Las mismas mañas

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Como Rossi, el intendente de Villa Mantero Eduardo Bonnín está condenado y debe devolver 150.000 pesos a la provincia

Juan Cruz Varela

El 23 de noviembre de 1995, el Instituto de Promoción Cooperativa de la provincia otorgó un préstamo de 30.000 pesos/dólares a la Cooperativa Frutihortícola, Granjera, Pesquera, de Comercialización, Consumo, Industrialización y Provisión “La Entrerriana” Limitada, de Villa Mantero, cuyo síndico era el actual intendente de dicha localidad y presidente de la Liga de Intendentes Justicialistas, Eduardo Bonnín. La cooperativa nunca devolvió el dinero y 10 años después fue condenada en la Justicia a pagar una suma superior a los 150.000 pesos a raíz de los intereses generados por el crédito. A días de la condena a Domingo Daniel Rossi, ANALISIS reconstruye otro desvío de dinero público que involucra a un dirigente del justicialismo que hace algunas semanas no dudó en defender a capa y espada al ex vicegobernador bustista, tal vez presagiando que podría seguir el mismo camino de la condena y la destitución del cargo.

Villa Mantero es una pequeña localidad del departamento Uruguay, que integra el denominado corredor turístico de la ruta provincial 39. Está ubicada a unos 215 kilómetros de Paraná, a 350 de la Capital Federal y a 80 de la frontera con la República Oriental del Uruguay a través del puente Colón-Paysandú. Zona de productores -especialmente arroceros-, el pueblo debe su nombre al caudillo jordanista Juan Mantero, que fuera uno de los principales opositores al traslado de los trastos administrativos y su relleno de poder para los pagos paranaenses. De hecho, su renuncia a uno de los ministerios fue una de las demostraciones más claras del resentimiento de los lugareños por la mudanza. Estas circunstancias lo condujeron a un exilio en el Uruguay, de donde era oriundo su yerno, un tal Seró, que parceló las tierras que dieron origen al pueblo en 1893. Pero en homenaje a su suegro lo llamó Villa Mantero. El tren y los inmigrantes se encargaron de escribir el resto de la historia, según cuenta la licenciada Fernanda Stang.

Allí, 10 años atrás comenzaba una historia en la que vuelve a ponerse de manifiesto el desmanejo total y absoluto de los dineros públicos por parte de una institución que bajo un pretendido proyecto productivo gestionó e hizo desparecer miles de pesos sin que nadie quiera asumir responsabilidades por ello.

El 23 de noviembre de 1995, mediante el Decreto Número 5.017, firmado por el gobernador Mario Moine y el ministro de Economía Maximiano Blas Asensio, se otorgó un préstamo de 30.000 pesos a la Cooperativa Frutihortícola, Granjera, Pesquera, de Comercialización, Consumo, Industrialización y Provisión “La Entrerriana” Limitada para la instalación de invernaderos, sistemas de riego y compra de insumos. Para conseguir el crédito la entidad había presentado un proyecto ante el Instituto de Promoción Cooperativa de la provincia, el cual fue aprobado con algunas cláusulas y condiciones para la cooperativa, aunque con pocas precisiones sobre la iniciativa a encarar.

El convenio fue firmado por la titular del organismo provincial, Silvia Fernández; el presidente de la cooperativa, José Luis Cabandié; y el síndico, Eduardo Bonnín. Allí se establecía que el dinero sería entregado a través de un cheque a depositar en una cuenta en plazo fijo a nombre de la cooperativa que debía mantenerse mientras se encuentre pendiente la inversión y que sólo podía tener movimientos cuando debieran efectuarse pagos relacionados con el objeto del apoyo financiero. El dinero, más los intereses fijados, debía ser reintegrado en 36 cuotas mensuales consecutivas, aunque se establecía un período de gracia de un año.

Respecto de este punto, se aclaraba en el convenio del préstamo que si la cooperativa incumplía cualquiera de sus obligaciones “así como la comprobación de la falsedad y/u ocultamiento de la información proporcionada, daba lugar a la revocación del préstamo, sin perjuicio de las demás medidas y sanciones que le pudieran corresponder, caducando los plazos del reembolso”, obligando a la cooperativa a reintegrar la totalidad del dinero en 30 días. Inclusive, se establecía que los integrantes del Consejo de Administración de la cooperativa y la Sindicatura “serán personal y solidariamente responsables del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio”.

Finalmente, lo que sucedió fue que la entidad incumplió con el convenio firmado, es decir, recibió el dinero pero no lo devolvió.

Efectivamente, el importe fue percibido por Eduardo Francisco Bonnín, que había sido autorizado por la cooperativa, a través del cheque número 85738062 y depositado en la cuenta 00090071/1 del Banco de Entre Ríos Sociedad Anónima. El período de gracia del crédito venció el 28 de noviembre de 1996, por lo que el pago de la primera cuota del préstamo debía efectivizarse entre el 1° y el 10 de diciembre de aquel año. Sin embargo, ello no sucedió a pesar de las intimaciones que se realizaron a la cooperativa. Los reclamos exigiendo la cancelación del crédito se reiteraron el 16 de diciembre de 1997 a través de una nota emitida en ese entonces por el Instituto de Promoción de Cooperativas y Mutualidades de Entre Ríos, pero la entidad de Villa Mantero manifestó en diversas oportunidades “la imposibilidad de cumplir regularmente y la necesidad de acceder a una financiación de la deuda”.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)

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