Los niños, segundo

El municipio de Santa Elena dispone de un total de 21 colectivos, de los cuales dos se utilizan, de lunes a viernes, para el transporte de aquellos alumnos que estudian en el Instituto de Formación Docente Continua Número 715, un establecimiento terciario de la cabecera del departamento La Paz. Hasta allí se trasladan diariamente los jóvenes, en su mayoría humildes y de escasos recursos, pero con ansias de estudiar y progresar. Sin embargo, el lunes 29 de mayo tuvieron un descanso forzoso en sus actividades. Es que ese día comenzó el juicio oral y público contra el intendente Domingo Daniel Rossi, que dispuso de la totalidad de los micros para el traslado de unas 600 personas que “espontáneamente” decidieron viajar a Paraná para dar su apoyo al jefe comunal. En realidad, esos “ciudadanos comunes” de los que hablaba Rossi, eran en su mayoría funcionarios, concejales, punteros o militantes políticos rentados o con bonos municipales a los que no les quedó otra que viajar a la capital provincial.

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La plaza del medio palo

La Municipalidad de San José de Feliciano viene intentando desde hace un tiempo largo remodelar la Plaza Independencia, para lo cual elaboró un ambicioso proyecto y se lanzó a la búsqueda de quien pudiera financiarlo, de acuerdo con los plazos fijados de 90 días. Es que el presupuesto total ascendía a la escalofriante cifra de 537.198,49 pesos. Por suerte para la comuna, “la obra a ejecutarse se encuentra dentro de las disposiciones establecidas por la ley de creación de la CAFESG (Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande)”, de acuerdo consignado en el Decreto Número 7.691, que ratifica la Resolución 703/05 del organismo que preside el actual ministro de Gobierno, Justicia y Educación, Sergio Urribarri, por lo que se dispuso de un anticipo financiero de 161.159,54 pesos, equivalente al 30 por ciento del contrato para dar comienzo a la obra.

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Un accidente con suerte

El hecho pasó inadvertido para la prensa, pero generó algunos dolores de cabeza para el subsecretario de Industria, Comercio, Pymes y Relaciones Económicas Internacionales, José Alberto Gómez, aunque no lo involucró directamente. Resulta que el sábado, alrededor de las 15.20, el Destacamento Espinillo de la Policía de Entre Ríos recibió un alerta por un accidente de tránsito que involucraba a un automóvil Volkswagen Polo en el que viajaban tres personas: Horacio Hoffman, de 53 años, que sufrió politraumatismos varios; Rubén Mendoza, de 49 años, que presentaba traumatismo de cráneo, cervical y tobillos; y Carlos Mollevi, de 58 años, que sufrió traumatismo de cervical, tórax y columna.

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Funcionario sin suerte

El abogado Mauricio Marcelo Mayer fue contratado el 9 de noviembre de 2005 a través del Decreto Número 7.764 por la Fiscalía de Estado para desempeñarse en el ámbito de la Oficina Anticorrupción y Ética Pública. El letrado hizo su aparición pública como querellante en el juicio oral y público que se sigue al intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi (PJ), por enriquecimiento ilícito y aunque su papel ha sido cuestionado por los seguidores del proceso por la pasiva actitud manifestada el joven letrado parece no amilanarse y mantiene estoico su postura mientras se prepara para la etapa final del proceso. De hecho, Mayer tampoco decayó en su ánimo cuando su nombre fue dejado de lado en una serie de presentaciones y concursos de antecedente y oposición ante el Consejo de la Magistratura provincial.

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Marcos Rodríguez en la mira

El capitán retirado Marcos Francisco Rodríguez vive en Paraná y es el padre del abogado Marcos Rodríguez Allende, asesor del Estado provincial. Sin embargo, el militar retirado está acusado de graves violaciones a los derechos humanos en Formosa, cuando se desempeñaba como jefe de la Sección Intendencia del Regimiento 29 de Infantería de Monte del Ejército Argentino, y donde a pesar de las importantes pruebas obrantes en su contra recibió la falta de mérito en una causa vinculada con el terrorismo de Estado durante la última dictadura militar. Entre otras causas, Rodríguez está acusado por la desaparición de un abogado paraguayo que se había exiliado en Formosa; aparece involucrado en otra causa en la que se investiga el secuestro y desaparición del comisario formoseño Ramón Luciano Mochi Díaz, ocurrida el 7 de septiembre de 1976; y se lo vincula en el crimen de dos jóvenes, antes del golpe de Estado. Sin embargo, la causa no prospera en la Justicia y un grupo de organismos defensores de los derechos humanos recusaron al juez federal Marcos Bruno Quinteros y a los integrantes del Tribunal Oral Federal de Formosa en pleno: Rubén Quiñones, Alfredo García Wenk y a la subrogante Ana María Puyo, con durísimos cuestionamientos.

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