Por primera vez el general y actual embajador argentino en Colombia, Martín Balza, aparece implicado judicialmente por hechos relacionados al Terrorismo de Estado, ocurridos mientras ejercía la jefatura del Grupo de Artillería Número 3 con asiento en Paso de los Libres (Corrientes). En esa localidad, el juez Federal Juan Ángel Oliva investiga la existencia de un centro de detención clandestina (no denunciado en el informe de la Conadep), conocido como Estancia La Polaca. En esa casa del terror y como parte del Plan Cóndor, mantenían secuestrados a militantes argentinos y (se sospecha), brasileros. Previo a ser llevados allí, las fuerzas conjuntas y con la complicidad de “marcadores” (militantes quebrados por la tortura), eran señalados en el paso fronterizo Uruguaiana-Libres. Según los dichos del concordiense y ex Servicio de Inteligencia del Ejercito (SIE), Carlos Waern (delator resentido), por La Polaca pasaron más de 200 dirigentes Montoneros mientras él era guardia en ese lugar. Contó además con lujos de detalles los distintos tipos de torturas, desde el llamado “teléfono de campaña” o picanas (descargas eléctricas en el cuerpo), hasta ejecuciones. Las declaraciones de Waern provocaron un fenomenal escándalo, tanto en Corrientes como en Brasil. Varios diarios de este país, pero en especial Zero Hora (Porto Alegre), investigó este mismo hecho y tituló “Casa Argentina puede esconder cadáveres brasileros”. Es que se sospecha que en ese campo puede haber una imprecisa cantidad de cadáveres enterrados.
Claudio Gastaldi
(desde Concordia)
De la importancia estratégica que Paso de los Libres tenía para la dictadura argentina y para las dictaduras del Cono sur, dan cuenta la cantidad de fuerzas de seguridad apostadas allí. Muchos de sus pobladores la sindican como una ciudad montada en “buchones”. A pesar de los escasos 25.000 habitantes, Paso de los Libres, en materia de fuerzas de seguridad, contaba en aquella época con la apoyatura de: Aeronáutica, Ejercito (con el Batallón y el Regimiento de Infantería); Gendarmería; Prefectura; Policía Federal; Policía de la Provincia y el Destacamento de Inteligencia 123. Sin contar que, cada uno tenía sus respectivos grupos de inteligencia.
El lugar conocido como Estancia La Polaca es, en realidad, un campo de unas 40 hectáreas, ubicado a la vera del río Uruguay y a pocos kilómetros de la ciudad correntina de Paso de los Libres. Rodeada por una frondosa arboleda y un imponente cañaveral, aparece una amplia casa (con sótano incluido), sobre la que se cuentan las más espeluznantes historias ocurridas en tiempos de la dictadura militar.
Aunque los pobladores de ese lugar no se ponen de acuerdo, fueron varios los que sostuvieron a ANALISIS y Diario Junio que, el cañaveral fue plantado para simular una fosa común. Ese convencimiento popular adquirió tanta relevancia en esta investigación judicial que se lo incluyó como una de las preguntas en las testimoniales.
Sobre esa estancia y desde hace años circula en Paso de los Libres el rumor sobre la existencia del “Informe Werns”, en rigor, un manuscrito adjudicado al ex agente de Inteligencia del mismo nombre, detenido por esta causa y actualmente con la custodia de Prefectura, pues en el juzgado temen por su vida. Ese informe, que Werns niega, pero que “reconoce la letra como muy parecida a la suya” forma parte del expediente judicial en el que se sustancia esta causa caratulada “Investigación Preliminar Delitos de Lesa Humanidad”.
Mucho de lo escrito en ese informe fue repetido por Werns en un programa televisivo (aunque al mejor estilo de Adolfo Scilingo lo negó en sede judicial), conducido por Ignacio Villanueva, uno de los periodistas de Paso de los Libres, que investiga el caso La Polaca. Werns describió la práctica de la tortura, asegura que se trataba de “largas sesiones” y menciona los tipos utilizados, como descargas eléctricas, quemaduras de cigarrillos, etcétera. Incluso cuenta una ejecución que la relata así: “estando el capitán interrogando a un detenido, otro logró escapar corriendo hacia el eucalital (en referencia a una plantación de eucaliptos). Alertado por los gritos de la guardia, corrió tras él y le efectuó varios disparos, matándolo”.
