Horacio Verbitsky
(especial para ANALSIS)
Esa mañana de 4 de julio de 1976, los sacerdotes y los seminaristas yacían acribillados en el piso de la casa religiosa. "La Masacre de San Patricio" fue el nombre con que se conoció aquel espanto. Todos ellos integraban los movimientos más progresistas de la Iglesia y eran predicadores de los derechos humanos y la justicia social. Su crimen se sumó al de las monjas francesas Alice Dumon y Léonie Duquet. Los curas fueron sorprendidos mientras dormían por un grupo de tareas. Eran cuatro hombres a bordo de un Peugeot negro. Primero, los religiosos fueron atados y golpeados. Luego, todos fueron fusilados por la espalda. En el libro Doble Juego, la Argentina católica y militar, de próxima aparición, el periodista Horacio Verbitsky demuestra la relación del general Jorge Videla, en plena dictadura y la cúpula eclesiástica, liderada por monseñor Adolfo Servando Tortolo, vicario castrense y arzobispo de Paraná. Aquí, a 30 años del golpe de Estado, ANALISIS anticipa un capítulo del libro, en la que surge clara la actitud pasiva de Tortolo ante los graves hechos de sangre, dolor y muerte.
A las 7.30 de la mañana del domingo 4 de julio de 1976 el organista de la iglesia San Patricio, en el barrio de Belgrano R, encontró las puertas cerradas. Ante la impaciencia de los feligreses que asistían a la primera misa, forzó una ventana, y fue a despertar a los sacerdotes. Al subir hasta los dormitorios, descubrió a los sacerdotes Alfredo Leaden, Alfredo Kelly, Pedro Duffau y a los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti, uno al lado del otro, boca abajo, acribillados con decenas de disparos en la cabeza y el tórax, producidos por cuatro pistolas Browning o similar y una ametralladora.
Alguien había escrito con tiza sobre una puerta: “Por los camaradas dinamitados en Seguridad Federal–Venceremos–Viva la Patria”. Sobre una alfombra se leía: “Estos zurdos murieron por ser adoctrinadores de mentes vírgenes y son M.S.T.M”. Sobre el cadáver de Barbeito había un dibujo de Quino, arrancado de la pared de otra habitación. Mafalda señala el bastón de un policía y dice: “Éste es el palito de abollar ideologías.”
La ideología de Alfredo Kelly y los palotinos era ostensible. En Semana Santa, San Patricio organizó uno de los Via Crucis callejeros coordinados en quince barrios de la Capital Federal por el Equipo de Pastoral Juvenil. Kelly instó a mantener la esperanza y no dejarse vencer por el desaliento.
El comisario de la 37ª, Rafael Fensore, preguntaba con insistencia si entre los muertos estaba el sacerdote Emilio Neira. Esto provocó la reacción del sacerdote Efraín Sueldo Luque, quien ya había protestado por la inscripción de los muertos en un parte policial como NN. “Si nadie supo decirle el nombre de los muertos, ¿de dónde sabe usted el nombre de Emilio Neira?” increpó al comisario. Convencido de que lo estaban siguiendo, el padre Neira había salido del país en forma secreta esa misma semana, rumbo al Brasil.
Sueldo Luque también protestó porque la policía intentó borrar la inscripción en la puerta. El nuncio Laghi y el cardenal arzobispo Juan Carlos Aramburu le encargaron que preparara un informe en dos copias: una para el Vaticano y otra para la Iglesia argentina, ninguna para la dictadura. El sacerdote tomó declaración a los vecinos. Durante la madrugada vieron estacionados frente a la parroquia dos autos marca Peugeot 504 que no pertenecían a ningún vecino conocido, con varias personas a bordo, y escucharon un diálogo entre los tripulantes de un patrullero y un policía de custodia en la cuadra.
-Si escuchás cohetazos no salgas porque vamos a reventar la casa de unos zurdos. No te metás porque te pueden confundir- le dijeron.
