Ayelén Waigandt
Desde hace un mes los empleados de los Registros de la Propiedad, dependientes de la Dirección del Notariado de la provincia, llevan adelante retenciones de servicios en reclamo del pago de un adicional por incompatibilidad de 300 pesos, que fue quitado al sueldo en diciembre de 2005. El gobierno provincial había prometido el blanqueo de este ítem, que se abona debido a la imposibilidad de los trabajadores de desempeñarse en sus profesiones en el ámbito privado, pero contrariamente a lo dicho, fue eliminado sin ninguna explicación. Unido a ello, los trabajadores continúan solicitando la aprobación del proyecto de modificación de la Ley 6.902 por el cual este organismo, perteneciente al Poder Ejecutivo, pasaría a formar parte la estructura del Poder Judicial. La iniciativa se encuentra paralizada desde agosto del año pasado en la Comisión de Legislación General de la Cámara de Senadores pese al interés y la adhesión de los diversos sectores beneficiarios del servicio.
En diciembre de 2005 el gobierno provincial decidió la quita de un adicional por incompatibilidad de 300 pesos al sueldo de los empleados de los Registros de la Propiedad, el que había sido renovado por decreto al finalizar la gestión del ex gobernador de la provincia Sergio Montiel. En ese momento, al renovarse el beneficio se otorgó a su vez un aumento, que luego se vio reducido al 50 por ciento por el actual gobernador, Jorge Busti, con la promesa de blanqueo que daría una solución definitiva al problema.
El pago de este adicional se debe a que el Registro de la Propiedad es la única área, junto con Tribunales y Fiscalía de Estado, en que los empleados tienen incompatibilidad total para ejercer sus profesiones de abogados, escribanos y martilleros, entre otros. A su vez, ningún trabajador del Notariado puede trabajar en una escribanía o estudio jurídico, lo que en diálogo con ANALISIS consideraron “totalmente injusto”. En ese sentido, el abogado y empleado del Registro, Gregorio Celis, reclamó: “Ya que no nos dejan trabajar en otro lugar, por lo menos que paguen sueldos para poder vivir”.
Pese a esto, dicho monto fue quitado del sueldo de los empleados y ante el incumplimiento de lo prometido hace un mes comenzaron las asambleas y retenciones de servicios progresivos. En este momento, el paro se desarrolla entre las 7 y las 12, por lo cual no hay ningún tipo de atención al público, lo que perjudica el tráfico inmobiliario de la provincia.
Lo preocupante de esta situación es que la ejecución de cualquier trámite inmobiliario necesita de la labor del Registro de la Propiedad: créditos hipotecarios, certificación de vivienda única, emisión de certificado para garantía de alquiler que se otorga para los alquileres de estudiantes, compraventa de inmuebles, donaciones, inscripción de hijuelas en juicios concluidos, embargos, inhibiciones, reglamentos de propiedad horizontal, adjudicación de departamentos, sometimiento al régimen de bien de familia, subastas y trámites sucesorios, entre otros. También está a cargo del Registro Público de Comercio, en el que se registran las matrículas de comerciantes, la autorización para ejercer el comercio, transferencias y demás trámites. En todos estos casos el Registro de la Propiedad Inmueble actúa como Secretaría de Juzgado, ya que elabora expedientes que luego tienen trámite judicial.
Al respecto, Patricia Fernández, una empleada del Registro, explicó que “la gente está sintiendo la paralización, porque afecta las transacciones inmobiliarias hasta en lo más mínimo, dado que sin las certificaciones que emite el Registro de la Propiedad no se puede realizar ningún trámite, lo que está trabando el tráfico inmobiliario. Además, que la seguridad de dicho tráfico está vedada al no estar trabajando el Registro de la Propiedad”.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
