Silvio Méndez
La educación pública sigue siendo una de las mayores preocupaciones para el gobierno provincial que, continuamente, se ve asediado por los reclamos gremiales y las graves carencias logísticas del sistema. Asimismo, se han vislumbrado en el espacio escolar focos de conflictos que, producto de la desigualdad económica y social, toman forma de desnutrición, repitencia, deserción y violencia. La respuesta oficial no se ha hecho esperar, en una tendencia que apunta al ajuste de las medidas de conducta y “contención” de los alumnos. El Consejo General de Educación lanzó un plan para la “convivencia”; la senadora nacional por Entre Ríos Laura Martínez Pass de Cresto pretende que adolescentes que no terminaron la primaria, culminen el ciclo en dependencias del Ejército, con la posibilidad que luego integren las Fuerzas Armadas o de seguridad; mientras, el diputado provincial Raúl Solanas presentó un proyecto para crear un programa de “prevención de la violencia”.
A juzgar por la relevancia que la prensa destaca, la problemática escolar es un punto central dentro de la agenda de temas que últimamente se trata en las reuniones de gabinete provincial. La infraestructura edilicia, el mobiliario, las partidas de los comedores, el sistema de becas y la recomposición salarial son los principales factores tomados en cuenta para evaluar la dimensión de la problemática. Pero de un corto tiempo a esta parte, la compleja y profunda crisis de la educación pública se ha visto reflejada en otros indicadores que han empezado a inquietar las esferas gubernamentales. El propio gobernador Jorge Busti ha expresado su preocupación por la repitencia escolar, mientras continúan siendo altos los índices de la deserción en adolescentes que no culminan el ciclo secundario. A su vez, docentes preocupados han manifestado en distintos ámbitos los graves conflictos por niños desnutridos que se duermen y desmayan en las aulas o incidentes de violencia física y verbal entre los alumnos. En torno a estos temas, en una reacción ligera o tal vez como política específica, desde el Estado y círculos legislativos se han lanzado una serie de iniciativas y propuestas que tenderían a enfrentar la situación. Medidas que, al fin y al cabo, están hilvanadas por el ajuste de los modos de disciplinamiento dentro del espacio educativo y “contención” de los conflictos.
Sobre esta línea se puede mencionar el Programa Provincial de Convivencia que lanzó el Consejo General de Educación (CGE), que pretende la formación de “supervisores y asesores” para “reformular los acuerdos de convivencia”. Este plan prevé integrar a los padres a los consejos escolares para hacerlos partícipes de la reformulación de las reglas que se le impondrán a sus hijos. Este programa, que tiene el apoyo de un equipo nacional a cargo del tema, prevé “asistencia técnica” a las escuelas con mayores problemas, apuntando a que los niños “aprendan a respetar los límites y un conjunto de normas”.
Un capítulo aparte merece el proyecto de ley de la senadora nacional por Entre Ríos, Laura Pass Martínez de Cresto (PJ). La legisladora pretende que se cree un sistema por el cual se pueda “integrar socialmente a los jóvenes que no tengan terminados los estudios primarios y posean entre 15 y 17 años de edad” en los regimientos del Ejército Argentino. Para esto, la senadora que se arroga “autoridad moral para discernir con claridad sobre las necesidades y los derechos” de los conciudadanos, solicita recursos y dinero para la refacción de los cuarteles. Entre los fundamentos, se menciona un plan piloto que ya funciona en la ciudad de Concordia, a partir de una iniciativa del intendente y esposo de la legisladora, Juan Carlos Cresto (PJ). Además, entre los beneficios se menciona que los adolescentes podrán tener capacitación laboral; aunque lo más destacado y seguro es que podrán aspirar a integrar las Fuerzas Armadas o de seguridad.
Por otro lado, el diputado provincial Raúl Solanas (PJ-Paraná) también inquieto por estos temas, presentó a principios de mes un proyecto para establecer un Programa Provincial de Prevención de la Violencia Escolar en los Establecimientos Educativos. La iniciativa plantea que el CGE sea la autoridad de aplicación. Entre los objetivos se menciona “transmitir el valor de la tolerancia, el cumplimiento de las normas y concienciar sobre el problema de la violencia”. Para esto, entre otros ejes de acción, se plantea “actualizar las normas funcionales y disciplinarias y capacitar a la comunidad educativa en políticas, estrategias y técnicas tendientes a prevenir y controlar los hechos de violencia”. Entre los fundamentos se dice que todos los actores que deben otorgar una adecuada educación al alumno tienen como fin “propender a que el mismo se inserte en la sociedad dentro de un contexto de armonía”.
En todos los casos, el fin en sí de restablecer el orden en el ámbito educativo, en condiciones sociales de exclusión y miseria en que la escuela se encuentra, donde se marginan y estigmatizan las franjas de jóvenes expulsadas del sistema, con familias desarticuladas por los padecimientos económicos y docentes que luchan por no caer por debajo de la línea de pobreza, son elementos que no se ponen en discusión.
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