D. E.

Aunque parezca mentira, nada indica en la justicia entrerriana que las dos causas más emblemáticas de los últimos tiempos, por graves hechos de corrupción, como la de los ATN de la fundación Aciser y la de los millones en el Uruguay del ex vicegobernador Domingo Daniel Rossi, convoque a juicio oral y público a sus imputados, antes de las elecciones de octubre. Los dos gruesos expedientes fueron elevados para el debate en el año 2003, pero el festival de apelaciones de sus abogados y la falta de firmeza judicial, derivaron en una vergonzosa desidia. A ello se sumaron las especulaciones políticas de magistrados y funcionarios, en pos de los ascensos en los escalones tribunalicios. En tanto, la Oficina Anticorrupción de la provincia, que está constituida como querellante en la causa que involucra al ex funcionario Oscar Mori y a la ex concejal de Paraná Liliana Morard (PJ), no movió un dedo para reclamar respuestas a la justicia, precisamente por las relaciones carnales de algunos de sus asesores con los imputados. Hace unos días, el abogado de Morard volvió a pedir la probation para su defendida, pese a que tal instancia ya había sido rechazada el año pasado, según confirmó ANALISIS.

Está claro que la corrupción de guante blanco interesa poco y nada en la justicia entrerriana, salvo honrosas excepciones, en las que se intenta luchar contra viento y marea, pese a presiones y mensajes codificados de magistrados y funcionarios de alto vuelo. De otra manera no se entendería que las dos causas más emblemáticas de los últimos ocho años sigan girando en “U” en los despachos tribunalicios, tal como sucede con los casos por las cuentas millonarias en la República Oriental del Uruguay del actual intendente de Santa Elena y ex vicegobernador, Domingo Daniel Rossi (PJ). Apostando a alguna estrategia en pos de lograr sus respectivas prescripciones -más allá de que toda elevación a juicio, en principio abortaría tal instancia- o encontrar determinadas nulidades que hagan caer las acusaciones (tal como ocurriera con las sonadas 25.000 cajas de alimentos del primer gobierno de Jorge Busti, con un desfalco de cientos de miles de pesos que terminaron en la nada sin que nadie se haga cargo de culpa alguna, y con un Jurado de Enjuiciamiento que terminó absolviendo al juez Héctor Toloy y a la fiscal Leonor Nader), los abogados de los acusados fueron pergeñando los más variados planes maquiavélicos para evitar la condena judicial.

Los dos casos tuvieron casi un idéntico escenario: fueron elevadas a juicio en 2003 -o sea, un año de elecciones generales-, tuvieron hábiles abogados que plagaron de planteos el camino hacia el juicio oral y público y siguen girando en torno a las especulaciones político-judiciales.

Rossi está procesado por enriquecimiento ilícito y el expediente fue enviado en octubre de 2003 por el fiscal de La Paz, Enrique Martínez, quien lo investigó durante seis años, en un caso que sentó precedente para la provincia y para los propios uruguayos, porque la justicia de ese país ordenó abrir el secreto bancario de dos entidades crediticias, aún antes del procesamiento del juez Carlos Trajtenberg. Fueron varias las cuentas detectadas en el vecino país, a nombre de Rossi, su madre jubilada, su hermana y su ex esposa, que fue la primera persona que lo denunció en ANALISIS en 1997 y luego acudió a la justicia. “Antes de elevar la causa a juicio, en el último informe que se recabó de la justicia de Uruguay, se notaba la existencia de más de 10 cuentas paralelas”, reveló el fiscal Martínez. En ese sentido, detalló que “al solicitar la apertura del número de cuenta con que se contaba en el juzgado, en el informe que remite el banco uruguayo aparecían otros números de cuenta, además de las que ya se conocían”. Esas primeras cuentas, de los bancos ING y Surinvest, mostraban más de 2 millones de dólares, al momento de cerrarlas, pero había otro dato preocupante: entre 1990 y 1997 transitaron por allí “no menos de 48 millones de dólares”, acotó Martínez. Rossi tuvo como abogado a Julio Federik, pero quien diagramó su estrategia fue Carlos Neumann, considerado su principal ladero y testaferro, fallecido a fines de octubre del año pasado, producto de un coma diabético.

