Los disquetes de Kerz
Era el encuentro más esperado por las partes. Estaba a minutos de comenzar y el presidente del Consejo General de Educación, Jorge Kerz, arribaba presuroso a revelarles a los dirigentes gremiales de Agmer cómo quedaba la escala salarial.
Con ese encuentro de la Mesa Paritaria se empezaba a ver con más claridad si las clases comenzarían o no. Quienes allí estuvieron aseguran que el titular del CGE comenzó a hablar mientras revisaba las entrañas de su portafolio. Y desistió luego de la búsqueda, pero salió airoso de la explicación. Algunas horas más tarde un periodista transitaba las calles del centro cívico con la cabeza baja pensando quién sabe en qué, hasta que los dos rectangulitos negros tirados junto a un árbol le devolvieron la energía. Se agachó a recogerlos y fue directo a un ciber para ver de qué se trataba. Introdujo y se encontró con el primer documento –entre muchos otros–, titulado: “Cuadro comparativo para Kerz”. Allí se detallaba con envidiable claridad lo que pasarían a cobrar los maestros de grado con 17, 20 y 24 años de antigüedad; los preceptores con 2, 12 y 20 años, los directores de primera con 17 y 24 años de antigüedad y el valor de 30 horas cátedra para personal con 15 y 24 años de servicio. Una joyita para el galimatías de números que resulta ser la discusión de sueldos docentes. Lástima que se perdió de camino.
Todos lo miran al Cuchu
Cada idea del fiscal José María Chémez que se desprendía del televisor sintonizado en Canal 11, dibujaba más nítida la imagen del actual representante entrerriano en la Región Centro, Raúl Taleb, en el pensamiento de los hombres del oficialismo. La imagen televisiva reproducía en directo lo que pasaba en la Sala Penal que juzgaba a Oscar Mori & Cía. por el desvío de casi un millón de dólares en ATN. Ocurre que el ex diputado lanzó cuantos elogios pudo sobre la figura de su copoblano letrado, en momentos en que recién estaba siendo promocionado para acceder a la Fiscalía de Cámara. Chémez ganó en buena ley el cargo, por los carriles del Consejo de la Magistratura. Quedó primero en la lista por sus méritos, de modo que el gobernador Jorge Busti no tuvo necesidad de hacer ninguna variante para complacer a Taleb nombrándolo. Pero cuando el fiscal hizo su debut acusador y vieron que la contundencia de los cargos iba en serio, alguien se animó a preguntar: “¿Pero qué nos trajo el Cuchu?”. Dicen que el ex diputado anda medio perdido, mientras los enojados funcionarios no dejan de recordar que Taleb está a un paso de ir a los Tribunales a dar respuestas por la denuncia de supuesto enriquecimiento ilícito que presentó en su contra el dirigente radical –también diamantino– Rodolfo Parente.
Los cupos de la trasgresión
Días pasados y con buen criterio, las autoridades municipales resolvieron la suspensión temporaria de actividades en uno de los boliches instalados en la zona de la Toma Vieja, a raíz –según se dijo- del desplazamiento de un sector de la barranca, que ponía en serio riesgo la misma estabilidad de las instalaciones. La medida sonó lógica si se tiene en cuenta que la cantidad de vehículos que arriban los fines de semana a ese sitio y el movimiento constante de centenares de jóvenes especialmente en las poco académicas exteriorizaciones coreográficas, se hace sentir sobre el suelo aledaño. Pero lo que llamó más la atención es que al comentar la medida y refiriéndose a ciertos asuntos vinculados con las pautas de habilitación, se admitió que el comercio en cuestión sólo estaría autorizado para explotar el rubro bar, por lo tanto no puede entenderse que allí se haya añadido actividad bailable por una decisión unilateral de los propietarios. Y mucho menos que frente a tan clara violación, se exhiba una inaceptable indulgencia que abre la puerta para que otros empresarios tomen las ordenanzas a su gusto y paladar. Ello se desprende del hecho de que, según reveló una fuente de la comuna, los dueños de este establecimiento ya han sido multados en varias oportunidades, lo cual significa que frente a la reincidencia no se adoptan medidas más drásticas. Si la cosa pasa simplemente por la relación transgresión-multa, la falta sigue reiterándose y el monto a pagar hasta se convertiría en un ítem más de los costos operativos. Una multa más no joroba, si los réditos de esa violación son jugosos (por aquello de que el que tiene plata hace lo que quiere...).
