Jorge Riani

En el oficialismo nadie puede decir con certeza y credibilidad cuánto resta aún para cumplir con el plan de refacción de 700 escuelas, como se prometió durante la campaña electoral. Hace exactamente un año pronosticaban que por esos días, en 2004, se terminaría de reparar la última escuela. La Caravana Educativa demostró que a fines del mes pasado los establecimientos educativos permanecían en estado calamitoso. En medio de toda esa situación, un senador pregunta por el destino de cifras millonarias que se autorizaron para invertir en la reparación de los edificios, a la vez que se sucedieron dos denuncias de lobbys en favor de empresas privadas.

El énfasis que en tiempos de campaña proselitista el justicialismo aplicó para prometer el arreglo de 700 escuelas en 180 días, se convierte en la presión que hoy el oficialismo siente cada vez que se le recuerda la morosidad en cumplir con el programa. Todo se torna peor aún cuando el proceso está atravesado por serias denuncias administrativas y sospechas sobre el manejo de los fondos que el gobierno logró que habilitaran en tiempo récord, apenas asumió en diciembre de 2003.

“Tuvimos un exceso de optimismo”, dice el director de Arquitectura, Enrique Renaud, para explicar la demora en ejecutar las obras.

Introducir la palabra “reparación” en el buscador de un sitio digital de noticias puede deparar un resultado sorprendente: en abril de 2004, el secretario de Obras Públicas, Juan José Moreno, decía que al mes siguiente (mayo de 2004) quedaría finalizado el total de las obras; ese mismo mes, el diputado provincial justicialista e integrante la Comisión Bicameral de Seguimiento de la tarea de reparación, aseguraba que en junio del año pasado el gobierno estaría en condiciones de decir “cumplimos”. Por estos días se cumple un año de las entusiasmadas declaraciones y las escuelas están en estado de descalabro.

Entre medio, surgieron hechos que en cualquier sociedad movilizada serían motivo de escándalo: se puso en dudas el destino de los millones de pesos autorizados para la reparación de los edificios escolares y se denunciaron casos de presiones desde el sector público para que las escuelas encarguen los trabajos de reparación a determinadas empresas privadas.

En este punto hay que decir que el propio gobernador Jorge Busti ha reclamado a su Oficina Anticorrupción que se involucre en uno de los casos y emita un dictamen. No es para menos; la denuncia sobre lo que supuestamente estaba pasando fue formulada por el arzobispo de Paraná, Mario Maulión, en persona.

Distinta ha sido la suerte de la denuncia que en idénticos términos formuló, en un pormenorizado informe, la seccional Uruguay de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER). El escrito gremial no hizo mover ni un dedo al oficialismo.

La relación del gobierno de Busti con el Arzobispado de Paraná transita por sus mejores momentos, a partir de que el mandatario logró un invalorable apoyo para la consulta popular y, por extensión, para la reforma de la Constitución. Maulión se permitió soñar con una “Constitución cristiana”, que no tendría antecedentes en la historia de esta provincia, de larga tradición laica y liberal en materia constitucional.

Para Maulión, Busti ha sido un aliado en la tarea pastoral de voltear las leyes que molestan a la curia (vasectomías en hospitales, educación sexual), y por eso sorprendió –en principio– la seria denuncia que realizaron los prelados entrerrianos sobre los retrasos en el envío de partidas para sueldos y cargos docentes correspondientes a las escuelas privadas. Algunos conocedores de la técnica de la negociación indican que no es aislado el reclamo, en medio del momento de buen entendimiento entre el poder público y el poder eclesiástico entrerriano.

Pero las negociaciones, según las partes, están bien encaminadas. Y en cuanto a la denuncia de presiones para que los arreglos de escuelas privadas se hagan con ciertas empresas, hay que decir que en verdad, el gobernador Busti tuvo un gesto inusual al pedir que se investigue un acto administrativo realizado su propia gestión. Hay que agregar, de todos modos, que los cuestionamientos están centrados en un operador técnico de segunda línea, lejos del poder real.

“Las adjudicaciones de obras, que desde ya no tienen mecanismos claros, terminan repartiéndose entre un reducido grupo de empresas locales, las que además, no inician a un mismo tiempo todos los arreglos comprometidos en cada licitación”, denunciaron por su parte los gremialistas de AGMER Uruguay. Pero en este caso, el escrito se estrelló contra la indiferencia absoluta del gobierno.

Luego de demostrar el modo en que las escuelas de la localidad de Basavilbaso son destinatarias de casi todas las obras de refacción, los docentes indican que “existe un manejo político-partidario del plan de obras y refacciones mediante el cual se priorizan las escuelas que forman parte del interés particular del diputado provincial Julio César Aldaz”, precisamente ex intendente justicialista de la mencionada localidad.

“No son claros –denunciaron los docentes de Concepción del Uruguay– los mecanismos mediante los cuales se definen las urgencias y prioridades para asignar obras en las escuelas. Esto genera que, mientras el plan de obras avanza en algunas escuelas, permanezcan situaciones de riesgo en otras. No existe planificación estratégica pensada con criterios de justicia distributiva”.

“De cara a la opinión pública se falsea la realidad al intentar mostrar que se realizan avances mayores a los que realmente existen”, finaliza el detallado informe.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)