Con la caradurez que siempre caracterizó su vida, Rossi siempre buscó desmentir los documentos enviados por la justicia uruguaya. A principios de este año llegó incluso a enviarle una carta a El Diario para remarcar con insistencia ese concepto, aunque el hecho pasó desapercibido para la mayoría de los medios. “No es verdad que esté comprobado que haya depósitos por 4 millones de dólares, ni movimientos por 48 millones de la misma moneda, en cuentas que reitero nunca tuve, ni tampoco las personas a las que, directa o indirectamente, se involucra”, afirmó. El intendente, evidentemente, olvidó que fue su propia ex mujer, Isolina García, quien comprobó que Rossi le había generado una cuenta en el Banco Surinvest de Montevideo, sin siquiera consultarla e incluso pudo retirar 10.000 dólares. Y tras la publicación del semanario, Rossi cruzó al Uruguay y dispuso su cierre, como así también de las cuentas a nombre de su madre y su hermana. “Lo único que se afirma en el expediente es que no se ha justificado una suma de alrededor de 570.000 pesos, que surge del peritaje parcial, pues tal como lo consigna la nota aparecida en la fecha, se toma el período comprendido entre 1991 (últimos meses de mi función como vicegobernador) y 1997, habiéndose obviado el tiempo desde que efectivamente ejercí la Vicegobernación de la provincia, desde 1987 y los anteriores correspondientes al inicio de mi actividad privada y como presidente municipal de Santa Elena, entre 1983 y 1987”, dijo Rossi en la carta. “Esa es la razón por la que aseguro estar tranquilo, porque creo en la justicia, donde la Cámara interviniente ha mandado profundizar todas las pruebas, así como ha ordenado se produzcan nuevas, además de las ofrecidas y solicitadas y entre ellas habrá de incorporar ese lapso omitido en la instrucción y que motivara los fundamentos para elevarlo para que se me juzgue y que en esta etapa seguramente será materia de un minucioso peritaje”, agregó luego.

El tribunal en cuestión está conformado por Silvia Nazar, Jorge García y Raúl Herzovich, quienes desde octubre de 2003 vienen requiriendo informes al Uruguay -o sea, se cumplirán dos años próximamente-, cuando después de tan profusa investigación, como la realizada por el fiscal Martínez, podrían haber cerrado el caso y llevarlo a juicio. Nazar es la única magistrada con cargo efectivo como camarista. García y Herzovich ganaron sus respectivos concursos ante el Consejo de la Magistratura, pero aún esperan la resolución definitiva del acuerdo del Poder Ejecutivo. “Nadie duda que las especulaciones existen; ningún magistrado se va a meter contra el poder político del oficialismo, estando en una situación endeble”, indicó una fuente judicial, que conoce al dedillo los manejos que se generan alrededor de nombramientos y designaciones. Incluso, hay quienes recuerdan que hubo una instancia en la que el juez Herzovich (porque sigue en ese cargo, más allá de su subrogancia como camarista desde hace ya un buen tiempo) le habría planteado a sus colegas -Nazar y García- su decisión de renunciar a ese lugar si se concretaba el juicio al ex vicegobernador Rossi antes de la resolución final con su ascenso.

Tanto desde el gobierno como de la propia cúpula del Superior Tribunal de Justicia (STJ) -liderado por el amigo personal del gobernador, Daniel Carubia-, le dieron garantías suficientes. La realidad indica que se está a mediados de septiembre y no existe fecha tentativa de juicio oral a Rossi, que, mientras tanto, sigue sonriendo y gozando de los placeres del poder y la impunidad. En el oficialismo tienen bien claro qué significaría que el ex vicegobernador prenda el ventilador y cuente de los millones de dólares que el viento se llevó, fundamentalmente en tiempos del proceso privatizador del frigorífico Santa Elena, en 1990, etapa final de la primera gestión bustista. No es casual que los movimientos de las cuentas en el Uruguay comiencen en ese año.

El otro caso

Algo similar ocurre con la causa por los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por casi un millón de pesos-dólares, entregados a la fundación Aciser que lideraba la ex concejal Liliana Morard (PJ) y el ex secretario de Reforma del Estado y Control de Gestión, Oscar Horacio Mori, actualmente procesados, al igual que el ex tesorero de la fundación, Gabriel Sola. Cuando todo estaba previsto para que el juicio oral y público arrancara el 1° de junio, un insólito planteo realizado por el abogado Guillermo Bonabotta -que defiende a los tres imputados por malversación de fondos- tronchó el arranque. El argumento de la demora fue que faltaban producirse pruebas, que debían llegar desde el Juzgado Federal Penal Económico Número 7 de Capital Federal, a cargo de Guillermo Tiscornia, donde se tramita la causa “Moine, Mario Armando y otros sobre contrabando agravado”, originada por la compra de cuatro equipos de medicina que ingresaron al país adquiridos por Aciser. No obstante, el abogado de Moine, Julio Federik, dijo que el caso en Capital Federal ya estaba “archivado” y que era una “mera chicana” de parte de la defensa de los imputados para prolongar el inicio del debate.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)