D. E.
El expediente por el desvío millonario de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para el Puerto Ibicuy es uno de los que más preocupa al poder bustista. En el hecho están procesados, entre otros, por “Defraudación en perjuicio de la administración pública, violación de los deberes de funcionario público y peculado de bienes y servicios”, el ex senador provincial Abelardo Félix Pacayut (PJ-Islas), uno de los principales referentes menemistas en Entre Ríos, a partir de 1987. El hecho motivó incluso reuniones reservadas entre Pacayut y el propio gobernador Jorge Busti, en Casa de Gobierno, para analizar la situación. ANALISIS accedió al dictamen de la fiscal Leonor Nader y el juez de Instrucción Ricardo Bonazzola -que nunca tuvo difusión pública-, donde se indica que “el propósito último era apropiarse de, al menos, parte de la millonaria suma de dinero en juego”. El sonado caso iría a juicio oral y público a mediados del año próximo.
En la resolución judicial se señala claramente la larga lista de delitos. “Carlos Fernando Pacayut y el presidente del directorio de MiguelSan SA, Alberto Víctor Sindor, alteraron sustancialmente las cláusulas contractuales, todo lo cual, en definitiva, se tradujo en un evidente perjuicio para el erario provincial. Perjuicio evidenciado no sólo por los sobreprecios que se abonaron, el rédito que se permitió a través de los anticipos que se acordaron sin contraprestación alguna o las sucesivas fórmulas que se acordaron para la devolución de los anticipos (…) Todo ello a cambio de una obra inviable y ruinosa (como el derrumbe del sector de tablestacados), realizada al menos en parte sin respetar las reglas del arte, favorecido por la laxitud o inexistencia de los imprescindibles controles estatales”. El texto es parte de las varias carillas que contiene la resolución del juez de Instrucción de Paraná, Ricardo Bonazzola, quien no solamente avaló los dichos y el trabajo de la fiscal Leonor Nader -que llevó adelante la investigación junto a Ricardo González, quien por varios meses se tuvo que alejar de la causa al subrogar a un camarista-, sino que, además, hizo duros cuestionamientos al accionar delictivo de funcionarios y empresarios, como así también a quienes, desde los lugares de control de la provincia, no hicieron lo que debían, y dejaron absoluta libertad de movimiento al manejo irregular de dineros públicos. “Lo que se hizo, se hizo mal y caro; y lejos de contribuir a optimizar el puerto de Ibicuy, cooperó en definitiva a su inhabilitación como tal”, se acotó.
La historia data de 1997, o sea, cuando promediaba la segunda administración de Jorge Busti. En ese entonces existían dos proyectos relativos a la factibilidad de construcción, ampliación, reactivación e inserción regional del Puerto de Ibicuy, cada uno de los cuales fueron elaborados por las consultoras Ecoconsult SA y Rogge Consulting MBH. Tales trabajos fueron contratados y solventados por el Estado provincial y el Estado Nacional respectivamente, quedando bajo la esfera de custodia exclusiva del Ente Puerto Ibicuy y del Instituto Portuario Provincial. Pero tales proyectos fueron arbitraria e indebidamente dispuestos a favor de terceros: la Comisión de Fomento Pro Desarrollo de Puerto Ibicuy y la consultora Orengo, Cisaruk y Asociados, en lo que mucho tenían que ver los hermanos Abelardo Félix y Carlos Pacayut; el primero por ser titular del Instituto Portuario, y el otro por estar a cargo del Ente Autárquico Puerto Ibicuy. Los proyectos quedaron en manos del grupo liderado por Norberto Durrels, el ex presidente de la mencionada comisión. Así fue que la consultora Orengo, Cisaruk y Asociados se valió de los proyectos para el desarrollo del trabajo que la Comisión de Fomento Pro Desarrollo Puerto Ibicuy le encomendara, tomándolos en principio como antecedentes, y luego asumiendo en sus líneas esenciales y generales el proyecto elaborado por Ecoconsult SA.
La otra empresa favorecida fue MiguelSan SA, encabezada por Daniel Carbonell y Miguel Sindor. Este último era socio mayoritario de MiguelSan y de Alesia SA, empresa beneficiada en forma ostensible en la adjudicación de la concesión del control vehicular. A su vez, Carbonell era apoderado de Alesia en el control vehicular, quien también formó con esta empresa otra sociedad llamada Prever SA. MiguelSan se escindió en julio de 2001, formando Constructora MiguelSan, de la que son socios Sindor y una empresa extranjera denominada Cosmomar SA. El presidente de Constructora MiguelSan es Carbonell, quien estaba asociado a Alesia y a Carryson, la empresa del foto-radar que funcionó hasta diciembre de 2000, todos estrechamente relacionados con el ex secretario de Reforma del Estado y Control de Gestión, Oscar Horacio Mori, quien definió varios de esos negocios con el anterior gobierno bustista
Tanto la Fiscalía de Estado -en la última administración montielista- como la hoy desaparecida Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) denunciaron ante la justicia las irregularidades cometidas en Puerto Ibicuy. La denuncia de la FIA, entre otros párrafos, señalaba que “según se desarrollaron los acontecimientos, la voluntad común de MiguelSan, Durrels y su grupo y los funcionarios públicos, fue que MiguelSan SA resultara beneficiada económicamente a través de la indebida obtención de un Contrato de Obra Pública que diera causa a un crédito -que fue inicialmente de 36 millones de dólares y luego hicieron llegar a más de 50 millones, a través de ATN enviados desde el gobierno menemista- contra el Estado entrerriano, a pagar con fondos públicos nacionales y provinciales, gran parte de los cuales, (22.768.082,68 millones) hasta el cambio de gobierno producido el 10 de diciembre de 1999, fueron percibidos y dispuestos sin control estatal, en exclusivo beneficio de la empresa constructora y de las personas involucradas en la maniobra”.
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