Esa casa, a la que otros diarios brasileros denominaron estância do pavor es de Arturo Bonpland, el propietario que se la alquiló al Ejército que, a su vez, la puso a disposición del Destacamento de Inteligencia Número 123 a cargo, entre otros del teniente coronel Francisco Javier Molina, el mismo que fue procesado en la causa conocida como “contraofensiva montonera” por el juez federal Claudio Bonadío. Molina tenía estrecha vinculación con el terrorífico Batallón 601 de Inteligencia (responsable de la planificación de los grandes movimientos llevados a cabo en el marco del Plan Cóndor) ya que, mientras éste se encargaba de los traslados de los detenidos-desaparecidos, el 123, era responsable de la movilidad y custodia, según la denuncia penal efectuada por María Paula Viñas con el patrocinio de los abogados libreños Jorge Olivera y Ramón Leguizamón, ante el juzgado federal de Oliva. Además, no es casual que justo durante esos años haya sido Molina y no otro quien estuviera en ese estratégico lugar.
El dato no es menor pues debe relacionarse con lo que ya se conocía que ocurrió entre los años 1979/80 con la llamada “contraofensiva popular”, diseñada por la organización Montoneros en el exilio. En el mes de julio de 2002, el periodista Miguel Bonasso cuenta que “Claudia Allegrini, compañera de Lorenzo Viñas menciona declaraciones del general Balza en el que este se refiere públicamente a la denuncia de un sargento de apellido González, que declara saber dónde estaba enterrado el cuerpo del hijo de Marcos Zucker. Y también dice haber visto bajar de un micro de la empresa brasileña Pluna a una persona de sexo masculino, de entre 25 y 30 años de edad, peladito. Esa descripción responde a Lorenzo en el momento en que desapareció”. Decía Bonasso en aquel momento: “El dato cobrará particular importancia cuando llegue a establecerse que Lorenzo Viñas fue detenido en Uruguaiana, ciudad brasileña fronteriza a Paso de los Libres, que está del otro lado del río. Después fue trasladado junto con el padre Adur a la quinta de Campo de Mayo, donde Silvia Tolchinsky los vio antes de que se los llevaran a uno de los vuelos de la muerte”.
Jorge Oscar Adur era un sacerdote católico tercermundista nacido en la localidad entrerriana de Nogoyá -del que ANALISIS se refirió en varios artículos en los últimos años- y está probado que desapareció el mismo día (26/06/80) y en el mismo lugar (Paso de Frontera Uruguaiana-Paso de los Libres) que Lorenzo Viñas. Para más datos, Adur viajaba a la localidad de Porto Alegre (Brasil) en la empresa General Urquiza bajo el nombre de Pedro Ramón Altamirano DNI 4.066.191.
En tanto, Viñas desaparece ese mismo día y en ese mismo lugar, mientras se dirigía a Río de Janeiro en la empresa de transporte Pluna en el autobús 7825, boleto 93034 en el asiento número 11. La contundente información fue aportada por la querella criminal presentada por los abogados Jorge Horacio Olivera y Ramón Leguizamón de la ciudad de Paso de los Libres.
