Luis María Serroels

Como un entrelíneas en la secuencia semanal de estas reflexiones, prestarle atención a un necesario resumen de cuestiones urticantes dispersas no viene mal por cierto. Entre la vorágine de hechos que sacuden a la opinión pública y que colocan a uno en serias disyuntivas en términos de prioridad, agrupar situaciones quizás menores en apariencia pero que no carecen de conflictividad y repercuten en la sensibilidad ciudadana, nos ha parecido una buena idea.

En este rosario hemos optado por encolumnar sin preferencia alguna en cuanto a niveles de gravedad ciertos asuntos que deberían ser observados por la sociedad para que asuma sus propios puntos de vista. Por ejemplo, días pasados se conoció que un concejal de Chajarí, el doctor Daniel Benítez, había sido designado director del Hospital Santa Rosa de dicha ciudad. La noticia no debería despertar ninguna sorpresa, en tanto se corresponde con los cambios que a diario se dan dentro de la estructura de cualquier área del Estado. Pero sucede que las nuevas funciones encomendadas no significan el cese en la banca ni mucho menos, por cuanto el mencionado edil afirmó que no existe incompatibilidad alguna entre ambos cargos. “El que mucho abarca poco aprieta”, reza una antigua sentencia y, por lo demás, si existe una incompatibilidad insostenible es la horaria, donde tarde o temprano, una función termina condicionando a la otra.

Sin entrar a considerar una obviedad como la que indica que los mandatos electivos están para cumplirlos en plenitud y con dedicación full time, por sus naturales exigencias y las que la responsabilidad del electo les irá agregando de sus íntimas preocupaciones, existen normas legales que vedan esta duplicidad.

Resulta inconcebible que, según se informó, en este nombramiento haya participado nada menos que el titular de la Cámara de Diputados de la provincia, Orlando Víctor Engelmann, porque no hallamos entre sus facultades legislativas semejante intromisión. De ser así, debería haber advertido que la Ley Nº 7.413, que regla sobre el sistema de compatibilidad e incompatibilidad en la función pública, establece que “no es incompatible el desempeño de un cargo electivo deliberativo municipal con el de empleado de la Administración pública, siempre que en el momento de ser electo concejal ya ocupara el empleo en la provincia”.

Queda claro que éste no es el caso del doctor Benítez y ni siquiera su anunciada generosa disposición a ocupar dos asientos legitima esta violación legal. Por lo demás, afrontar simultáneamente dos tareas de una alta demanda de atención, entraña a la larga desatender parte de cada una de ellas. Durante el último turno radical, el entonces concejal Rubén Villaverde debió renunciar a su cargo en el municipio para acceder a la cartera de ministro de Salud y Acción Social de Entre Ríos.

De todas maneras, es útil recordar que ante una situación planteada cuando la primera gestión de Jorge Busti, en que un concejal de Paraná Campaña fue nombrado para un cargo en un ente autárquico provincial con sede en Paraná (dividía los días de la semana para atender cada función), se recurrió al entonces fiscal de Estado, Raúl Barrandeguy, para que realizara un estudio sobre una presunta incompatibilidad. Su dictamen fue lapidario: lo que hacía ese edil no se podía hacer. Ergo, tampoco lo que está haciendo Benítez.

Otra más. El remanido tema de los vergonzosos incrementos en las tasas municipales, obra del bloque oficialista y previo a lo cual sus concejales se esmeraron en incrementar suculentamente las dietas, colocando sus presupuestos familiares a cubierto de toda dificultad futura.

Han arribado a cada domicilio las boletas para el pago de Obras Sanitarias, con aumentos tan obscenos que superan el 100 por ciento y aún más. Lo peor es que en muchos casos, durante el período facturado no se prestó un buen servicio, con mengua en la entrega del líquido y hasta directamente cortes.

Un aviso publicado en medios gráficos reza jactanciosamente que se da un pago mínimo de 17 pesos bimestrales sin límite de consumo para 36.000 hogares, en tanto que para otros esa tasa mínima es de 33 pesos a la que se suman otros 10 que debe oblar una obligada “solidaridad”, debiendo agregarse que hay un 10 por ciento de usuarios a los que discriminada y arbitrariamente se les han instalado medidores que les determinan pagos adicionales ¡por un exceso de consumo que no es tal comparado con aquellos que no lo tienen!

Más allá de que la palabra empeñada en la campaña electoral ha dejado de tener valor, al tiempo de gestarse una movida vecinal contra este auténtico atropello al bolsillo de los ciudadanos se conoció un dato contundente. Según lo publicado en diarios locales, en 2005 los municipios entrerrianos recibieron en concepto de recursos de coparticipación federal y provincial, un 85 por ciento más que en 2003. Pero el informe –atribuido al ministro de Economía, Diego Valiero- va más lejos al arriesgar que, según las estimaciones, en 2006 este incremento superará el 123 por ciento con relación al año en que se produjo el último recambio institucional.

Pormenorizando en esa distribución, se advierte que los intendentes recibieron en 2.003, 136 millones de pesos; en 2004, 192 millones y en 2005, 241,3 millones de pesos, ubicándose las previsiones para este año en 281 millones. A ello deben añadirse los recursos provenientes de los Aportes del Tesoro Nacional, duplicados en los últimos dos años.

Sería interesante que nuestra comuna haga públicos sus números para confirmar o no si ha sido la más beneficiada por el aumento y así corroborar si las abusivas decisiones en materia de tasas responden a la relación costos-prestaciones o, como muchos le imputan, a una falta de idoneidad para administrar los fondos que aporta cada contribuyente.

Esta decisión se produjo pese a las sugerencias y exhortaciones del Presidente de la Nación y al hecho de que los contribuyentes no disponen, como los ediles, de la facultad de aumentarse los ingresos.

Dejamos para el final la guerra dialéctica desatada a partir de declaraciones del gobernador respecto del rechazo generado por el desestimiento hecho desde el Estado, en una causa judicial vinculada con un sector de tierras costeras en la zona del Túnel Subfluvial.

Puede el mandatario disentir con las posturas de terceros e incluso expresarlo, aunque con propiedad y respeto. Pero no se corresponde con su alta investidura ni con la mesura mínima exigible, que cada vez que efectúa apreciaciones en torno de diversos diferendos, le añade a cada una de las personas que disienten con su pensamiento, su identidad político-ideológica como un condicionante de sus derechos y como una descalificación de su ejercicio profesional.

En el caso aludido, fue más lejos, porque a los dichos ofensivos para con honorables figuras de diferentes ámbitos que sostienen visiones antagónicas con las del oficialismo y a la subestimación de humildes vecinos que no son kelpers de la Constitución -discrepancias que sólo tienen un sitio legítimo para dilucidarse en los tribunales-, ha pronunciado términos agraviantes para con una magistrada, lo cual implica avanzar sobre otro poder republicano. Pero además, esbozó la peregrina teoría de que ser cuñada de un dirigente radical torna sospechosa la decisión de una jueza. No se oyeron opiniones desde el Poder Ejecutivo respecto de los magistrados que dejaron sin cárcel efectiva a quienes –incluso habiéndole falsificado la firma a Busti- le robaron al Estado casi un millón de pesos/dólares o archivaron un expediente absolviendo a un imputado de poseer millonarias cuentas en Suiza sin justificación.

En muchos casos, las incontinencias verbales de los hombres no son más que el fiel reflejo de la flojedad de sus argumentos.