También vieron personas con armas largas frente a la parroquia, donde dos de ellas entraron. Al salir, una hora y media después, un hombre armado se acercó a uno de aquellos autos.
El Ejército adjudicó la masacre a “elementos subversivos”. En el mejor estilo del nacional-catolicismo el texto decía que el asesinato cometido en el templo demostraba “que sus autores además de no tener Patria tampoco tienen Dios”. Sólo que, esta vez, las víctimas eran cinco hombres de la Iglesia.
La dictadura estaba atenta a la reacción del Episcopado y a través del vicario castrense Tortolo transmitió una propuesta a la Comisión Ejecutiva, que se reunió el miércoles 7 de julio: el gobierno militar estaba dispuesto a implantar la enseñanza religiosa optativa en las escuelas del Estado. Primatesta, Zazpe y Aramburu consideraron la oferta. La opinión general fue que no era bueno “aparecer como debiéndole un favor al Estado en los momentos presentes”. Primatesta sostuvo que era peligroso que se usara “con un criterio muy nacionalista” y que lo mejor sería que se respetara como se debía la enseñanza católica en los colegios católicos. “Como tesis me gusta, pero no es oportuno. Si se implantase ahora sería contraproducente para la Iglesia”. Según la minuta pasada en limpio por el secretario del Episcopado, Carlos Galán, Tortolo dijo que la propuesta le fue presentada por un grupo de oficiales de la Armada en la Base Naval de Puerto Belgrano.
Por cuidar las apariencias, Primatesta, Zazpe y Aramburu tuvieron que declinar el ofrecimiento más preciado, por el momento. La combinación del terror y la dádiva serviría para neutralizarlos.
Primatesta aprovechó la presencia de Tortolo para “rogar su intervención desde el Vicariato castrense, para ver si se puede averiguar alguna cosa” sobre la situación de presos y desaparecidos, que era motivo de “ingente cantidad (creciente)” de cartas y pedidos llegados a la Iglesia. La Comisión Ejecutiva redactó una carta que entregaron a la Junta Militar pero no dieron a publicidad. Pese a todo lo que había averiguado sobre el crimen, la Iglesia decidió no confrontar con la dictadura que le ofrecía reimplantar la enseñanza religiosa y dio por buenas sus hipócritas disculpas. En forma retórica la carta se preguntaba “qué fuerzas tan poderosas son las que con toda impunidad y con todo anonimato pueden obrar a su arbitrio en medio de nuestra sociedad”, lo cual constituía una suavísima alusión a la zona liberada con que habían actuado los asesinos. Pero también decía que por la palabra del ministro del Interior y la presencia en el entierro del ministro de Relaciones Exteriores y Culto y de altos jefes militares sabían que “el gobierno y las Fuerzas Armadas participan de nuestro dolor y, nos atreveríamos a decir, de nuestro estupor” y que conocían “los altos ideales y la generosa actitud para con la Patria, sus instituciones y ciudadanos” de los miembros de la Junta. Los obispos anhelaban “un porvenir acorde con nuestras mejores tradiciones. ¿Acaso no son éstas, cuanto más antiguas y arraigadas tanto más cristianas? ¿Qué podríamos mejor desear que una reafirmación efectiva de los cánones del pensamiento que dieron a la Patria su ser y su libertad? Tales cánones y pautas son cristianos. Por lo mismo tenemos la responsabilidad de decir que buscamos una Patria donde el derecho sea el que reine para todos sus hijos”.
La Santa Sede aprobó que la nota a la Junta Militar reivindicara el respeto a los derechos humanos, “escandalosamente ofendidos en un país católico, regido por un gobierno que hace abierta profesión de humanismo cristiano”. Pero también le indicó a Primatesta que de ahí en adelante estas cuestiones no fueran tratadas sólo por los tres miembros de la Ejecutiva sino “por parte de la entera Conferencia Episcopal” y le encareció que los obispos intensificaran su acción “en favor de las víctimas, directas e indirectas, de la violación de los derechos humanos”.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
