Jorge Riani
Tras el informe de ANALISIS que puso en debate el modo de regulación de honorarios de los abogados en la provincia, se sumaron nuevos testimonios que alimentan los argumentos respecto de la Ley 7.046 de Aranceles de Abogados y Procuradores, que había sido calificada como “carnicera” por un abogado entrevistado. A partir de la publicación, en el seno de la Legislatura se dijo que la norma podría ser modificada para evitar las desviaciones de la que echan mano los profesionales inescrupulosos. Mientras muchos abogados reclamaron que se deje aclarado que hay hombres y mujeres del Derecho que trabajan con pautas éticas como norte, en sus dichos ratificaron que la ley deja baches por donde se pueden colar las injusticias. Las mismas que determinan que un demandante puede ganar un juicio y terminar perdiendo en la pulseada con su abogado al momento de repartir lo que se recaudó.
Beneplácito, enojos, aclaraciones, precisiones, nuevos casos y un estudio de factibilidad para modificar la Ley de Aranceles generó la nota central de la edición anterior de ANALISIS, donde se ponía en debate el sistema de regulación de honorarios de los abogados entrerrianos. Se lo hacía a partir del relato de una serie de casos que revelaban que muchas veces el demandante que ganó un juicio terminó sin cobrar un peso, mientras que su abogado logró sí hacerse de la totalidad de los honorarios. Ese fue el insumo inicial del informe, y no se trata de un caso aislado como quedó demostrado por la totalidad de ejemplos.
Resulta, por cierto, muy difícil lograr un testimonio directo de profesionales para centrar posición sobre un tema tan espinoso como son los honorarios. Entre quienes pidieron que no se generalice y se mostraron disgustados con la nota, entre quienes admitieron no tener ningún interés en ponerse en contra a casi todos sus colegas y quienes evidenciaron no tener ni un gramo de vocación por dejar de ser partes de una corporación hiper-rentable, se diluye la posibilidad de discutir el tema de los aranceles profesionales. Los casos narrados en el primer informe tanto como en este -hay que decirlo claramente- son reales y las apreciaciones respecto de la Ley 7.046 de Aranceles de Abogados y Procuadores que aparecen entrecomilladas no fueron formuladas sino por abogados que pidieron reserva de sus nombres. Queda claro eso con las certeras críticas incluidas en el artículo inicial, propia de quienes conocen la norma.
De todos modos, con la reserva de los nombres fue posible conocer no sólo los casos descriptos en la nota anterior que hablan claramente de un sistema que posibilita los abusos (ver recuadro) sino que también los recodos más oscuros de la Ley 7.046, en nombre de la cual muchos abogados lograron hacer crecer sensiblemente su patrimonio. Se dijo ya: una buena Ley de Aranceles y un contexto de conflictos y crisis es el abono ideal en el que germina la industria de la demanda.
Intento de modificación
El diputado provincial Fabián Rogel (UCR-Paraná) tomó contacto con este semanario para reclamar los antecedentes que llevaron a escribir la nota, y a partir de ahí “se estudiará la conveniencia y posibilidad de modificarla para poner freno a las presuntas desviaciones que podría tener la Ley de Aranceles de la provincia”, señaló.
Hay que recordar que la legislación que regula el modo de fijar los pagos a abogados fue creada en 1983, por lo que se trata de una de las primeras leyes nacidas en la joven democracia, para el caso hecha a imagen y semejanza de los intereses del conjunto de lo abogados.
Hasta este momento nunca hubo intención de modificar la norma e incluso el titular de un conocido estudio jurídico observó que se trata de una ley que “fue hecha por los abogados” y que no hay posibilidad de que sea modificada porque están en juego los intereses de una corporación de la que casi todos los políticos profesionales forman parte y de la que gozan al volver al llano.
Se habló en la nota anterior, además, de la acción de los abogados cazafortuna, de los casos que terminan en un absurdo entramado de complejidad y generan una fortuna en honorarios (como el caso Talagañis). No son pocos los caminos del pleito que desata una pesadilla para el demandante.
Tras el informe del jueves pasado, un lector recordó detalles escabrosos de un pleito que mantuvo con una entidad crediticia y que alguna vez también fue comentado en este medio. Se trata de un productor agropecuario que había pedido un crédito de 120.000 pesos para lo cual puso sus bienes como garantía. Pagó 20.000 pesos en cuotas, y comenzó a demorarse hasta que acumuló 10 cuotas adeudadas, pero el horizonte de solución se dibujaba en las acreencias que mantenía con comercios instalados en la capital entrerriana. Por un lado debía, pero por otro estaba en posibilidad de ejecutar cobranzas, sin dudas con muchas menos herramientas que las que cuenta un banco.
Todo iba bien y en entendimiento entre abogado propio y del banco, hasta que -a pesar del compromiso de pago- le precintaron su portón con una faja de embargo. El productor logró liberar la prenda de sus bienes cuando pagó 10.000 pesos para el abogado ajeno -que cobró el 10 por ciento no sobre la deuda sino sobre la totalidad de la operación- a lo que debió sumarle unos 2.000 pesos para su propio representante, lo que suena lógico en este caso. De ese modo, el productor puso uno sobre otro los billetes hasta completar 33.000 pesos a fin de pagar los 20.000 que debía. En el juego de los porcentajes también puede haber una chance de sumar honorarios y la ley en eso no tiene contemplaciones.
(más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
