Sandra Míguez

El Senado provincial, con mayoría absoluta del oficialismo, aprobó modificaciones a la ley 9.501 de Salud Sexual y Reproductiva que fue sancionada en julio de 2003. Los cambios introducidos borran del texto toda componente desde la perspectiva de género para insertar la postura que profesa la Iglesia Católica sobre la familia, una arremetida que viene creciendo y que ya ha imposibilitado avanzar en otros proyectos que pretenden garantizar los servicios para miles de personas que sólo tienen acceso si el Estado provee una cobertura integral en salud sexual. El proyecto de modificación, que ahora deberán analizar los diputados, no se ajusta a los lineamientos que se están desarrollando desde el Ministerio de Salud de la Nación, que ya ha expresado su preocupación por la letra de la nueva norma, según pudo saber ANALISIS.

Los más optimistas sostenían que el proyecto pasaría a comisión, donde seguramente se daría un nuevo debate, y se analizarían las distintas posturas sobre el tema. Sin embargo, la mayoría abrumante que tiene el Partido Justicialista en la Cámara de Senadores, permitió que el martes a la noche se lograra imponer las modificaciones a la Ley Número 9.501 de Salud Sexual y Reproductiva, imponiendo la postura oficial de la Iglesia Católica.

La Iglesia, que al momento del debate de este proyecto de ley, había participado como un miembro más planteando su posicionamiento junto con otros referentes sociales, y representantes de otros credos religiosos, no se quedó tranquila, y con las modificaciones actuales logró lo que no pudo conseguir en 2003: desarticular un arduo trabajo que había alcanzado un consenso plasmado en la sanción de la ley en julio de ese año.

Las modificaciones aprobadas esta vez en el recinto del Senado echan por tierra ese consenso alcanzado, y con él se pierde un aporte sustancial en materia de derechos humanos, la posibilidad de que personas sin recursos, jóvenes y adultos excluidos, queden nuevamente al margen de un sistema de salud en materia sexual y reproductiva, que les garantice la asistencia a insumos básicos.

Una de cal y dos de piedra

Desde junio de 2003, en que fue aprobada la ley, los distintos representantes de la Iglesia Católica no han dejado de mostrar su disgusto, toda vez que se hablaba del tema sexual.

Para muchos, esta fue la razón por la cual desde entonces y hasta la fecha, la ley 9.501 no había sido reglamentada, sin hablar de las marchas y contramarchas que se produjeron en el Consejo General de Educación (CGE), cada vez que se pretendía articular un programa de educación sexual en las escuelas.

Pero el momento más referencial, se produjo con el debate en torno al proyecto de ley que pretendió garantizar el acceso a la vasectomía y ligaduras de trompas en hospitales públicos como alternativa de método anticonceptivo para quienes tuvieran la indicación de un profesional médico. El proyecto que ya había conseguido la aprobación de la Cámara de Diputados, debía ser discutido en el Senado.

En una llamativa coincidencia, mientras se analizaba este tema en la Cámara Alta, en su despacho el gobernador Jorge Busti, recibía al arzobispo de Paraná, monseñor Mario Maulión, con lo cual inmediatamente el proyecto fue desestimado.

Esta vez aparece una nueva carga, de manos de los senadores Mariano López (PJ-Colón) y Graciela Zambón (UCR-Federación), seguidos por sus pares del oficialismo, quienes con argumentos parecidos a los de la edad de piedra pretendieron justificar lo que resulta una clara embestida de la Iglesia.

La ley 9.501 que creaba un Sistema Provincial de Salud Sexual y Reproductiva y Educación Sexual, garantizaba plenamente los derechos sexuales y reproductivos, respetando la diversidad en torno a la sexualidad, posibilitaba el acceso universal a servicios e insumos de salud sexual y reproductiva y a políticas de educación sexual, se ve seriamente amenazada.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)