí que ponen en evidencia una serie de circunstancias que en su conjunto hacen difícil presagiar un mañana de esplendor. Primero, en medio de un escándalo interno entre los siete directores votados el pasado 9 de mayo, se termina eligiendo un presidente con una maquillada “unanimidad” en realidad, obediente al mandato superior. Segundo, apenas asumido el nuevo directorio la presidencia toma la decisión de desplazar a una veintena de jefes que termina generando una batahola interna la que se apaga en una primera instancia volviendo atrás con la medida.

Luego, el gobierno con los tapones de punta se sumerge en la obra social con una ley aprobada con una celeridad inusitada la que se transforma en una manifiesta intervención en las futuras decisiones de la conducción elegida por el voto de sus afiliados. Producto de esto último, varios directores amenazan con renunciar pero luego desisten; y por último, aún es visible cómo se mantienen las diferencias entre los siete directores que integran el directorio del IOSPER.

En realidad, todo lo que está pasando hoy en la obra social tiene que ver en gran medida con la interna gremial. Muchos aducen que el gobernador Busti está pagando con creces aquella decisión tomada en su oportunidad de entregar la conducción del IOSPER a los gremios. Creó el monstruo y hoy es difícil controlarlo. Silvio Moreyra, actual presidente del organismo, lo definió exactamente así cuando en el programa televisivo A mi manera dijo “quiero que me dejen gobernar, las cuestiones gremiales se tienen que discutir de calle Andrés Pazos para afuera”. Fue claro y en verdad todo tiene que ver con todo.

Un poco de historia

Luego de varias postergaciones, y con el IOSPER intervenido, el gobierno resuelve llamar a elecciones, las cuales se concretan el 9 de mayo pasado: el ex secretario de Salud, Ariel de la Rosa, de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) es elegido por los activos; Hugo Muñoz por los trabajadores del IOSPER; Rubén Zaragoza por los pasivos; Ramón Teodoro Demczuk por los docentes; Luis Viggiani por los policías; Silvio Moreyra por judiciales y personal legislativo; y Hugo Vázquez por los trabajadores municipales.

La temperatura ambiental del acto eleccionario siempre tuvo al mercurio al rojo vivo. Jamás fue prolijo en su desarrollo rumbo a las urnas y mucho menos después de conocido el resultado. Hubo denuncias, contradenuncias, acusaciones, y visitas a la justicia que aún hoy perduran. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), por ejemplo, insiste en denunciar que hubo fraude.

Tal vez, la victoria de De la Rosa en el agrupamiento de los activos emergió como sorpresiva y desequilibró el escenario previsto por unos y otros. No obstante, quedaba una carta por jugar que era la presidencia del organismo. Y desde allí comenzó a desandarse la otra parte de la historia.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)