Disparen contra Degani
Cansados de transitar pasillos, fatigar reuniones y esperar en vano una respuesta satisfactoria de las autoridades de la Secretaría de Salud, los trabajadores del Hospital San Martín decidieron realizar un paro de 24 horas en procura de lograr la reducción horaria de su jornada. La medida fue votada casi por unanimidad por los empleados de Laboratorio, Hemoterapia, Lavandería y Caldera, hartos de las promesas del secretario Juan Abolafia, quien les había prometido dejar sin efecto un decreto de Mario Moine, reflotado a fines de 2003 por Sergio Montiel, a través del cual se les aumentó de cinco a seis horas la carga horaria. El humor de los trabajadores del nosocomio no es el mejor, después que las lluvias de los últimos días inundaran una vez más con fluidos cloacales muchas de las dependencias en las que desempeñan sus tareas a diario. Los problemas en el Hospital San Martín no son nuevos, pero los trabajadores están convencidos que tanto su director, Miguel Schnitman, como Abolafia han contribuido a agravarlos.
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Discretos operativos
La Policía de Entre Ríos secuestró en las últimas semanas un total de ocho remises en Paraná que tenían diversas irregularidades de documentación, piezas o autopartes presuntamente robadas y hasta con pedidos de secuestro de parte de algunos juzgados de instrucción de la provincia. Aunque las redadas fueron muy importantes, extrañamente no fueron divulgadas por los habituales voceros que la institución tiene contratados en algunos medios de comunicación. El lunes por la noche, en dos procedimientos realizados en calle Río Negro y Churruarín, y en Espeleta casi Sudamérica, se identificaron y recuperaron sendos vehículos robados, que estaban siendo explotados comercialmente por un ex policía devenido en empresario del transporte público de pasajeros. Se trata de una de las tantas remiserías truchas que pululan en la capital entrerriana sin que la Policía, ni los constantes controles de la Dirección de Tránsito Municipal, hayan podido ponerle coto. Pese a que los operativos dieron positivos, varios de los uniformados que han participado en acciones similares en los últimos meses, le critican al jefe de la fuerza, Ernesto Geuna, el celoso sigilo con que se trata este tema.
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Sin colchones para la cárcel
Un lote de 20 colchones, que habían sido comprados recientemente para ser distribuidos entre los internos de la Unidad Penal Número 1 de Paraná, resultaron presas de las llamas en un incendio intencional que se desató en un sector de la cárcel el lunes pasado. Los colchones, todavía con sus envoltorios plásticos impecables, iban a ser entregados ese día como respuesta al reclamo que en su momento hicieran los reclusos, cuando iniciaron una huelga de hambre para exigir condiciones mínimas de higiene y confort. La noticia de su destrucción causó gran preocupación entre los funcionarios de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, justo cuando se suceden tres huelgas de hambre en los penales de Concordia, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay. Es que enseguida se temió que los reclusos de Paraná se plegaran a la medida para exigir la reposición de los elementos siniestrados. Las primeras averiguaciones que mandó a realizar el director del Servicio Penitenciario, Horacio Pascual, apuntarían a Javier Jaimito Larrosa, condenado a reclusión perpetua por el asesinato de Jesús Gómez cometido hace un año.
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Coche caro
La Unidad Central de Contrataciones de la Provincia fue autorizada por el gobernador Jorge Busti a adquirir un vehículo, “para uso del titular del Poder Ejecutivo”, según reza el Decreto Número 1.314 por una cifra inusitada que seguramente causará el encono de los distintos dirigentes gremiales y trabajadores del Estado que luchan por sus reivindicaciones salariales. De acuerdo a la disposición y a los pliegos de condiciones generales de la licitación, el automóvil que manejará próximamente el chofer del gobernador tendrá un costo escalofriante de120.000 pesos.
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Gorritos
La Subsecretaría de Turismo de la provincia acaba de lanzar todo un bagaje de artículos para promocionar las bondades de Entre Ríos en las principales ciudades del país. A la generosa campaña publicitaria se ha plegado ahora una agresiva mercadotecnia que incluye afiches, remeras y gorros deportivos, en cuyos frentes aparece estampado un sol amarillo sobre cuatro ondas en distintos tonos de verdes, que remiten al ya clásico slogan que se impuso en su momento, a fuerza de ingenio y repetición, como una marca registrada de la provincia: “Entre Ríos, todos los verdes”. Pero ahora, junto al logo, en grandes letras de imprenta sólo se lee, “Entre Ríos”, y detrás, haciendo un arco sobre la tirita de abrojo que sirve para ceñir el gorro a la cabeza de su dueño, la frase “¡Una provincia con valor!” redondea una idea que difícilmente le diga algo a los turistas. Es más, la consigna tiene un marcado tono proselitista, que remite a los primeros días de gestión de este gobierno cuando se intentaban contrarrestar las quejas de los docentes y de otros sectores postergados, aludiendo a las penurias que se habían vivido durante la administración de Sergio Montiel, resaltando las virtudes de Jorge Busti a la hora de pagar los sueldos de los estatales “en tiempo y forma” y, sobre todo, sin bonos federales.
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Armados pero…
Después que el 22 de abril los clientes y empleados del Banco Galicia de Paraná se llevaran el susto de su vida, cuando a un agente de la policía que hacía guardia en el lugar se le disparó el arma accidentalmente, las autoridades de la entidad crediticia exigieron mayores medidas de protección a la Policía, para evitar que se repitan episodios tan peligrosos como el de ese día. A partir de entonces, a los uniformados que custodian el banco en la peatonal San Martín se los puede ver permanecer durante horas, casi sin moverse y somnolientos, con sus fusiles sujetados al cuello por una correa. La solución que encontraron en la Policía de Entre Ríos es bastante más económica y simple que la que exigían en la gerencia del banco, y que tenía que ver con designar hombres atentos y descasados, con armas en buenas condiciones de uso y mantenimiento.
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Retorno forzado
Al menos una docena de empleados del Consejo General de Educación (CGE) que se hallaban adscriptos a la Cámara de Diputados de la Provincia deberán abandonar sus acomodadas oficinas de la Legislatura para retornar al edificio de calle Córdoba y Laprida y ponerse a las órdenes de Felipe Ascúa. La medida fue dispuesta a través del Decreto Número 2.264 firmado por el gobernador Jorge Busti, después que estos trabajadores se negaran a acatar una resolución del propio titular del CGE que los obligaba a dejar la Cámara de Diputados al declarar finalizadas todas las afectaciones y adscripciones que a ese cuerpo tuvieran agentes de Educación. De esa manera, el profesor Ascúa esperaba recuperar muchos trabajadores de su repartición que mediante el favor de algún amigo importante habían conseguido pasar a la Cámara Baja, donde cobraban salarios significativamente más altos, debilitando la estructura del CGE que se veía obligado a incorporar suplentes para sustituirlos.
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Santo subsidio
Con el objeto de “solventar los gastos que demanda la celebración” de los 275 años de la creación de la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Paraná, el gobierno de la provincia le otorgó el 6 de abril pasado un subsidio de 5.000 pesos al arzobispo Mario Maulión, que nadie se anima a criticar, pero que no cayó bien en la oposición y mucho menos en el oficialismo. Sucede que pocos días más tarde titular de la Arquidiócesis cuestionó durante la homilía que pronunció durante la misa que presidió en la Catedral el 29 de mayo pasado antes de la procesión de Corpus Christi.
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