Fabián Vivot

Notablemente afectado por la denuncia de un testigo que lo vinculó al reparto de bolsones con mercadería presuntamente robada de los galpones del Ministerio de Acción Social, e incendiados el 20 de noviembre de 2003, el dirigente radical Humberto Raúl Varisco, negó cualquier participación en el hecho. Según admitió, apenas si conoce al empresario supermercadista Javier Londero, en cuya casa se habrían confeccionado los bolsones con los 50.000 kilogramos de leche en polvo saqueados del Promin. “Esto puede venir por el reinicio de mi actividad política o de parte de alguien a quien pude afectar durante mi gestión en la Municipalidad”, se defendió.

El ex candidato a intendente de Paraná Humberto Raúl Varisco (UCR) asegura haber vivido la peor semana de su vida, desde que el jueves pasado ANALISIS publicó la denuncia de un arrepentido que lo acusó de haber repartido, durante los días previos a las elecciones del 23 de noviembre de 2003, bolsones con mercadería robada del depósito incendiado del Ministerio de Acción Social en Bajada Grande.

Para el abogado y ex secretario de gobierno de la Municipalidad de Paraná, “la canallada” del presunto testigo “no es obra de la casualidad” sino fruto de una persona de mente desequilibrada, o de una operación tramada para perjudicar su imagen y la de su agrupación interna de la Unión Cívica Radical, justo cuando ha retomado una activa participación política, con reuniones y mitines en diferentes puntos de la provincia.

En una entrevista solicitada a este medio para ejercer su derecho a réplica, Varisco negó de manera enfática cualquier vinculación con el empresario Javier Londero, en cuya casa –de acuerdo al relato del denunciante– se habrían escondido, toneladas de leche en polvo, azúcar, fideos, arroz y otros comestibles, identificados con los logos característicos del Programa Materno Infantil (Promin), para ser distribuidos entre punteros políticos y militantes del varisquismo.

Según afirmó el arrepentido, tras el incendio de los galpones de calle Croacia y Estrada, la mercadería apareció depositada en un depósito ubicado en la propia casa de Londero, donde una cuadrilla de entre 15 y 20 personas se encargó de destruir los envoltorios con la identificación del Promin, para meter luego una unidad de cada producto en los bolsones que se habrían repartido durante la campaña.

El incendio intencional de uno de los almacenes más importantes del Ministerio de Acción Social, donde se guardaban 50.000 kilogramos de leche en polvo destinados a los niños más necesitados de la provincia, además de medicamentos, material descartable y pastillas anticonceptivas por cifras millonarias, provocó el repudio generalizado de la sociedad y sobre todo de los vecinos de Bajada Grande, mientras algunos dirigentes se trababan por lo bajo en imputaciones cruzadas, impostando en público su indignación.

La causa recayó en el Juzgado de Instrucción Número 1, a cargo de Ricardo González (hoy integrante de la Cámara del Crimen), que se abocó de inmediato a investigar las causas que originaron el fuego. “Fue un atentado”, le dijeron con todas las letras al juez los peritos de Bomberos Zapadores, apenas posaron sus botas de goma por entre las montañas de cenizas. Sin embargo, a casi un año y medio del siniestro, los investigadores no han podido dar con los autores del atentado. Aunque en el expediente existen algunos indicios y testimonios que comprometerían a algunos funcionarios de la Policía de Entre Ríos con el incendio, no hay elementos que permitan determinar con qué objetivo fue provocado. En ese sentido, la declaración del arrepentido, quien se habría presentado espontáneamente ante el magistrado para ampliar con mayores precisiones su relato consignado por este semanario en su edición número 659, constituye acaso el avance más importante de la casua.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)