Jorge Riani
El escándalo de los alimentos vencidos y enterrados ya está en la Justicia. La causa quedó en manos del juez de Instrucción Héctor Toloy, considerado cercano al poder bustista. Se habla de un daño económico de 35.000 pesos, pero existen presunciones de que las pérdidas serían mucho mayores. A las denuncias que presentaron los diputados Osvaldo Fernández y Lucy Grimalt se podría sumar una tercera, a cargo de un abogado paranaense, que centre la atención en el acto administrativo de la compra de alimentos al empresario Sergio Taselli. En medio de todo, el coordinador de Políticas Sociales, Jorge Kerz, ha logrado frenar que se filtren por lugares insospechados más mercaderías vencidas.
Que la causa de alimentos vencidos haya caído en manos del juez Héctor Toloy es el reaseguro para el gobierno de que no será por el lado de la Justicia donde se origine el mayor dolor de cabeza por el affaire de los alimentos vencidos y enterrados en distintos puntos de la provincia. El peor escándalo que afecta a la actual gestión de gobierno se judicializó con las presentaciones que hicieron los diputados Osvaldo Fernández (UCR-Gualeguaychú) y Lucy Grimalt (La Red-Paraná), con el objetivo de que se determine la responsabilidad de la ex ministro de Salud y Acción Social, Graciela Degani, y la de sus subalternos, en la destrucción de alimentos vencidos o no aptos para el consumo humano.
Inclusive, el coordinador de la acción social de la provincia, Jorge Kerz, reconoció que cuando ve el trato que se le ha dado a los alimentos para distribuir entre la gente pobre le dan “ganas de ir a la Justicia”. Pero en diálogo con ANALISIS, el funcionario dijo que habrá que dejar esa tarea a la Oficina Anticorrupción. Precisamente desde esta entidad se anunció que recién dentro de un mes tendrán un informe, a la vez que su titular, Luis Pedemonte, le indicó a este semanario que “a primera vista no surge que haya algún hecho de corrupción, aunque sí puede haber negligencia”.
Sin embargo, entre los abogados consultados, no dudan en señalar que en la tipificación del delito que podría existir en este caso sobresale la de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Si bien se trata de un delito excarcelable, ante la presunta negligencia en el resguardo de los intereses del Estado, la importancia está en que con una presentación penal se abre la puerta a la demanda civil. “En el delito penal, muchas veces se pretende resarcir el daño ocasionado. No admite probation, es decir juicio a prueba, pero lo más importante es la demanda civil que determinaría que el condenado responda a nivel personal”, describió un profesional consultado.
La presentación judicial que hizo la diputada Grimalt, más que una denuncia puntual es una presentación ante la fiscal en turno, Laura Cattáneo, para que, “en un lapso de tiempo acotado”, se investiguen los hechos sucedidos en el ámbito del Ministerio de Salud y Acción Social. No obstante pidió que “la Justicia llame a las autoridades de la Dirección de Bromatología de la provincia y al coordinador de Ejecución y Control de Políticas Sociales, Jorge Kerz, quienes tendrían pruebas para aportar a la causa y dilucidar si Degani incurrió en algún delito del Código Penal”. La legisladora afirmó que “se trata del artículo número 260 del Código Penal, que claramente establece que los funcionarios deben hacerse responsables de las cosas que administran, y si las mismas producen algún daño o ponen en riesgo la vida de las personas son punibles penalmente”, añadió.
Distinta es la naturaleza de la presentación del diputado provincial Osvaldo Fernández, quien apunta directamente contra Graciela Degani, quien estuviera a cargo del Ministerio hasta el sábado último, cuando se conoció mediante una nota de Análisis Digital que el volumen del escándalo de los alimentos era mucho más grande de lo que el gobierno pretendía.
De hecho, el viernes pasado, la hasta entonces ministro Degani sintió el mayor cimbronazo de esta historia, cuando se publicó que la Dirección de Bromatología de Entre Ríos detectó unos 40.000 kilogramos de alimentos en mal estado en los galpones de la repartición, ubicados en dependencias del Ejército Argentino, y por ende ordenó su inmediata incineración, previo traslado en camiones a los galpones de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) en Nueva Vizcaya. A diferencia de lo que había ocurrido con una partida anterior, los alimentos no estaban vencidos, sino que se habían arruinado con orina y caca de ratas.
(más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
