-Conflicto y política. Ya ha sido señalado el nuevo escenario abierto a partir de la fuerte movilización educativa del viernes 20 de mayo. Tanto es así que el gobierno, deseoso por no perder iniciativa, lanza la convocatoria al Consejo del Salario. El avance de la situación en el sentido que se ha indicado impone reflexionar sobre las líneas de trabajo que desembocan en la movilización que se comenta y en las novedades paridas por ésta. Tal vez sin proponérselo, el secretario general de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), Hugo Yasky, dibuja un temperamento político con contornos diferentes al de sus colegas Víctor De Genaro o la misma Martha Maffei. Aquél fue explorando las líneas gubernamentales sobre la firme percepción de que se estaba frente a una política sustancialmente distinta a la sustentada durante largos y ominosos años. Se abstuvo de participar personalmente de espacios kirchneristas pero respaldó a los compañeros caracterizados de su entorno para que lo hicieran. El ministro Daniel Filmus es un viejo conocido con el cual la CTERA ha compartido la no puesta en marcha de la reforma educativa impuesta por Carlos Menem en el curso de su segundo mandato.

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-Inflación y salario. La agitación en pos de mejoras salariales es un signo inequívoco de la nueva situación que se vive. Hay un traslado progresivo pero notable donde la lucha salarial reemplaza a las marchas en pos de mejores subsidios. Pero si bien es una situación distinta, los indicadores siguen mostrando condiciones sociolaborales deplorables. La mayoría de los nuevos trabajadores se ubican por debajo de los límites de pobreza, sin cobertura frente a los accidentes de trabajo, salud y vejez. En una palabra, los indicadores descendentes en la medición del desempleo son ascendentes en el índice de los salarios en negro. En este ambiente es natural que la lucha por mejores salarios se agite.

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-Inflación y gobierno. Pero seguramente la mayor atención queda fijada en las apreciaciones del ministro Roberto Lavagna puesto a advertir sobre los efectos inflacionarios de un aumento de sueldos cuando tiene todas las herramientas disponibles para evitar que eso ocurra. Es necesario convenir en los presupuestos más sencillos del problema: frente a un aumento de salarios el empresariado va a tratar de que el mayor costo no erosione su margen de ganancia. La actitud de reducir ganancias nunca sucede pacíficamente y de no mediar la acción del Estado, el problema se traslada a los precios. Frente al conflicto planteado, la actitud del ministro es leída como pasividad, y allí puede interpretarse que se juzgue con la ley del más fuerte. Va de suyo entonces que los empresarios se sentirán estimulados a romper reglas de convivencia elemental en la pretensión de mantener el privilegio que ostentan. Si frente al impacto inflacionario los trabajadores se allanaran pasivamente y pospusieran para mejor momento sus apetencias reivindicatorias, al ministro se le terminan los problemas. Pero no es eso lo que sucede. Los múltiples conflictos son indicadores de una actitud para nada pasiva de los trabajadores y después de la movilización de la CTERA cabe esperar una tendencia a la generalización de la movilización. En esa línea de acción la tensión entre empresarios y trabajadores puede derivar tarde o temprano en una escalada de conflictos sociolaborales.

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-El folclore entrerriano. En este escenario nacional, el devenir de los entrerrianos encuentra una descripción ponderable en las respuestas del gobernador Jorge Busti al reportaje publicado en un matutino paranaense el domingo pasado. Con soltura Busti saca cuentas de las razones que hacen imposible asignar mejoras salariales hasta pasar el mediado de año que transcurre. Del superávit primario de 388 millones de pesos, 180 millones hay que dedicarlos a amortización de deuda y el resto a gastos varios y transferencias. Entonces, la posibilidad de aumento queda relegada al segundo semestre en función de expectativas en las mejoras de recaudación. Señaladas las cuentas, el entrerriano que camina la calle debe llegar a la conclusión de que se está ante un cuidadoso administrador de los recursos públicos. Pero a poco andar las cuentas no cierran o por lo menos, no en la forma que las pretende vender Busti. La sociedad intuye que a pesar de la solvencia fiscal el único avance computable a esta gestión es que los servicios han salido del estado de colapso dejado por Sergio Montiel y desde ahí nada más. Los datos del INDEC son demasiado contundentes, pues Concordia, segunda ciudad de la provincia, sigue encabezando los índices de pobreza. El 75 por ciento de los menores de 14 años se encuentra en igual situación. Hospitales y escuelas están en condiciones edilicias deplorables.

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-La lista de Busti. Estos escenarios ambientan la puja electoral que comienza a aparecer. En el propio desarrollo de las posiciones y de cómo se relacionan con el gobierno provincial y nacional, según los casos, se hace notar el vuelo y entusiasmo con que se muestran. Por ello, para los que siguen en detalle la composición de las diferentes propuestas no resultó extraño ver a un Eduardo José Lauritto cabizbajo y ensimismado, entrando casi furtivamente el domingo por la tarde a la casa de Jorge Busti. Por un lado, el acontecimiento debe ser computado como un acierto del gobernador, pues hacía un tiempo no concretaba los anuncios que entusiastamente anticipaba. Hace unas semanas, Busti lo había debido esperar más de 45 eternos minutos en un desolado parador de la ruta 14 para irse con un “ni”. Ahora, la incorporación de Lauritto viene acompañada del desgaste producido por idas y vueltas en donde menudearon las promesas y aprietes. El perfil deprimido de Lauritto se explica en tanto se sube a una propuesta que poco se relaciona con el ambiente y expectativas que alimentar en su corta carrera al frente del municipio de Concepción del Uruguay. En definitiva, Busti ha logrado instalar a Blanca Osuna de Molina como cabeza de lista de manera que la propuesta queda atada a su entorno más íntimo.

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-Los límites del poder. Los problemas e incoherencias de lo que se denomina la Lista Oficial no comienzan ni terminan en sus candidatos. La mezquindad en el proceder de Jorge Busti atraviesa situaciones que van más allá del proceso electoral si bien lo incluye. Las declaraciones de Julio Solanas en momentos de dar las razones para el apoyo a la lista suenan convincentes y temerarias: “Aceptamos integrar la lista del gobernador Busti para garantizar la gobernabilidad de la provincia”. El intendente de Paraná sopesa con fino tacto el derrotero del gobierno de Busti y de las consecuencias de una apuesta electoral fallida. En esa perspectiva de fracaso en las elecciones de octubre, el gobierno de Busti es una hojita en la tormenta. La mirada puesta en esta alternativa inmoviliza a quien es uno de los principales candidatos a suceder al actual mandatario provincial y por ello trata de abrazar la propuesta en procura de contener un posible desbarranque. La actitud de Julio Solanas es de estricto sentido común. Lo que no avizora el intendente es que, en determinados momentos, el sentido común suele ser el peor de los sentidos. Si la tendencia en que se ubica Busti contrasta fuertemente con la opinión de los entrerrianos, en lugar de un gobierno en crisis corre el riesgo de que sean dos. La noche del 8 de agosto estará cargada de mensajes. En un sendero contrario se ubica la propuesta encabezada por Orduna, secundado por Patricia Fernández y Raúl Barrandeguy. Con sólo armar un discurso que sepa ligar en forma coherente las razones del apoyo al gobierno nacional, esta propuesta tiene las chances de obturar las contradicciones del gobierno de Busti con la gestión de Néstor Kirchner.

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