Luis María Serroels
Quizás a muchos puede llegar a parecerles saturador el tratamiento mediático recibido por el controvertido asunto de la instalación de dos plantas elaboradoras de pasta de celulosa en territorio de la República Oriental del Uruguay.
Pero a modo de justificación debe aclararse que, precisamente, una constante y adecuada difusión de cuanto concierne al tema, sobre todo en lo que tiene de peligroso para la salud, es la mejor herramienta para enfrentar acciones unilaterales que no pueden cobijarse en razones de soberanía nacional. Y la toma global de conciencia de los diferentes sectores es una base sustancial para asumir posiciones y sumarse a la lucha colectiva.
Lamentablemente no todo el periodismo se ha involucrado en la forma deseable, habiendo quienes incluso desconocen la cuestión por supina ignorancia o por simple desinterés. Este semanario se comprometió desde un principio en una cruzada que fue tomando particulares caracteres y que no acepta retorno alguno por los valores que están en juego. En ese compromiso se sustenta el hecho de que hoy estemos abordando nuevamente el problema.
Como si fuera poco el tiempo y el esfuerzo que a nuestros gobernantes le viene demandando encarar esa lucha junto a entidades ecologistas, donde sobresale la Asamblea Ambiental de vecinos de Gualeguaychú, contándose con importantes adhesiones de una diversidad de organizaciones no gubernamentales (ONG), ahora ha irrumpido un nuevo frente de conflicto, esta vez intra-frontera, que agrega preocupaciones e incomodidades.
La revelación de que las provincias de Misiones y Corrientes no serán impermeables a cualquier propuesta de radicar plantas pasteras, en medio del diferendo planteado con las autoridades del vecino país, genera un estado de asombro e incertidumbre, porque los riesgos de impacto ambiental evaluados desde la zona de Fray Bentos hacia el sur se asentarán no sólo en el norte del río Uruguay sino también del río Paraná, según surja de la decisión que adopten dichos Estados mesopotámicos.
La presencia del magnate inversionista Douglas Tompkins, dueño de 300.000 hectáreas en la zona de los Esteros del Iberá, alienta los propósitos correntinos en tanto mantendría las intenciones de explotar industrias a partir de grandes plantaciones madereras. Olvidan en esa provincia la Espada de Damocles que pende sobre esa formidable reserva de agua dulce (la tercera del planeta) y también sobre varios departamentos provinciales por la próxima elevación de la cota de Yacyretá, cuya actual altura ya causa estragos en las cloacas de Posadas.
Este rasgo oportunista, cuando nuestros vecinos no pueden ignorar la lucha entrerriana, no hace otra cosa que dividir el flanco de protesta y fortalecer la artillería argumental de los uruguayos.
Es cierto lo que afirma el gobernador Jorge Busti cuando con mesurado optimismo reflexiona que una vez que los misioneros y los correntinos dispongan de información amplia, veraz, completa y fidedigna respecto del daño ambiental que provocan estas fábricas, han de cambiar de postura. Pero no debemos olvidar que en la tierra colorada han reivindicado su política de industrialización forestal defendiendo las actuales plantas en funcionamiento, con pretensiones de hacer creer que disponen de salvaguardas ambientales seguras.
Sin embargo, el director de Desarrollo, Ecología y Control Ambiental de Entre Ríos, Gabriel Moguilner, salió al cruce de estas expresiones, citando que las elaboradoras existentes tienen problemas que afectan al medio ambiente, en especial la Puerto Piray, que fuera clausurada en tres oportunidades. No es tema menor que calificadas voces se alcen contra nuevas plantas en la misma Corrientes, incluido el propio vicegobernador, que se coloca en la vereda opuesta al primer mandatario.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