El paso de la muerte
El informe, que Werns niega, pero que “reconoce la letra como muy parecida a la suya” forma parte del expediente judicial en el que se sustancia esta causa caratulada “Investigación Preliminar Delitos de Lesa Humanidad”. Allí, Werns luego de desglosar los distintos niveles de responsabilidad en la cadena de mandos del Ejército y de mencionar el “convenio” existente entre esa fuerza y Gendarmería Nacional, cuenta que se habilitó en la Aduana o paso de frontera que comunica a ambos países, una oficina de Migraciones especialmente destinada a los “marcadores”. Textualmente dice: “Cuando se detectaba a un guerrillero (sic) el marcador avisaba a su custodia, éste salía y con el mayor disimulo avisaba a Gendarmería y volvía a la oficina. Estos, lo derivaban al edificio de guardia donde lo detenían”. Werns menciona en ese escrito al Turco en obvia referencia al despiadado Turco Julián o Simón de quien dice: “estaba a cargo de los marcadores locales puesto allí por el Batallón 601, contratado como empleado civil”. Y agrega: “Como los detenidos superaban la capacidad de la chacra (La Polaca), eran buscados en altas horas de la noche por personal militar, con rumbo desconocido”. Aquí, Werns despliega hipótesis y dice “según los militares, eran llevados a la Brigada de Curuzú Cuatiá y de allí destinados a campos de Buenos Aires”. Probablemente, esto les haya sucedido a Viñas y Adur de quienes Silvia Tolchinsky cuenta que los vio en una quinta (otro centro clandestino) de Campo de Mayo, antes de ser llevados a uno de los “vuelos de la muerte”.
Continuando con las hipótesis, Werns agrega: “Existía también la firme certeza que algunos de los prisioneros eran eliminados en algún lugar no tan lejano por el tiempo que tardaban en volver”. En el expediente judicial se transcriben los dichos de una maestra que cuenta cuando uno de sus alumnos mencionó el hallazgo de un hueso fémur en ese campo. Además, existe frente a Libres una isla conocida como “Isla Pacú” que fuera inspeccionada por la justicia, debido a que se sospecha que también allí podrían existir cuerpos enterrados. En el expediente se cita al diario Sepa de Corrientes que da cuenta que “viejos ribereños señalaron que en tiempos de la dictadura militar grandes lanchones que pertenecían a la Prefectura Naval cruzaban en horas de la madrugada una o dos veces por semana y se dirigían a ese pequeño islote a metros de la costa”. La mencionada isla está frente a La Polaca.
En la declaración testimonial, Julio Heim, agricultor e hijo de Carlos Enrique, declara que trabajó con su padre en el campo La Polaca, que ahí arrendaban para que pastara la hacienda y que la casa (de La Polaca) estaba “aislada, rodeada de alambres y ocupada por militares”. Dijo que “nunca se acercaron a la vivienda, que los militares se lo impedían y que incluso cuando ingresaban al campo los vigilaban con prismáticos desde la casa y que observaban un gran movimiento de autos, civiles y militares, camionetas y camiones”.
El dato no es menor pues a Werns se lo intenta descalificar como “loquito” y “borracho” y uno de los principales implicados, el coronel Molina, pretendió desconocer los hechos cuando declaró “sin perjuicio de desconocer la existencia del lugar denominado La Polaca…”.
Es más, la justicia pudo probar que las descripciones que Werns hizo en el mencionado informe y en la nota televisiva acerca de las características edilicias de esa casa se correspondían con la realidad. En el informe Werns se especifican los grados de supuesta peligrosidad de los ciudadanos. Así, dice: “a las personas (con respecto a su ideología izquierdista, antecedentes y relación con la guerrilla se las calificaba numéricamente del 1 al 5…. Al 5 se lo identificaba como BP (Blanco Permanente) sobre los cuales se centraban los requerimientos (docentes, políticos, gremiales, profesionales, etcétera)”. Asimismo, señala que: “esta información a la que se iba agregando, se la vinculaba con las letras A y B: La “A” era de buena fuente y comprobada; la “B” dudosa. A la letra entonces “se le adosaba un número que reflejaba la confiabilidad de la fuente de información, siendo entonces A1 la más auténtica, en tanto, la B3 la más dudosa”. Como se observa, demasiada precisión para tratarse de un “loquito borracho”. Una vez más, queda en evidencia que la supuesta guerra, más que a guerrilleros estaba dirigida contra la sociedad civil o, como lo dice Werns a docentes, políticos, gremialistas, profesionales, etcétera.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
