D. E.

La empresa constructora Lemiro Pablo Pietroboni -reconocida en la provincia por ser una de las firmas que más negocios hizo con el Estado provincial en los últimos 15 años- tenía una deuda actualizada de casi 2,4 millones de pesos con el Nuevo Banco de Entre Ríos Sociedad Anónima. Sin embargo, los anteriores administradores de la entidad crediticia -previo a la llegada del Nuevo Banco de Santa Fe- decidieron perdonarle más de un millón de pesos, según pudo confirmar ANALISIS. La empresa Pietroboni se declaró en concurso preventivo, pero actualmente participa de negocios con la obra pública junto a otras uniones transitorias de empresas actualmente conformadas.

Hay quienes no olvidan que don Lemiro Pablo Pietroboni, oriundo de Concepción del Uruguay, era, a fines de la década del ‘70, un camionero dedicado especialmente al transporte de broza. No obstante, en ese período comenzó a desarrollar, lentamente, su nuevo oficio, el de constructor. Constituyó una muy pequeña empresa y en esa década realizó sus primeras obras públicas: la repavimentación y el desarrollo de banquinas de algunas rutas de la costa del Uruguay. Don Lemiro Pietroboni falleció en un accidente automovilístico en proximidades de su ciudad natal, al final de la dictadura. La firma quedó en manos de sus hijos, Carlos, Víctor y Roberto, pero éste último, que era un reconocido piloto y fanático del automovilismo, optó por venderle su parte a los hermanos. Carlos y Víctor fueron los que desarrollaron la empresa en la primera Gobernación de Sergio Montiel (UCR). El liderazgo lo tomó Víctor Pietroboni, porque Carlos -que siguió en el directorio- apostó a la empresa CYASA (Camiones y Acoplados Sociedad Anónima), que cometió un desfalco en Concepción del Uruguay y terminó fundida.

Si bien crecieron con el apoyo de la gestión del intendente Carlos Scelzi (PJ), la llegada al poder, por primera vez, de Jorge Busti, provocó su expansión. Carlitos Scelzi era diputado provincial, fue un hombre clave en el armado del peronismo en la región y era un hombre de incidencia en el gobierno entrerriano. Además, sabía que en el gabinete municipal de su padre estaba un hombre con futuro: el contador Eduardo Macri, quien, si bien pertenecía a la línea opositora de Luis Baldoni -ya fallecido-, igual fue convocado. En 1988, por ejemplo, de la mano de sus amigos, Pietroboni realizó la construcción de la ruta provincial 39 y al año siguiente logró, por contratación directa, el acceso a Concepción del Uruguay. Macri ya era el viceministro de Economía de la provincia, por sugerencia del diputado Scelzi. En verdad, el conocido Lalo no tenía fuertes relaciones con el hijo del intendente, pero sí trazó una amistad con su cuñado, Orlando Sastre, quien se mató en un accidente junto a Julio César Neri, miembro del directorio de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), en momentos en que se encontraban en la campaña de Carlos Menem para acceder a la Presidencia, en 1988. Sastre, que estaba al frente de Acción Social de la comuna de Concepción del Uruguay, viajaba como acompañante. Para muchos era el heredero del viejo Scelzi y tenía la misma edad de Macri al fallecer.

En ese mismo ‘89, Pietroboni obtuvo también el contrato para la construcción de la ruta 10, desde María Grande Segunda. Obviamente, su nombre fue creciendo y sus contactos también. En enero de 1992, por ejemplo, el ex vicegobernador Domingo Daniel Rossi (PJ), a poco de iniciar su segundo mandato como intendente de Santa Elena, firmó un contrato de obra pública con Pietroboni por un monto de 1.319.185,19 pesos, pese a que el presupuesto originario estimado de la obra era de 639.439,93 y cuando sólo era posible contratar en forma directa por un máximo de 13.633 pesos. La causa pasó a la Justicia provincial porque, según el Tribunal de Cuentas, hubo un perjuicio fiscal muy superior al medio millón de dólares. Pero como usualmente sucede en nuestra provincia, los expedientes por delitos de corrupción terminan archivados o prescriptos en alguna parte.

En ese mismo año logró otro contrato de ribetes: el acceso sur de la ciudad de Concordia, una obra cuyo valor era de 12 millones de dólares. Si bien se paralizó por un tiempo, se reactivó años después e incluso logró que el municipio le pagara 741.000 dólares en concepto de gastos improductivos. Vale recordar que Jorge Busti había llegado por segunda vez a la Intendencia de la ciudad.

En la anterior gestión bustista -en la que Macri fue ministro de Economía y hombre clave en los dos primeros años en que estuvo, puesto que renunció a fines de 1997, luego de que este semanario denunciara sus depósitos en el exterior- fue beneficiado en la adjudicación del gas natural al consorcio de Sade, TGS Sociedad Anónima y Pietroboni, según el Decreto Número 4.106 fechado el 4 de noviembre de 1996, por un monto de 90.991.999 pesos. El gasoducto comenzó a construirse 20 días después. Ese año venía de parabienes para los Pietroboni. Terminaban de lograr un suculento contrato, en asociación con la brasileña Concic, para la construcción de la ruta 26 entre Nogoyá y Victoria; consiguieron la adjudicación de parte de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), del tramo La Hierra-Límite con Corrientes de la Ruta Nacional 127 y obras privadas en Entre Ríos, como tres torres con financiamiento del Banco Hipotecario Nacional (BHN). Pero ese 1996 también obtuvieron las obras de desvío de tránsito pesado en Concepción del Uruguay y la concesión del Complejo Ayuí en Concordia, que pertenece a la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande. También estaban reconstruyendo la costanera de la ciudad de Santa Fe y participaban del consorcio adjudicatario de la concesión del Complejo Cataratas, en el Iguazú (Misiones).

Pero Pietroboni también fue uno de los pioneros en la fiebre termal en Entre Ríos. Constituyó la empresa Verter Sociedad Anónima, junto a Miguel Ángel Marizza, actual presidente de la Delegación Entre Ríos de la Cámara de la Construcción, y dueño de la firma Caballi, para desarrollar el complejo de Concordia. El acuerdo con el entonces intendente Juan Carlos Cresto (PJ), se formalizó el 15 de agosto de 1997. Cresto asumió nuevamente en diciembre de 2003. La concesión se firmó por 25 años, con opción de otros 15 años más, con un compromiso de inversión de 3 millones de pesos en los primeros 10 años, según la cláusula sexta del contrato. Obviamente, la empresa Verter quedó exenta, por cinco años, del pago de tributos, tasas y demás contribuciones fiscales, como así también de pagos para “habilitaciones, aprobación de planos y visaciones durante la construcción de la obra”.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)