No menos sorprendente resultó saber que otro boliche aledaño ya ha sido objeto de varias decenas de actas por infracciones diversas que comportan pagos de multas, lo cual supone que las transgresiones se repiten sin solución de continuidad. Entonces cabe preguntar cuántas violaciones a las ordenanzas vigentes deben producirse para que los organismos de contralor procedan a disponer clausuras que sirvan como aleccionadores correctivos, sin descontar la posibilidad de un cierre definitivo por cese de la concesión. Porque en ciertos casos, esa multa no es otra cosa que la prórroga de un salvoconducto para continuar en falta. Pareciera que ciertos empresarios gozaran de ciertos cupos para violar las reglas, convirtiendo las multas en una especie de cuota para no resentir sus ingresos. Esta realidad contrasta con la severidad draconiana impuesta, por ejemplo, frente a los vendedores ambulantes.
Un tribunal que inquieta
La lectura de los fundamentos con los que la sala juzgadora actuante, evitó la cárcel a los tres imputados por defraudación reiterada, utilizando como pantalla a la llamada Asociación Civil Solidaria Entre Ríos (ACISER) para quedarse con un millón de pesos/dólares, no hizo más que acrecentar el estupor provocado cuando se adelantó la parte resolutiva, en el mediodía del lunes 27 de febrero. Es que cuando más se profundiza en los elementos tenidos en cuenta y su vinculación con la sentencia, menos se comprende que por tantas y tan graves imputaciones, los miembros del tribunal hayan decidido penas muy leves que no se concilian con el perjuicio provocado a las arcas públicas. Imponer acciones solidarias no remuneradas por semejante delito, en tanto nadie atina a demandar resarcimiento para recuperar al menos parte de lo escamoteado mediante una entidad inexistente y maniobras fraudulentas, no es lo que la sociedad aguarda de los jueces cuando se supone que los poderes públicos deben acentuar sus esfuerzos para terminar con la corrupción. Pero hace pocos días y al anunciarse que este mismo tribunal será el que juzgue –en fecha aún no fijada-, al ex vicegobernador de la provincia y ex intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, por enriquecimiento ilícito, la ciudadanía no puede menos que preocuparse. Es que a tenor de lo que se escuchó en el caso Aciser, pareciera que la falta de antecedentes actúa como un atenuante y a la hora de castigar a quienes se sirvieron de su posición dominante bajo el paraguas del poder político, todo se reduce a condenas cuya indulgencia no es precisamente la que se tiene cuando alguien roba cigarrillos y golosinas en un quiosco, o sustrae una balanza.
¿Cómo se las arreglará la sala para diferenciar un caso con el otro? Haber llevado millones de dólares al exterior usando incluso la firma de familiares y de la propia progenitora –inocente instrumento para tales maniobras- en plazos fijos depositados en bancos internacionales, ¿despertará afán aleccionador de los jueces o todo quedará en durísimos castigos como el de concurrir a un hospital o a un hogar de menores a desarrollar tareas solidarias? Si los jueces no encuentran el modo de sancionar –consecuentes con los esfuerzos de los fiscales- el delito a gran escala cometido en usufructo ilegal de los dineros públicos, la sociedad seguirá temiendo no sólo a los delincuentes de guante blanco, sino también al servicio de justicia.
Cortitas y al pié
-Rossi II. “Falta la firma del presidente del tribunal para que se haga la última auditoría y luego va a juicio”, dijo una fuente tribunalicia, en referencia al caso de enriquecimiento ilícito del ex vicegobernador Domingo Rossi, actual intendente de Santa Elena. Resta la designación de un perito tasador, que tendrá que determinar la lista de bienes muebles e inmuebles de Rossi. Le será fácil; no tiene nada a su nombre.
-Empleada vip. La esposa de un mediático abogado –también funcionario público- cumple funciones en la Dirección de Información Pública de la provincia. Al parecer, tenía licencia por maternidad hasta enero. Lo extraño es que, hasta esta semana, no habría retornado a su trabajo.
-Apunten a Tommy. El ex funcionario montielista Tomás Fernández (Tommy) fue denunciado ante el juez de Instrucción José Ruhl la semana pasada. Es por la compra de un inmueble del Instituto del Seguro, siendo a su vez funcionario de tal organismo. La presentación la hizo la Oficina Anticorrupción y Etica Pública de la provincia.
