Jorge Riani
El Consejo de la Magistratura de Entre Ríos ha cosechado elogios, motivados en dos etapas valiosas que se contemplan para la designación de jueces, como son el análisis de antecedentes de los postulantes y el concurso por examen anónimo. Pero el sistema despertó la expectativa de mejoras y el entusiasmo, principalmente, por su irrupción en la escena judicial tras largos años en los que el poder político abusó de la designación a dedo para cubrir los cargos más importantes en la Justicia. Sin embargo, a poco de andar, son varios los cuestionamientos a un método por el cual termina primando la discrecionalidad sobre la idoneidad de los postulantes. Ya se habla de favoritismo, de beneficios motivados en relaciones íntimas entre ganadores y evaluadores, y de entidades fuertemente influenciadas por la dádiva generosa del poder político. Hubo un pedido formal de que el Consejo de la Magistratura perfeccione el sistema, en lo que constituye una advertencia valiosa ante una ola de jubilaciones que se anuncia en el Poder Judicial.
Sólo la alevosía como condimento indispensable de una tradición de designaciones a dedo era motivo suficiente para darle la bienvenida a un sistema que acorte el poder discrecional de la dirigencia política en el nombramiento de jueces. Por eso, para el gobierno provincial la tarea de vender a la consideración pública la idea del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos no costó muchos esfuerzos. Traducido en mensaje ficcionado, lo que el oficialismo dijo fue algo así como que es tan bueno el sistema propuesto, que nosotros ya no podremos poner a nuestros amigos en los cargos judiciales con tanta facilidad.
Pero la realidad demuestra que, a pesar de la intervención de varias entidades en el proceso de la selección de jueces sobre una terna propuesta por el gobernador, aún es posible que los favoritismos cosechen resultados. En un reciente documento firmado por magistrados y funcionarios del Poder Judicial, remitido a los integrantes de la comisión directiva del Consejo de la Magistratura, se sugiere que la audiencia pública -una de las escalas del proceso que debe pasar el postulante- “sea la segunda instancia o la tercera, pero sin conocer el puntaje de oposición”, y considera que “esto aseguraría mayor transparencia, objetividad e imparcialidad, puesto que así, los concursantes serían evaluados sin conocer el orden de mérito, y se evitaría cualquier posible manipulación de dicho orden”.
La sugerencia es la expresión correcta y amistosa de lo que en términos de intimidad se expresa con mayor crudeza: la fuerte sospecha de que también en el Consejo de la Magistratura se da aquello de que “hecha la ley, hecha la trampa”. Es así como se habla de amiguismo y, en algún caso, de preferencias que pasan por las relaciones íntimas de algunos beneficiados con miembros del cuerpo multisectorial que evalúa a los postulantes.
La grieta por la que se filtra la especulación está dada por el poder discrecional de quienes terminan decidiendo sobre 20 puntos, sobre un total de 100, que es el máximo que se le puede otorgar a un candidato que concursa. El tema es que los ternados pelean centésimo a centésimo en la carrera hacia el cargo: primero, por antecedentes, donde cada aspirante al cargo judicial sabe de antemano cuántos puntos, de los 40 como máximo, tienen según los años de experiencia profesional y laboral y las especializaciones; segundo, el examen, que se rinde en forma anónima, en el que se puede obtener como puntaje máximo también 40 puntos; y tercero, la audiencia pública, donde cualquier ciudadano puede intervenir para preguntar y cuestionar al candidato, tras lo cual un cuerpo de ocho personas que formen parte de algunas de las instituciones del Consejo de la Magistratura dan un puntaje que puede alcanzar hasta 20 puntos.
“En una carrera donde se ha dado que dos candidatos pelean por centésimos, que un equipo de ocho personas pueda decidir sobre 20 puntos termina siendo de una discrecionalidad que lleva a que el sistema haga agua en cuanto a transparencia”, observó un conocedor del tema.
Hay quienes afirman, incluso, que sólo de ese modo se puede dar que quien más puntaje logró en el examen, termine perdiendo. “No hay fundamentación respecto del reparto de puntos, y lo peor es que se hace como instancia final, donde los examinadores pueden bajarle el pulgar a un candidato, sabiendo exactamente cuántos puntos deben darle para dejarlo fuera de carrera”, comentó un segundo entrevistado en diálogo con ANALISIS.
Es así como en el reducido ecosistema judicial se habla a viva voz del caso de una persona que consiguió el mejor puntaje, acaso por la relación íntima que mantiene con un integrante del Consejo de la Magistratura. Esta es una versión circulante.
“Es muy difícil -dijo un experto en el tema- salir a cuestionar el sistema que se aplica en el Consejo de la Magistratura, por varios motivos. Porque al lado de lo que existía, es un avance en la calidad de la selección de jueces, y porque en la comisión directiva hay personas que trabajan muy bien. De todos modos la experiencia da cuenta de que aún ante la mirada de más de uno es factible que se sigan filtrando las manipulaciones. Se trata de plantear las críticas, en medio de los elogios que se escuchan, para perfeccionar el sistema”.
La visión crítica que se propone cobra fuerza frente al inminente acogimiento a la jubilación por parte de varios magistrados, entre los que se cuentan el juez de Instrucción Héctor Toloy y el camarista Civil Reynaldo Gagliano.
Tejiendo más fino, algunas voces críticas del sistema del Consejo de la Magistratura, consideran que frente a un poder político que ha demostrado una fuerte vocación de hegemonía, por las instituciones mismas se puede colar el interés político. “En una provincia atravesada por el poder, no hay que bajar la guardia en nada”, dijo uno de los entrevistados, para hacer notar que “el gobierno se ha caracterizado por comprar amigos con la chequera generosa del Estado”.
Voluntad de manejo
Hay que recordar que este gobierno, que impulsó el sistema vigente, fue blanco de críticas de la oposición cuando avanzó en una serie de modificaciones de la Orgánica del Poder Judicial y del Ministerio Público. Concretamente, se denunció lo que en los primeros pasos de la gestión parecía que se orientaba a tener un mayor manejo ante los recursos de amparo -herramienta especialmente utilizada en los últimos años para que el Estado cumpla con sus obligaciones-, al concentrar el poder de decisión en una sala fuertemente identificada con la gestión justicialista. “No es lo mismo un amparo resuelto por el pleno de los vocales, que por un cuerpo reducido donde aparecen afinidades, sea porque se fue socio en el estudio jurídico del gobernador, o porque se fue senador justicialista, o por ser directamente un simpatizante del partido”, se observó entonces.
Cierto es que la supuesta vocación transformista se frustró apenas este gobierno tuvo que llenar dos sillones vacíos en el más alto tribunal de la Justicia entrerriana. Fue cuando se designó para el cargo de vocales del Superior Tribunal de Justicia a las entonces juezas de Instrucción Susana Medina de Rizzo y Leonor Pañeda. Por esos días, el camarista penal Felipe Celli había dicho que “el mecanismo perverso de designación de magistrados y funcionarios judiciales con el dedo del gobernante de turno se hace más efectivo que nunca en este caso”, y hasta habló de la “chatura y bajo nivel académico” de las vocales incorporadas. De todos modos, también el camarista Celli había elogiado, paralelamente, al entonces flamante sistema del Consejo de la Magistratura. Sólo con el correr del tiempo y a partir de algunas experiencias concretas comenzaron a escucharse, en el ámbito de los abogados y funcionarios judiciales, algunos puntos críticos.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
