Luis María Serroels
No se imagina el lector el esfuerzo al que se somete un periodista a la hora de ordenar y encolumnar los hechos salientes de todo un año. Son 12 meses, 52 semanas, 365 días, tiempo durante el cual cada jornada es irrepetible y hasta pareciera que reina una silenciosa puja por ofrendarle al mundo lo más impactante, sea para bien o para mal de los sufridos habitantes.
Si tortuoso resulta tratar de que nada quede fuera del análisis, no menos grato es plasmar una selección que reduzca los hechos a sólo un puñado, aceptando el riesgo de la arbitrariedad por escasez de espacio.
Nuestra meta es el plano local y provincial, pero no se puede soslayar, por cuanto significó para el mundo -por el alto sentido profundamente ecuménico que le dio a su tarea pastoral- la muerte del Papa Juan Pablo II, el gran caminante, el eterno peregrino.
Y en el terreno doméstico hemos elegido cuestiones que sientan precedentes más que inquietantes y abren expectativas concretas que nos llevan a inaugurar el nuevo año con marcadas reservas.
La guerra de las celulosas, ese insólito enfrentamiento con nuestros hermanos uruguayos por la obcecación de gobernantes atraídos por los fuegos de artificio de las inversiones-bengala, que encandilan de entrada para terminar en abruptos apagones, nos coloca sobre el 2006 con muy serias preocupaciones frente a una insospechada salida.
El final de otro año sin ninguna certeza sobre la desaparición de Fernanda Aguirre, episodio traumático que enlazó a toda la sociedad argentina en la angustia y la demanda, nos deja un sabor muy amargo.
Fue un año electoral, donde volvieron a aflorar enconos, resabios e intolerancias como parte de la estrategia marquetinera instalada en las corporaciones políticas. Pero también, en el que volvió a frustrarse el intento por convocar a una asamblea para la necesaria reforma constitucional. Contribuyó la tozudez de unos y el egoísmo de otros.
Este 2005 nos ofreció, asimismo, tres temas para el debate, que en esencia traducen formas de exceso de poder o simplemente modos de intemperancia que llevan a confundir adversario con enemigo y, peor aún, disenso con declaración de guerra.
Curiosamente, los principales asuntos escogidos se dieron en la última quincena de diciembre, como si se hubiesen puesto de acuerdo.
El jueves 22, un tribunal de Justicia, haciendo suyo el dictamen de un fiscal, cambió la historia al condenar a un ex senador por sus actos de corrupción que le permitieron -cual mago de las finanzas- aumentar su patrimonio en un millón de pesos. Se dice que “el ahorro es la base de la fortuna” (la frase suena muy linda) pero debe aclararse que antes de ello debe demostrarse la legitimidad y procedencia de los fondos ahorrados cuando surgen desde el desempeño de una función pública. Mario Alberto Yedro y su ex esposa Silvia Torres, creyeron que con presta nombres y testaferros, a través de pueriles maniobras y groseras triangulaciones, se podía llegar a ser muy felices con bienes mal habidos. La Justicia, de una vez por todas, comenzó a andar un camino que la sociedad viene reclamando y que hoy debería estar preocupando a los que aguardan sentarse en el banquillo para rendir cuentas y a aquellos que se están calzando blancos guantes para introducir sus manos en apetecibles latas.
Si algún nostálgico de la política pensó que “Yedro volverá”, hoy ya puede reemplazar el lema por otro mucho más realista, “Yedro devolverá”, porque un costoso campo adquirido por la esposa pasará a dominio del Estado (decomiso) como un justo resarcimiento. Porque nadie, a cambio de una ínfima condena sin encierro, puede seguir disfrutando del producto de sus malas acciones. De lo contrario, canjear una pena tan benévola por eterno bienestar económico sería una seductora inversión a plazo fijo, para la cual poco importarían el descrédito personal y el ludibrio social resultantes.
Es justo recordar que esta historia comenzó con una denuncia realizada por este semanario (30/7/96) sobre la base de sus investigaciones y aportes, recogida por un par de dirigentes radicales para acudir ante los jueces, aunque quedó en claro que los tiempos de la Justicia suelen ser incomprensiblemente lentos (hubo que aguardar nueve años hasta la sentencia condenatoria).
En otro orden, causó gran sorpresa la resolución del juez en lo Correccional Número 2, Daniel Malatesta, que sin más trámite ni notificación mandó al archivo una querella por calumnias e injurias que el concejal Aldo Bachetti (Concertación Entrerriana) le iniciara al entonces diputado provincial y hoy diputado nacional Raúl Patricio Solanas con motivo de desafortunados dichos del legislador apenas realizados los comicios del 23 de octubre. Los argumentos esgrimidos por el magistrado aferrándose a los artículos 73 de la Constitución entrerriana y 68, 69 y 70 de la carta magna, incluso la jurisprudencia existente, fríamente observados no admiten objeciones. Pero lo que sí se puede cuestionar es que todas las normas que consagran fueros de protección para los legisladores aluden a opiniones o discursos emitidos en desempeño de sus mandatos y éste no fue el caso.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
