Jorge Riani
En el mes de junio se cumplirá un año del día en que se reveló que el gobierno provincial había dejado vencer e incinerado alimentos destinados a planes de asistencia social. El hecho constituyó un terrible dolor de cabeza para el poder político, y le valió el cargo de ministro de Salud y Acción Social a Graciela Degani. Sostenida hasta último momento por el gobernador, el tenor del escándalo puso fin a sus días en el gabinete entrerriano. El caso llegó a la Justicia, por la denuncia de dos legisladores de la oposición, pero cerca del aniversario del hecho es poco lo que se avanzó en la tarea de deslindar responsabilidades, según pudo determinar ANALISIS. No hay querellantes, la fiscal se encierra en el mutismo y lo único que se hizo fue comenzar con las citaciones a prestar declaración testimonial, a fines de establecer si hubo delito o no. Amparada por la dilación de los tiempos de la Justicia, la principal involucrada -la ex ministro- reconvirtió su actividad en la función pública y tuvo una reaparición en escena cuando el gobernador visitó el Hospital San Martín, donde pasó a prestar servicios apenas se apagó el calor del escándalo.
Fue el caso que desveló al gobierno provincial. Generó las horas más tensas que pueda recordar el bustismo en sus 10 años de mandato. Y hubo algunos momentos en los que hasta las cabezas más incrédulas consideraron que el hecho podía ser el punto de inflexión para cambiar la seña particular más visible del poder: el clientelismo político. Por aquellas horas, como nunca, los hombres públicos midieron el tenor de sus declaraciones y acentuaron las promesas de cambios estructurales en el modo de administrar la ayuda social, ante un vendaval de repudio que dibujaba un negro horizonte y que no pasó de ser fallido pronóstico. En el mes de junio del año pasado, la quema de una indeterminada cantidad de harina destinada a planes sociales hizo estallar uno de los peores escándalos con repercusión pública de que se tenga memoria desde el advenimiento de la democracia. Se habló que unos 40.000 kilos de alimentos fueron arrojados al fuego.
Una denuncia penal presentada por diputados de la oposición alentó la posibilidad de que el hecho trascendiera la valla de la coyuntura y que la Justicia señale a cada quien sus responsabilidades. Sin embargo, cuando se apagó el fugaz protagonismo en los medios locales y nacionales, el caso se fue alejando de la consideración general y pronto todo quedó reducido a una vergonzante anécdota.
A casi un año de la quema de alimentos destinados a la asistencia social, el expediente iniciado en el Juzgado de Instrucción Nº 6, por entonces a cargo de Héctor Toloy, parece no ser más que un famélico compendio de papeles y algunas testimoniales aisladas. La causa ha avanzado a paso lento, al punto tal que no se ha requerido aún la instrucción formal de un delito administrativo ni penal.
Reacomodando el tablero
Graciela López de Degani perdió su cargo de ministro en el trayecto del escandalete, y sin embargo su nombre volvió a ser noticia por su nueva función en el Hospital San Martín y por el lugar privilegiado que ocupó en algunos actos de gobierno. De esa manera le llegó el protagonismo antes de que lo fuera por tener que ir a dar cuentas a la Justicia (lo que, de hecho, nunca ocurrió).
Queda la idea de que los escenarios políticos se reacomodan en tiempos más abreviados que los que requiere la Justicia para dar las respuestas que se desprenden de un caso que involucra a dirigentes.
El expediente hoy está en manos del juez que sucede en el cargo a Héctor Toloy, Gustavo Maldonado, quien era secretario de ese mismo Juzgado de Instrucción antes de que el magistrado filobustista se jubilara. “Por informaciones periodísticas, he tomado conocimiento de que se han incinerado y enterrado en parte, y en otra parte repartido, alimentos con fecha vencida que estaban destinados a atender planes sociales”, comienza diciendo la denuncia que presentó el 11 de julio la diputada Lucy Grimalt (La Red-Paraná). La intención de la legisladora era que se verifique si se estaba frente a un hecho delictivo, y a los efectos apunta que “los alimentos se encontraban almacenados en forma irregular en los galpones del Ejército Argentino de esta ciudad de Paraná, y bajo la responsabilidad del Ministerio de Salud y Acción Social de la provincia, cuya titular hasta el sábado pasado era la doctora Graciela López de Degani”.
En el Poder Judicial la noticia de la quema de alimentos no significó nada especial que alcance para despabilar a los fiscales. No hubo ninguna actuación de oficio, y el hecho se judicializó recién cuando se presentaron los diputados Osvaldo Fernández (UCR-Gualeguaychú) y la mencionada Grimalt.
Para la legisladora, “si se confirma que existen 40 toneladas de alimentos en mal estado en los galpones de Bromatología, la única manera de describir los actos es como incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Apuntó así a las responsabilidades de la entonces ministro Degani y consideró que “lo que corresponde es la denuncia penal para que la Justicia investigue”.
La silla vacía de la querella
La dificultad con que chocan las instancias judiciales, si de establecer responsabilidades se trata, está en la falta de querellantes. Los legisladores de la oposición dieron el puntapié para que la situación se dirima en la sede judicial, pero la silla de la querella sigue vacía. Una posibilidad es que sea ocupada por los abogados de la Oficina Anticorrupción, aunque esto no será así en tanto el Juzgado no instruya la actuación por un delito concreto, según explicaron a ANALISIS desde el área que depende de la Fiscalía de Estado.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
