Jorge Riani

La entusiasmada promoción de la firma de un convenio con Poder Ciudadano que venía haciendo pública la Oficina Anticorrupción de Entre Ríos, se estrelló contra la toma de distancia de la prestigiosa entidad civil. El gobierno de Jorge Busti expresó su deseo de lograr un acuerdo de monitoreo de gestión, que le hubiese permitido sacar chapa de transparencia. Pero desde la entidad -que en la Argentina representa a Transparency Internacional- creen que aún no están dadas las condiciones para firmar un convenio. A la vez que le reclamó al titular de la Oficina Anticorrupción, Luis Pedemonte, que “deje de especular”, la entidad pidió que se aclare por qué se disolvió la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA). El ocultamiento de datos, la falsedad en la información y las operaciones mediáticas deterioraron aun más la imagen del gobierno entrerriano.

“Stand by” es la expresión que utilizó la organización civil Poder Ciudadano para poner en suspenso la pretensión del gobierno provincial de firmar los convenios con esa entidad, lo que le permitiría sacar una valiosa chapa de gestión transparente.

El pretendido acuerdo alude a un compromiso de transparencia en la gestión pública, que prevé la implementación de políticas claras y una mayor participación ciudadana.

Ocurre que la mencionada organización no gubernamental (ONG) quiere que el actual gobierno de Jorge Busti aclare algunos puntos que aparecen como de capital importancia al momento de firmar cualquier convenio de monitoreo de la gestión. Al inicio de esta semana, ANALISIS consultó con Poder Ciudadano -que tiene sede en la ciudad de Buenos Aires- y desde allí confirmaron que “los acuerdos con el gobierno de Entre Ríos están en suspenso”.

Poder Ciudadano es una entidad integrada por alrededor de un centenar de personas destacadas como intelectuales, profesionales, periodistas, docentes, y en la Argentina tiene la representatividad de Transparency International, responsable de realizar el ranking mundial de corrupción administrativa, que ha puesto en jaque a no pocos gobiernos del planeta.

Del gobierno de la provincia de Entre Ríos, lo que Poder Ciudadano está reclamando para lograr cualquier avance de relación institucional es que diga por qué dispuso el cierre de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas en diciembre de 2003, a la vez que brinde especificaciones sobre la “cantidad de denuncias de corrupción” en el Estado entrerriano que le han llegado a la ONG, según una información publicada por la Agencia Periodística Federal.

Las declaraciones de Poder Ciudadano, poniendo en el congelador la posibilidad de un convenio con el gobierno provincial, fueron precedidas por la sorpresa que causó en esa entidad el entusiasmo con que el titular de la Oficina Anticorrupción y Ética Pública de Entre Ríos, Luis Pedemonte, anunció la inminente firma del acuerdo. Según el funcionario provincial, debía haber sido sobre este casi fenecido mes de junio el momento de comenzar a instrumentar los convenios de monitoreo de gestión.

La noticia que el gobierno provincial difundía profusamente sobre su relación con Poder Ciudadano llegó a oídos de la coordinadora del área Acción con Políticos de ese organismo, Laura Alonso, que comenzó a marcar la distancia que cualquier trámite serio demanda. No obstante, ante el entusiasmo bustista de seguir la senda que conduzca al convenio de transparencia, la reconocida entidad civil puso la mirada sobre la gestión provincial. Así fue como surgió la inquietud de saber por qué el actual gobierno reemplazó a una entidad de contralor por una oficina, precisamente la que conduce Pedemonte, que depende directamente del Poder Ejecutivo al que -en teoría- debe controlar.

“No hay plazos ni fechas para el convenio”, dijeron desde Poder Ciudadano y, para que no queden dudas de la seriedad del planteo, le reclamaron a la Oficina Anticorrupción de Entre Ríos que “deje de especular”.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)