Luis María Serroels

Una sana práctica política aconseja que los que ocupan importantes cargos deben tener incorporado como atributo esencial el respeto y la ponderación frente a todos los sectores de la sociedad y tener un especial cuidado en el nivel de cada discurso para que el debate de ideas no supere los límites básicos de la razonabilidad.

El conflicto docente en nuestra provincia, generado por la falta de respuesta a las legítimas demandas planteadas por los gremios ante el Poder Ejecutivo, exhibe hoy que, a sus componentes genuinamente reivindicativos, se le ha comenzado a sumar el endurecimiento del mensaje oficialista, al que se le están incorporando expresiones no exentas de agresividad y, más grave aún, el empleo de datos que no se compadecerían con la realidad y el uso de menciones consideradas falaces por sus destinatarios.

Como detonante que se expande desde las descalificaciones que se han hecho respecto de la dirigencia sindical, atribuyéndole un poder de convocatoria y alineamiento absolutista frente a sus afiliados, cuya dimensión dista de ser real y sólo mensurable desde la paranoia que se ha instalado en ciertos despachos, se ha optado por dirigir los rifles dialécticos hacia los asesores legales de las entidades en conflicto.

No son fáciles de comprender las razones que impulsan los ataques que salen desde el Consejo General de Educación, orientados hacia la dirigencia gremial, en un rosario de imputaciones y amenazas que trascienden su ámbito formal, al efectuar definiciones más propias del presidente del CGE, sumido por alguna razón en un extraño silencio.

Que se esté disgustado por la firmeza de la postura sindical no nos corresponde juzgar y es cuestión abierta para la evaluación de los sectores en pugna.

Pero luego de leer declaraciones a través de la página web del gobierno provincial, donde se arremete sin miramientos contra los abogados que brindan los servicios de asesoramiento y eventual patrocinio a uno de los gremios, acusándolos de conducir a los docentes al camino de la ilegalidad (sic), no podemos eludir algunas reflexiones sobre tan sorprendentes manifestaciones.

El vocal Víctor Fassi, denotando disponer de referencias claras y contundentes respecto de las tareas profesionales de estos letrados, afirma, en el caso particular del doctor Héctor Fischbach, que "los maestros deben entender que tomando el camino de la judicialización del conflicto, arrojará como único ganador a la familia de este letrado por los suculentos honorarios que esperan percibir, como lo hicieron en el nefasto período de gobierno de Sergio Montiel". Y añade que "los directivos de AGMER conocen que Fischbach y sus familiares, también abogados del gremio, se han hecho millonarios con los honorarios por los planteos docentes. Y ahora pretende justificar que un trabajador puede cobrar normalmente un día no trabajado por adhesión a un paro. Eso no existe en ningún lugar del mundo. Pero la cuestión parece ser seguir haciendo juicios. Llama la atención que, concientes de ello, los dirigentes no actúen".

En verdad lo están haciendo y no en el sentido que el vocal desearía, ya que el lunes 22 la secretaria de Organización de AGMER, Cecilia Moya, por una emisora radial, desmintió a Fassi afirmando que el abogado en cuestión actúa por expreso poder y mandato de un congreso gremial y que más de una vez el doctor Fischbach les ha desaconsejado iniciar determinadas acciones.

Reveló asimismo que su estudio jurídico, durante los amparos provocados en el gobierno radical, luego de descontar de los honorarios los gastos de rigor, procedió a donar el excedente a dos hospitales públicos de esta ciudad.

Los dichos de Fassi parecen sugerir que la dirigencia no estaría reflexionando correctamente a la hora de evaluar el conflicto, cayendo ingenuamente en la voracidad de su asesor y resultando así funcional a sus intereses económicos. Por ello se advierte cierta intención de provocar un distanciamiento entre las autoridades de AGMER con sus letrados, algo que resulta harto difícil conociéndose el modo en que están planteadas sus relaciones.

Desde luego que las palabras del vocal no fue necesario confirmar, habida cuenta de la fuente irreprochable en que se publicaron. Por ello es que se nos ocurrió consultar a la otra parte con interrogantes precisos y de esa charla surgieron interesantes elementos.

Por ejemplo, el abogado aludido en las gruesas frases pronunciadas por el funcionario del área educativa, visiblemente incómodo, nos señaló en diálogo radial que las alusiones a miles de amparos presentados por estos días con planteos vinculados al descuento por los días de paro de los docentes no son tales y responden a una falacia cuyo origen y objetivos no acierta a establecer.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)