Silvio Méndez

Mientras en los últimos tiempos se han conocido importantes ventas de grandes superficies de campos a firmas del exterior y el interés concreto por muchas otras, desde la Federación Agraria Argentina (FAA) de Entre Ríos se ha renovado el pedido para que la cámara alta provincial trate una ley que condiciona este tipo de transacciones. La norma, con media sanción de Diputados desde julio de 2004, limita en el territorio entrerriano la compra a particulares o sociedades forasteras y establece una modificación de la Ley Orgánica de la Dirección de Personas Jurídicas para registrar la composición de sus figuras legales. A la sombra del desinterés oficial por atender este tipo de legislación, crecen dudas y sospechas por maniobras de lavado dinero, y aumenta la concentración económica en establecimientos agropecuarios de grandes superficies.

Hace ya casi más de un año, la prensa especializada anunciaba lo que calificó la mayor venta de tierra de la época. Sacudiendo el mercado inmobiliario, Amalia Lacroze de Fortabat vendía una de sus propiedades predilectas. El campo El Supremo, de 12.300 hectáreas, en el departamento Gualeguay, fue adquirido en junio de 2004 por la firma de capitales estadounidenses Adelco Agropecuaria en 30 millones de pesos. Este año, hace unos dos meses, se habría vendido otro predio emblemático de la provincia. La estancia San Pedro, en el departamento Uruguay, que perteneció al general Justo José de Urquiza, habría sido comprada por una sociedad cuya cabeza visible es Eduardo Elsztain, presidente de IRSA, una de las principales empresas inmobiliarias de la Argentina. Elsztain, también es tesorero del Consejo Judío Mundial, propietario de cinco shoppings en Buenos Aires, los hoteles Llao-Llao, Intercontinental y Sheraton Libertador y varios edificios que son íconos de la capital argentina, como el Rulero de Retiro, el Laminar Plaza, Catalinas y la torre de Microsoft. Además, Elsztain es el principal accionista del Banco Hipotecario y opera sus actividades agrícola-ganaderas bajo el nombre de la empresa Cresud. Si bien la transacción de la estancia San Pedro fue relacionada en sociedad con el grupo financiero de George Soros, Elsztain ya se habría desvinculado de hacer negocios con el magnate húngaro norteamericano. De acuerdo a lo que ha trascendido, sus nuevos accionistas son Sam Zell, uno de los mayores dueños de bienes raíces en Estados Unidos, y Michael Steinhardt, cabecera de un poderoso fondo de inversión. Si bien Elsztain es titular también de gran parte de los edificios de Puerto Madero y varios barrios privados de lujo en Buenos Aires, según La Nación gusta de la vida tranquila y al aire libre para ir de vacaciones. Es por eso que a principios de año compró una estancia de 100.000 hectáreas en la Patagonia, en la Península Quetrihué, sobre el Lago Nahuel Huapi, por la que habría pagado unos 10 millones de dólares. Es tan extenso ese campo que va desde Villa La Angostura hasta un extremo del Bosque de Arrayanes. Su última adquisición, según confirman diversas fuentes ligadas al medio rural entrerriano, es precisamente la propiedad que desde 1846 estuvo en manos de Urquiza. Se trata de un predio inmenso, del cual las 6.500 hectáreas que quedaron sus actuales descendientes del que fuera presidente de la Confederación Argentina, dedicaban a la producción agrícola ganadera y en cuyo histórico e imponente casco se realizaban actividades de turismo rural. No se difundieron los términos del negocio, pero se calcula que el precio por hectárea en la zona oscila entre 4.000 y 5.000 dólares.

Este tipo de transacciones, de grandes superficies y considerables volúmenes de dinero, que en apariencia pueden presentarse como ocasionales, parecen suceder casi periódicamente. Los operadores e intermediarios comerciales de propiedades ofrecen continuamente tierras por decenas de miles de hectáreas que se ubican tanto en el extremo norte en Feliciano, hasta en zona de islas al sur de la provincia. Del mismo modo, compradores de diversos puntos del globo se interesan por las “ventajas naturales” de Entre Ríos. Sin ir más lejos, el domingo en El Diario de Paraná, integrantes del grupo chileno Errázuriz expresaron su interés por comprar tanto el frigorífico de Gualeguaychú como una superficie de entre 4.000 y 5.000 hectáreas en la provincia. De acuerdo a lo expresado por el gerente de la empresa, Guy Barroilhet, que declaró su repentino enamoramiento por estas tierras, la idea es contar con un predio para realizar cultivo de maíz y soja que sirva para engorde de animales. El ideal lucrativo es poder faenar sus propios ganados aquí también y luego integrarlos a la cadena de grandes supermercados que posee el grupo en el país trasandino. “Hoy se hace cada vez más importante tener una fuente asegurada y participar en la producción que tenga mayores ventajas comparativas”, apuntó Barroilhet. Y sin dudas, tal cual sus palabras, la oportunidad que le ofrece Entre Ríos para sus transacciones le parece un “manjar para los dioses”.

En tanto, desde la Federación Agraria Argentina (FAA) volvieron a reiterar el pedido para que la Cámara de Senadores de la provincia trate el proyecto de ley que regula la compra y venta de tierra a extranjeros. En esta prédica, el representante de la FAA, Alfredo Bel, mencionó que en Entre Ríos se estima que hay alrededor de un millón de hectáreas en manos de particulares o sociedades extranjeras. Si bien no hay datos oficiales, el representante gremial afirmó que este número se desprende de un prorrateo en correlación con la información a nivel nacional, que se calcula en un total de 16 millones de hectáreas, y un análisis y relevamiento propio que han realizado departamento por departamento con “informantes calificados”. La cifra que arrojó Bel correspondería a un número de entre 15 y 18 por ciento de la superficie provincial y que crecería paulatinamente. “Se siguen comprando pequeños y grandes campos por parte de empresas extranjeras o sociedades anónimas, cuyos dueños no conocemos ni sabemos de dónde vienen sus recursos”, aseguró. En este sentido, la FAA tanto a nivel nacional como provincial fogonea por la sanción de legislación que limita y condiciona la venta de tierras a personas físicas o jurídicas foráneas.

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