Sandra Míguez
El caso de Rita Cerrudo, vuelve la mirada sobre la problemática de género y la dramática situación que viven muchas mujeres que no tienen la posibilidad de acceder a los derechos humanos básicos, como una educación sexual. Rita Cerrudo y Romina Tejerina, como tantas otras mujeres, muestran la realidad a la que se ven sometidas muchas jóvenes que no pueden acceder a los métodos de anticoncepción de emergencia en caso de violaciones, ni a una vida alejada de la violencia, ni a una red de contención familiar y social, por lo que terminan siendo nuevamente víctimas, esta vez de la doble moral y del doble discurso.
Rita Cerrudo fue llevada a juicio acusada de haber matado, el 10 de julio de 2003, a su hija recién nacida de ocho puñaladas con una tijera y haberla arrojado por la ventana del segundo piso del departamento donde vivía junto a su familia en el barrio Rocamora II, en Paraná.
En el juicio que se realizó a fines de julio pasado, el tribunal de la Sala II de la Cámara del Crimen de Paraná, integrado por Raúl Herzovich, Teresita Nazar y Jorge García, resolvió la absolución de la joven, al entender que los argumentos presentados por el fiscal eran contundentes. El alegato de José María Chemez se centró en los informes periciales que refieren que Rita Cerrudo sufrió un trastorno mental transitorio y actuó bajo un estado de shock y de presión de sus familiares, al tiempo que agregó que las pericias dejan en claro que “ella ni siquiera sabe que estuvo embarazada. No tuvo conciencia del acto, ya que no ocultó el cuerpo y no tiene registros en su conciencia del embarazo y del crimen. Sólo se angustia cuando se terceriza el episodio”.
El fiscal explicó que “los estudios de los profesionales dan cuenta de que existió una situación de enajenación y negación a la existencia de ese hijo”, así como puso énfasis en el rol que jugó la familia en esta situación, cuando la madre de la joven insistía con matarse si sabía que su hija estaba embarazada.
“En base a los informes, esta familia está enferma y necesita un tratamiento para superar ese inconveniente, ya que las presunciones de la madre de quitarse la vida por un embarazo fueron un factor importante en el desenlace fatal”, sostuvo el fiscal.
A propósito del caso de Romina Tejerina, la joven jujeña de 21 años recientemente condenada a 14 años de prisión por el asesinato de su hijo producto de una violación, la abogada María José Lubertino, expresó en una nota publicada recientemente: “Con Romina fracasó la familia y fracasó el Estado. Si la hermana, la madre, o las amigas no supieron brindarle contención o una solución, esto nos habla de que el drama ya no es personal, es social. Al no tener a quien recurrir la joven se encontró en una situación sin salida. El símbolo queda resumido en esa fantasía de querer ocultar el embarazo y, por si esto fuera viable, el nacimiento. ¿Cómo es posible que nadie se haya dado cuenta? Esto es parte de la doble moral y el doble discurso”, dijo la abogada.
Romina y Rita no son casos aislados, son la expresión más patética de la falta de un programa nacional de prevención de la violencia contra las mujeres.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
