Jorge Riani
Aunque en el Poder Judicial, en la Universidad Autónoma de Entre Ríos, en el Instituto Autárquico Provincial del Seguro y en la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos se aplica con total éxito según los funcionarios responsables, el Consejo General de Educación (CGE) renunció a un método de disminución de los costos de luz y teléfono sin merma en el consumo. En septiembre de 2004 la entidad a cargo de Felipe Ascúa firmó un convenio con una consultora que cobra sólo un porcentaje del ahorro, es decir sin costos y con beneficios para el sector público. El secreto está en reparar las instalaciones eléctricas para evitar filtraciones y reclamar los precios según las tarifas del mercado desregulado. Pero cuando ya se veían los resultados por disminuciones de hasta un 30 por ciento del valor de las facturas habituales, la repartición educativa dejó caer el convenio que incluía el control sobre su edificio de calle Córdoba y Laprida y sobre 1.400 escuelas entrerrianas. Por si fuera poco, ahora el CGE se expone a un reclamo judicial por incumplimiento.
Por estas horas, una consultora privada se apresta a realizar una demanda judicial contra el Consejo General de Educación (CGE) por el incumplimiento de un contrato de servicios. Por el momento, la situación se encuentra en la poco agradable relación epistolar que la parte demandante entabló contra esa repartición pública.
De la lectura de esas pocas líneas escritas sobre la carta documento no se advierte que se trate de un caso atravesado por situaciones verdaderamente inexplicables, pero cuando se comienza a indagar saltan los hechos llamativos. En primer lugar, lo que habrá que decir es que la empresa demandante es una consultora que se había comprometido a garantizar un ahorro en los montos a pagar en concepto de energía eléctrica y llamadas telefónicas. A cambio, el contrato le daba derecho a cobrar un porcentaje de lo que el CGE iba a pagar de menos. Esto es claro: si había reducción en las facturas por tales servicios públicos, la empresa cobraba una parte de lo ahorrado; de lo contrario, no recibía un solo peso.
Los técnicos de la consultora se pusieron a trabajar con la premisa prometida sin reducir el uso de los servicios. “Nada de andar apagando las luces, ni evitar hacer las llamadas que haya que hacer”, dijo uno de los operarios de la empresa a modo de jingle bien aprendido. Y por eso la oferta aparecía más que tentadora.
En septiembre de 2004 –es decir algunas semanas antes de que el CGE se ubique en el centro de las noticias por cuestiones diversas, entre ellas las irregularidades en el pago de 2 millones de pesos mensuales en sueldos– el titular de la repartición, Felipe Ascúa, y los vocales Roberto Matteoda, Carlos Suárez y Amalia Homar aprobaron la firma del convenio, mientras que por la consultora privada lo hicieron el ingeniero Víctor Busón y Jorge Borini.
En diciembre se vieron los primeros resultados prometidos por los consultores, y las facturas llegaron con una quita del 30 por ciento del gasto habitual, a la vez que la situación ponía en evidencia algunos excesos en el uso de celulares y líneas fijas.
De hecho, cuando en el sector administrativo revisaban los detalles de las facturas, celebraban la posibilidad de un ahorro. No es para menos si se revisa lo que el CGE debió pagar durante el mes de septiembre por el teléfono fijo de la Dirección Departamental de Escuelas de Concordia, por entonces a cargo del actual vocal Víctor Fassi: 2.558,77 pesos. “Ni las escuelas de todo ese departamento deben haber gastado tanto en tan poco tiempo”, observaban los conocedores de los gastos. Pero a esa cifra hay que sumarle los 671,55 pesos que se consumió desde un celular a cargo del mencionado funcionario, lo que totaliza la suma de 3.230,32 pesos, según se desprende de la factura de Telecom Nº 8203-04076696. Todo en un solo mes y de una sola área del Consejo. En medio de este panorama, la propuesta de ahorro era más que tentadora.
La historia no sería la misma si las bondades del sistema contratado quedaran reflejadas sólo en las palabras de quien las promocionaron, es decir, de los dueños de la consultora. Por eso es fundamental indicar que este mismo servicio se aplica en el Poder Judicial de la provincia, en la Universidad Autónoma de Entre Ríos, en el Instituto Autárquico Provincial del Seguro y en la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos.
El titular de esta última entidad, Daniel Elías, recibió una consulta de ANALISIS al respecto, y no dudó en indicar que “el sistema viene funcionando con buenos resultados, y no significa ningún gasto para la Caja, porque lo que se destina es parte del ahorro”. ¿Qué llevó entonces al Consejo de Educación a renunciar a tener un ahorro en sus gastos?, vale preguntarse.
Otra fuente ligada a los Tribunales de Paraná recuerda que cuando se comenzó a aplicar allí el sistema, advirtió que los consultores debieron lidiar con operarios de la entonces empresa de energía EDEERSA. Un dato que no termina de explicar los motivos que se intenta conocer, pero que bien podría estar indicando que a alguien no le conviene que haya disminución de gastos. Cabe indicar que el convenio firmado oportunamente entre la empresa y el CGE era una copia del que firmó el Superior Tribunal de Justicia, donde el sistema continúa aplicándose.
Hay que explicar también que hoy la entidad que conduce el profesor Ascúa ya tiene un problema latente, y no sólo por lo que se evitó gastar, sino porque habría –según el reclamo de los empresarios– un incumplimiento en el contrato al no pagar parte del ahorro logrado en el mes de diciembre, y una caída del acuerdo durante los cinco primeros meses de este año.
Una fuente conocedora de la operación indicó que “la directora de Gestión, Alejandra Bría, se negó sistemáticamente a reconocer los honorarios pactados en el convenio, llegando, en el mes de mayo, a negar la facturación de energía eléctrica y teléfonos para que se efectuara el control de gestión, lo que provocó la ruptura del convenio por incumplimiento agravado en el CGE”.
Tres personas de la función pública consultadas por este semanario, vinculadas a entidades oficiales en las que se aplica el sistema de ahorro, estaban al tanto de la situación de futuro pleito entre la consultora y el CGE. En todos los casos la reacción fue de preguntarse cuál es el motivo por el que la entidad de calle Córdoba no siguió adelante con la operación comprometida.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
