Obediencia debida
La sesión de la Cámara de Diputados de la Nación en la que se impidió el ingreso de Luis Patti dejó algunas cuestiones llamativas. Tras un debate de más de ocho horas de acalorado debate, el cuerpo determinó que el ex subcomisario de la Policía Bonaerense era inhábil moralmente para integrar el cuerpo, aunque el resultado final era incierto por la actitud que había anunciado que tomaría un sector de la bancada de la Unión Cívica Radical. Los nueve diputados entrerrianos estaban presentes en la sesión. Y sus votos fueron casi previsibles, por distintos motivos: en contra de la disciplina partidaria, Sergio Varisco, cumplió con lo que había prometido, impidiendo el ingreso de Patti a la Cámara Baja, al igual que los cinco legisladores del denominado Frente para la Victoria oficialista -incluido Raúl Solanas, quien sentado al lado de Miguel Bonasso, fue uno de los más efusivos a la hora de aplaudir el discurso del periodista y legislador, olvidando tal vez la polémica que desató al cuestionar al concejal Aldo Bachetti- y la Concertación Entrerriana.
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Precios dispares
Periódicamente el gobierno entrerriano emite decretos otorgando distinto tipo de subsidios a municipios, entidades sociales y ciudadanos de toda la provincia. Pero llamó la atención que con fecha 14 de octubre de 2005 se emitieran tres decretos sucesivos a sendas entidades educativas del departamento Uruguay para la compra de computadoras.
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Sin querer queriendo
Desde hace algún tiempo, las atenciones por consultas que deseen realizarse en el Centro Cultural Juan L. Ortiz de Paraná han pasado a atenderse en el viejo vagón de ferrocarril que se encuentra en el lugar y no en la oficina instalada para esos fines. Al parecer el motivo del traslado tiene que ver con rencillas y peleas que se han producido entre los propios trabajadores, puesto que muchos de ellos están enojados por la forma en que el municipio paga las horas extras de sus empleados. Sabido es que las actividades culturales se realizan fuera de los horarios de trabajo de la administración pública, pero las quejas de los empleados tiene que ver con que muchos agentes asignados al centro cultural cobran una gran cantidad de beneficios pero no cumplen funciones, mientras que otros que sí lo hacen perciben menos de lo que les corresponde. Hace algunas semanas se presentó en el lugar el propio secretario de Cultura y Deportes comunal, Gerardo Dayub, para tratar de aplacar los ánimos y buscar soluciones a las diferencias suscitadas.
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Policías sumariados
Los sumarios administrativos son moneda corriente en la administración pública, y algunas veces los involucrados son efectivos policiales. Así, en 2003, se instruyó un sumario administrativo contra los comisarios inspectores Carlos Alberto Schmunk y Sergio José Rufiner, el oficial inspector Gustavo Daniel Villagra y el cabo Mario Ramón Segovia. La causa estuvo inicialmente en la justicia por malversación de efectos secuestrados en concurso real con incumplimiento de los deberes de funcionario público, que derivó en la detención de los dos últimos y en el procesamiento por encubrimiento de los primeros. Diversas denuncias involucraban a los Villagra y Segovia por el secuestro ilegal de vehículos que luego eran utilizados para realizar procedimientos por parte de la División Toxicología de la Jefatura Departamental de Concordia. Además, los policías fueron acusados de solicitar dinero para devolver los vehículos aprehendidos. Ambos fueron procesados y luego condenados por estos hechos; pero los comisarios Schmunk y Rufiner -eran jefe y subjefe departamental respectivamente-, que inicialmente habían sido procesados por encubrimiento por omisión de denuncia e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en tanto que se consideró que “no sólo tenían conocimiento del secuestro de automotores, sino que también conocimiento del uso indebido que Villagra hacía de ellos, ya que los utilizaba para procedimientos y actuaciones de Toxicología, la que no tenía asignado ningún automotor, no mandando a instruir las correspondientes actuaciones prevencionales”.
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Extraño reconocimiento
El Estado provincial tiene para sus empleados una serie adicionales por distintas funciones que realizan los agentes públicos dependiendo del área al que estén afectados. Pero un reconocimiento que llama por demás la atención es el que corresponde a aquellos empleados públicos que “manejen dinero en efectivo y valores”, lo que está comprendido en el Decreto Número 3.238/77. Por esa norma, el gobernador Jorge Busti reconoció a la sargento ayudante Raquel Aída Fernández y a la subadjutor Elvira Guillerma Wolfenson, por desempeñarse como jefas de la División Administración de la Unidad Penal Número 6 de Paraná en distintos períodos.
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