Fanática
La decisión adoptada por el Concejo Deliberante de San José de expulsar al concejal vecinalista Pablo de la Canali, por supuestas conductas indecorosas y faltas reiteradas, desató un ríspido debate institucional que trascendió las fronteras del municipio para convertirse en el comentario obligado de las últimas semanas en esa localidad. Aunque el intendente Eduardo Jourdán (PJ) intentó despegarse de la sanción al indicar que el Ejecutivo no tuvo nada que ver con su alejamiento obligado, la oposición lo acusó de haber urdido y promocionado el proceso de revocación que le cupo al edil. Afecto a las respuestas rápidas y casi viscerales, El Gorila Jourdán admitió que compartía plenamente la determinación del Concejo Deliberante, pero insistió con su pretexto: “No es una cuestión personal, sino que los exabruptos permanentes y la forma en que denigraba a sus propios pares, llevó a que se elevaran innumerables pedidos de sanción y apercibimiento contra este hombre”, dijo.
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Estresada
Uno de los temas considerado estratégico y que desvela al gobernador Jorge Busti es el de la Empresa Distribuidora de Electricidad de Entre Ríos Sociedad Anónima (EDEERSA) y su fallida licitación para la venta del 51 por ciento de las acciones clase A, en el marco de la ejecución prendaria prevista en el contrato de concesión. Ocurre que la empresa que controlaba el grupo americano PSEG hasta su alejamiento repentino del país, dejando una deuda de 80 millones de dólares, concentra nada menos que el 70 por ciento del mercado eléctrico entrerriano. Por ese motivo, luego de que el 25 de febrero se constatara que ningún oferente se había presentado al concurso nacional e internacional, el mandatario provincial encomendó a la Fiscalía de Estado, a la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, a la Secretaría de Energía y al Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) la elaboración de un análisis para evaluar los pasos a seguir. Urgido como estaba por hallar una solución a su dilema, Busti se encargó de enviar varios mensajes a sus subalternos para que el análisis se hiciera cuanto antes. Sin embargo, la fiscal de Estado, Claudia Mizawak, se tomó más de tres semanas antes de remitir su documento, lo que ocasionó el disgusto de varios asesores del Poder Ejecutivo, que no entendían los motivos de semejante dilación.
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Con la música a otra parte
Nadie recuerda en la Casa de Gobierno haber visto semejante equipo de sonido. Ni siquiera la Dirección de Ceremonial, cuyos funcionarios muchas veces se encargan de instalar potentes amplificadores en los actos que encabeza el gobernador, cuenta con una tecnología tan sofisticada como la que se observa en el despacho de la Secretaría Legal y Técnica de la Gobernación. Es que su titular, José Gervasio Laporte, no sólo es un estudioso abogado y disciplinado cinturón negro de Karate-Do, sino también un cultor de la buena música y otros gustos refinados. De eso pueden dar cuenta todos aquellos que trasponen la puerta de su oficina de la Casa Gris y descubren que el origen de las potentes melodías proviene del equipo de audio que Laporte tiene situado junto a su escritorio. Lo llamativo es que el secretario lo mantiene encendido de manera permanente y a un volumen que despertaría la ira de los vecinos, si no fuera que las anchas paredes y pesadas puertas del edificio contribuyen a absorber los decibeles desmedidos que salen de sus parlantes.
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Subsidios de la discordia
Lo que para el oficialismo no es otra cosa que cumplir acabadamente con el mandato constitucional de asistir a los más necesitados, para los detractores de la actual gestión de Jorge Busti, se trata de una descomunal discrecionalidad urdida para fortalecer los lazos del clientelismo político. Más allá de los dispares argumentos que esgrimen desde el gobierno y la oposición, lo cierto es que hay que hacer mucha memoria para encontrar otra etapa en la historia de la provincia en la que el otorgamiento de subsidios económicos estuviera tan a la orden del día como ahora. Diariamente, centenares de entrerrianos y numerosas entidades deportivas, Organizaciones no Gubernamentales, eclesiásticas y civiles perciben importantes contribuciones, mediante decretos que rubrica al pie el gobernador y uno de sus tres ministros. Hay subsidios que todos entienden y que nadie se atrevería a cuestionar, como aquellos que benefician a personas que deben enfrentar un tratamiento médico oneroso, o mantener la subsistencia de sus hogares. Pero hay otros que levantan polvareda en algunos sectores de la sociedad, sea porque se interpretan como excesivos o tendenciosos.
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La escoba de Ascúa
A pesar de las promesas de desterrar de una vez por todas la sensación de zozobra que invade a todo el personal del Consejo General de Educación (CGE), que en 15 meses vio ascender, brillar y derrumbarse a presidentes, vocales, asesores, empleados y contratados, la situación parece no haber mejorado en el organismo. Tal como lo anticipó este semanario, la limpieza en el CGE no acabó con la sola remoción de los vocales. Ahora le tocó el turno a Andrés Honorio Casaretto quien esta semana se vio forzado a renunciar a su cargo, después que una aparente e inédita alianza entre Felipe Ascúa y Lucila Haidar, sirviera para desactivar la Dirección de Planeamiento del CGE que comandaba el hombre de Maciá. El lunes, en medio de una reunión de la que participó todo el elenco del CGE con el ministro Sergio Urribarri, el ahora ex funcionario se enteró que su cargo acababa de desaparecer.
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Categoría cuarta
Con enorme satisfacción el abogado Marcos Rodríguez Allende recibió la noticia: el gobernador Jorge Busti acababa de firmar el Decreto Número 238, por el que se lo designó personal de planta permanente de la Oficina Anticorrupción y de Ética Pública. Después de un año de sobresaltos, en el que debió soportar un allanamiento en su estudio particular, en donde se secuestró una de las computadoras que había sido robada del Consejo General de Educación, y que le valió tener que concurrir a declarar a indagatoria ante el juez de Instrucción Jorge Barbagelata, Rodríguez Allende consiguió el 7 de febrero último la estabilidad tan ansiada. Ahora, puede respirar tranquilo, ya que ninguna denuncia judicial o periodística podrá hacerle peligrar su puesto de trabajo en el Estado.
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Empréstito turístico
Una gran polémica precedió en Diamante la autorización que se le otorgó al Ejecutivo Municipal para la toma de un fuerte endeudamiento. Pero finalmente, en la sesión del 17 de marzo, el Honorable Concejo Deliberante de esa ciudad autorizó al Ejecutivo a tomar un crédito por 2,1 millones de pesos, que se utilizarán para la compra de un campo de propiedad del Ejército Argentino, ubicado dentro del ejido municipal. La preocupación de los ediles radicales, que se oponían a su aprobación, radicaba en que esa autorización será utilizada para la toma de un crédito de la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones, que deberá definir a través de su directorio si aprueba el otorgamiento del préstamo. Desde la oposición se hizo un planteo a favor de la reincorporación del citado predio al patrimonio de los diamantinos, pero señalando que debería ser la Caja de Jubilaciones la adquiriente, por lo que no se generaría una deuda al municipio que superará el 20 por ciento de su presupuesto.
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