Silvio Méndez
El los últimos días el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, anunció finalmente la decisión del gobierno oriental de apoyar la instalación de dos plantas de celulosa al margen del río Uruguay. Atrás quedó en mera intención la idea de que una comisión binacional realice un estudio de impacto ambiental para evaluar la continuidad del proyecto. Mientras crece la oposición social a las obras, el diferendo se encamina hoy a un sendero incierto de tribunales internacionales. Tan rápida y obcecada resolución de la flamante administración del Frente Amplio se desprende de los fuertes intereses atados al emprendimiento y la nula voluntad por enfrentarlos. El decisivo papel de los organismos multilaterales de crédito, la embestida de los países centrales en función de sus necesidades y la afirmación de un modelo basado en el monocultivo de eucaliptos. Una medida que afectará la vida, el ecosistema y la economía regional, en donde la provincia de Entre Ríos se verá directamente afectada.
La firme decisión del gobierno uruguayo de sostener a toda costa la cuestionada instalación de dos plantas procesadoras de pasta de celulosa en inmediaciones de Fray Bentos, frente a la ciudad de Gualeguaychú, no se puede entender si no se tienen en cuenta los grandes intereses en juego. Desde hace décadas, el vecino país posee leyes de promoción forestal por las cuales se fomentó el cultivo de árboles, y que la han llevado a contar con más de 600.000 hectáreas cubiertas. Asimismo, esta cifra es fruto de otros incentivos. Merced a la predisposición del Banco Mundial y otros organismos de “cooperación”, en 1989 Uruguay recibió un crédito por 400 millones de dólares para afianzar la producción maderera, por lo cual se implementó un sistema de reintegros y desgravación de impuestos a maquinarias e infraestructura. No parece ser casual que Ence SA de España, una de las firmas que pretende montar una de las fábricas a la vera del río Uruguay, por esta época -en 1990- adquiriera una importante superficie de terreno para la producción de árboles.
Desde distintas perspectivas y análisis, el derrotero de esta política de promoción forestal uruguaya no es ajeno a la carrera en que devino el intento por instalar estas dos mega procesadoras de madera. Se ajusta a una necesidad y escala de producción creciente desde los países centrales y la dependencia de provisión de materias primas que genera este esquema.
La lógica de este mercado en alza de pasta para papel demanda una infraestructura jurídica, política y física que Uruguay parece ofrecer como ningún otro país. Dinámica de crecimiento que, al fin y al cabo, acarrea una cadena de desenlaces que tiene como resultado la concentración y extranjerización de la tierra, la deforestación de bosques nativos y ecosistemas naturales y un alto grado de contaminación de agua, suelo y aire por la producción de la celulosa que afecta notablemente otros procesos económicos regionales.
Ante a esta problemática, que es difícil de desatender, la nueva administración del Frente Amplio uruguayo afirmó un compromiso institucional con este modelo económico de alto riesgo. La renovación política que esperanzó a muchos a ambos lados del río en nada parece cambiar un rumbo acicateado por los organismos multilaterales de crédito que condicionan con sus medidas el impulso de determinadas producciones funcionales a los países centrales. La línea del Presidente Tabaré Vázquez no sólo compromete el medio ambiente y la vida humana, sino el proceso económico de una amplia zona de influencias que involucra la misma provincia de Entre Ríos. En medio de una pirotecnia verbal cruzada, con argumentos que realzan una supuesta transparencia en las acciones gubernamentales, se han expuesto algunas cifras sobre crecimiento y generación de empleo que despierta dudas.
Tras estas cortinas de humo y falacias de progreso se ocultan medidas que, en definitiva, condicionarán la dependencia al monocultivo de eucaliptos en la región.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
