-Justicia. Si un juzgado que entiende en una causa judicial no la eleva a juicio en un período máximo de cuatro años, la defensa del imputado puede pedir la prescripción del delito y por lo tanto el sospechoso queda libre. La norma procesal que define esta situación se apoya en un claro razonamiento de las garantías que deben tener los ciudadanos frente a la imputación de una conducta delictiva, y es lógico que se lo libere de vivir indefinidamente con semejante carga. Sin embargo, se hace necesario interpretar el uso y abuso que de la norma prescriptiva se hace en nuestra provincia. En los pasillos tribunalicios se cruzan bromas que podrían integrar un Tratado de humor negro. Hay quienes aseguran que hasta el coloso de la computación, Microsoft, fracasaría si pretende enumerar las causas prescriptas en algunos juzgados. Se dice también que el pertenecer al bustismo es condición suficiente para conseguir este “pasaje a la eternidad”. Recientemente, un fallo del juez José Eduardo Rhul benefició al ex ministro de Economía de la anterior gestión bustista, Eduardo Macri. El manoseo al que usualmente se somete a la Justicia se transparenta en algunos diálogos que impunemente cruzan funcionarios de uno y otro poder. Para algunos de ellos la reciente condena a Oscar Mori -ex cajero de la corriente interna hegemónica en el PJ- se trató de un paso necesario para blanquear al resto y admiten que “la entrega del Pacha” era necesaria para calmar a las fieras. En el ir y venir de aprietes, sospechas y mantos oscuros resuenan fuerte las palabras del propio gobernador Jorge Busti cuando pontificó la inocencia de intendentes que estaban en pleno proceso judicial por irregularidades en el uso de otros ATN. A partir de aquellas declaraciones de Busti, la postura del fiscal en la causa se fue desgranando a pesar de la existencia de pruebas que complicaban a los acusados. Es que la Justicia debe respirar del aire que la circunda. El nacimiento de jueces, fiscales, defensores y camaristas nada tiene que ver con los repollos. Antes de que aparezca el actual Consejo de la Magistratura, la gestación de los funcionarios judiciales tenía un curso exclusivamente político y directamente relacionado al partido del gobierno. En este tramo de la historia existe un recoveco que es importante observar. Como se sabe, la Constitución de la provincia reserva a la Cámara de Senadores el papel de dar su aprobación a las propuestas del Ejecutivo. En los dos períodos anteriores al actual, el radicalismo controló la Cámara de Senadores. Sin embargo, las dificultades se allanaron cuando en el tramo 1995-1999, con un bloque que supo tener toda la impudicia impregnada por el dominio menemista, se eligió como referente de los senadores oficialistas a Mario Alberto Yedro. Éste supo encontrar en el ex senador provincial montielista Jorge Krenz a un interlocutor adecuado. Juntos desarrollaron una fórmula precisa de compensaciones mutuas que allanó el camino del entendimiento. Sobre la eficacia de esta convivencia pueden dar testimonio además de varios, incluso el propio Sergio Montiel cuando en su segundo mandato fallos salvadores lo supieron socorrer en momentos que el derrumbe surgía inevitable. De poner algún mojón para marcar el momento en que los principios republicanos comienzan a derrumbarse aceleradamente, sin lugar a dudas hay que destacar el momento en que Carlos Menem empezó a gobernar y Jorge Busti, luego de ser una de las figuras más frescas de la renovación peronista, tomó nota de lo que se venía y con sentido de oportunidad internalizó como propias las nuevas formas de hacer política. En este contexto no se puede desconocer que sobresalen procederes y conductas que se han sobrepuesto a estas determinaciones generales soportando incluso verdaderos desbordes autoritarios de parte del Poder Ejecutivo provincial en sus diferentes versiones.
-Ahora los pobres. Como suele suceder, las prácticas y las conductas no quedan encapsuladas en espacios exclusivos. Los desvaríos de la política se prolongan hacia el cuerpo social y es en sus partes más débiles y humildes donde su piel se muestra más doliente y donde la injusticia ofrece sus facetas más siniestras. El comisario retirado Mario Marín, asesor en materia de seguridad de Busti, sostenía que la Policía debía restringir su actividad bulevares hacia adentro. El cumplimiento de normas y leyes en los barrios allende las avenidas era cuestión de Dios. Si las convicciones de Marín resultan indigestas es justo observar que para la mayoría de los jueces los incidentes sobrevuelan sus escritorios. Eso de caminar una calle de tierra removiendo el escenario del crimen resulta extraño y ajeno para muchos inmaculados funcionarios judiciales. Son demasiado los ocupantes de importantes despachos tribunalicios que no se sienten interpelados por el vía crucis diario que deben recorrer miles de entrerrianos a quienes les son negados derechos elementales. El cable llega a través de sumarios policiales igualmente fríos y rutinarios que un cambio de juzgado o carátula. De tantos, muy poquitos llegan a juicio y consecuentemente la mayoría prolonga el dolor de la víctima con la impunidad del delincuente. En la mayoría de los casos el interés por el curso de la causa se limita a la preocupación de familiares y amigos de las víctimas y del imputado, algunas veces al barrio. Es que finalmente nadie sabe si es compromiso o desidia lo que dirige la investigación por el asesinato de un canillita, remisero o de una inocente niña que espera el colectivo de la mano de su madre y queda en el medio de una balacera entre bandas. No es de sorprender entonces que la mayoría de los incidentes de sangre queden sin solución, impunes. El doliente y digno agrupamiento de Familiares de Víctimas del Delito que tercamente deambula con sus carpas y reclamos de justicia no logra conmover las fibras de la vergüenza de un Poder Judicial que pareciera ver ese reclamo por la televisión extranjera. Nuestro Poder Judicial parece decir con sus actitudes que nada tiene que ver con lo que sucede. Este agrupamiento de familiares después de acudir reiteradas veces al gobierno, a la Iglesia o a los ámbitos legislativos, una sola vez logró ser atendido por los vocales del Superior Tribunal de Justicia. El aporte que un envilecido Poder Judicial hace al deterioro del tejido social es insoslayable. Aquellas familias abatidas por el dolor tienen una sola posibilidad como instancia de cierre del trauma que se sobrelleva con mucha pena; encontrar la verdad de los hechos y el castigo a los responsables. La negación de justicia perpetúa ese dolor.
-Más atropello, más violencia. Como en otras cosas, a los problemas que existían antes de Montiel se le sumaron los que vinieron con el sello propio del caudillo bárbaro. Busti asume su tercer mandato con el paso cruzado. Mientras el Presidente Néstor Kirchner aprovecha cada minuto de su gobierno para imponer su temperamento transformador, aquel se calza la banda gubernamental rodeado de una dirigencia cristalizada en el pensamiento y la práctica menemista. Producto de la necesidad y de acomodarse a los nuevos vientos, lanza la propuesta de crear el actual Consejo de la Magistratura, lo que significa una apertura hacia la participación de la sociedad en el nombramiento de los jueces. Lo que se hace es permitir que organizaciones intermedias participen en la elección que es propia del Poder Ejecutivo. Es una medida que Busti ya ensayó con el Consejo Directivo del IOSPER en el final de su segundo mandato. Sin embargo, tan profundo sentido republicano no se condice con las interferencias con que frecuentemente irrumpe en distintos procesos judiciales. Y no es que la independencia de los poderes impida opiniones, pero éstas deben desarrollarse en un marco que al menos no suene a dislate. Luego de más de casi 25 años de ejercer importantes cargos públicos no puede pensarse en “errores, equivocaciones o inexperiencia”. Las intervenciones del gobernador tienen en mira los efectos que producen y poco favor le hacen a un castigado servicio de justicia que concentra más desconfianza que credibilidad. Esas expresiones casi desorbitadas, invasivas de la independencia del Poder Judicial que supo tener en el juicio a algún intendente, fueron repetidas cuando la desgraciada desaparición de Fernanda Aguirre y volvieron a resonar ahora con relación al pleito sobre el predio de Los Arenales. Así, el gobernador escala impostura sobre imposturas. Primero por decreto insta a la Fiscalía de Estado a desistir de su participación en el pleito con un empresario de la construcción que se apropió indebidamente de un bien que es dominio público del Estado. La salida del litigio se basa, según el gobierno, en “lo incierto de su resultado final”. Naturalmente, como todo litigio judicial, éste tiene un final incierto, puede salir bien o puede salir mal. Independientemente de ello la opción genera sospechas y sensibiliza a la opinión pública dado el poder económico y las múltiples relaciones políticas del empresario. Ello motivó la presentación de una acción de inconstitucionalidad por parte de vecinos de Paraná, a lo cual la jueza Alicia Olalla de Sacripanti hizo lugar y dictó el no innovar. Ante ese revés judicial Busti arremetió no sólo contra los vecinos que presentaron el recurso y los abogados que los patrocinaron, sino también contra la jueza. La explosión del gobernador sorprende por la calidad de los agravios. Este verdadero desborde, como así también los adjetivos con que pretende desautorizar a la oposición política, transparentan sus verdaderas convicciones a la hora de tomar decisiones sobre cuestiones que hacen a los fundamentos de la convivencia republicana.
-Más perlitas. A veces parece que Kirchner llegó para complicarle la vida a Busti. Éste ejercía un liderazgo muy cómodo en el PJ, tanto que en tiempos de elecciones presidenciales se dio el lujo de dividir su fuerza, no definir posiciones y pasearse con los tres candidatos peronistas. Para Busti era lo mismo Carlos Menem, el Adolfo o Kirchner. Ya con los números de la primera vuelta y palpando el desmoronamiento ostensible del riojano, rápidamente nombró a Pedro Guillermo Guastavino como su compañero de fórmula en una inocultable señal hacia el candidato que era seguro ganador. Pero el gesto no alcanzaba para ocultar la hechura definitiva que vertebraba al justicialismo que lo referenciaba. Para colmo, el Presidente Kirchner le imprime un temperamento al proceso que no le permite acomodarse. En esa contradicción, periódicamente el gobernador tiene que sobreactuar posturas que le han dejado de ser propias con el único objetivo de no quedar desalineado de las políticas nacionales. En esta dicotomía toma posiciones que luego no sabe cómo controlarlas. Lo que sucede con el IOSPER roza el escándalo. Se obstina en patear hacia adelante manteniendo una intervención que acrecienta el vaciamiento y la anarquía de la obra social responsable de la salud de 250.000 entrerrianos. Con el Consejo de la Magistratura hay signos inocultables de movimientos tanto en la bancada justicialista en Diputados como en Senadores, donde cocinan modificaciones al diseño actual para ponerlo bajo mejor control por parte de la maquinaria justicialista.
