Daniel Tirso Fiorotto
(Especial para ANALISIS)

El recurso pesquero entró en alerta roja en Entre Ríos, con 1.000 kilómetros (¡MIL!) de redes que están colando literalmente el río Paraná. Los especialistas coinciden por unanimidad en que las especies ya no soportan el actual régimen agresivo de extracción y anuncian un colapso del sistema en dos años. En Paraná desaparecieron los sábalos del tamaño legal. Pero la voracidad y la presión ejercida por tres frigoríficos de Diamante y Victoria parece no tener límites, y la respuesta del gobierno resulta equívoca: por un lado advierten que ante la reiteración de infracciones el próximo paso será la inhabilitación, y por otro retroceden en la aplicación de normas mínimas de protección del recurso.

Con propietarios de frigoríficos sospechados de fogonear piquetes en la ruta y amenazar con interrumpir el tránsito en el enlace Victoria-Rosario como respuesta a un incipiente intento oficial de poner límites al saqueo del río, y autoridades provinciales con mil y un reparos a la hora de hacer cumplir las normas, el recurso pesquero de Entre Ríos entró según los especialistas en una etapa de alto riesgo.

La persistencia en las infracciones de los frigoríficos es considerada, a esta altura, una burla. En los últimos seis meses la Dirección General de Recursos Naturales de la provincia decomisó unos 100.000 kilos de pescado, y la aplicación de las normas sirve no sólo para sancionar a los infractores con el decomiso y una multa, sino también para escarmiento, pero el gobierno advirtió que los frigoríficos hicieron de las infracciones un hábito, y que en general prefieren pagar multas y perder alguna carga antes que cumplir con las normas. Frente a ello las autoridades tienen la posibilidad de quitarles la licencia, un arma que podrían usar en el futuro.

Los 100.000 kilos decomisados demuestran que hay funcionarios que no están de brazos cruzados, pero el crecimiento de las irregularidades dice también que al sector no le hace mella perder 100 toneladas cuando en esos seis meses movió más de 10.000 toneladas en la zona y sólo en el volumen registrado para exportación, sin considerar el mercado interno y la masa no registrada, es decir, que se mueve en negro y sale por contrabando. A este ritmo, aseguran los especialistas, el recurso ictícola no puede sostenerse; el sistema milenario está al borde del colapso.

El atentado contra la naturaleza y la economía es producto de una suma de intereses y ausencias. Hay pescadores que pescan con mallas más chicas que las permitidas y obtienen ejemplares más chicos que los mínimos marcados por la autoridad reguladora, en un círculo vicioso porque cuanto más pescan menos peces grandes encuentran, y así necesitan mallas más chicas para sostener el volumen de captura. Hay acopiadores que reciben el pescado chico sin problemas sabiendo que se encuentran en infracción; organismos estatales deficientes para el control riguroso del movimiento en los puntos clave, y sin planes previstos para la emergencia; falta de infraestructura para independizar a los pescadores de los frigoríficos y controlar a todos en un solo puerto; y frigoríficos que no sólo aceptan las irregularidades sino que se han convertido peligrosamente en los principales promotores de la depredación y defienden las irregularidades incluso por métodos no democráticos, porque sus mercados externos les exigen un pescado al plato y no más grande, y les pagan por anticipado para que puedan evadir las normas provinciales y bancarse de tanto en tanto alguna multa. Éste es el panorama difícil en Entre Ríos, principal provincia de la Argentina en pesca de río.

Los vaivenes de las autoridades hicieron pasar un papelón, hace una semana, a la famosa fundación Proteger con sede en Santa Fe e influencia en todo el Litoral. Publicaron una gacetilla con bombos y platillos que se hacía eco de una noticia difundida por funcionarios del gobierno santafesino, en la que anunciaban que Entre Ríos había dispuesto las mismas normas que Santa Fe para la captura de sábalos, es decir, 42 centímetros como mínimo, y redes de un tramado que deje libre no menos de 16,5 centímetros.

Sin embargo Entre Ríos había dispuesto en verdad 14,5 centímetros de abertura en las mallas, no 16,5; y no sólo eso: en 24 horas las autoridades entrerrianas se retractaron y dieron otro plazo de 45 días a los pescadores para que pudieran adecuarse a las nuevas circunstancias, de manera que se continúa pescando con mallas de 14 centímetros y sábalos de 40 centímetros.

El asunto es un foco de conflictos entre las provincias. Santa Fe impone medidas más rigurosas para preservar el recurso, pero es Entre Ríos la provincia pesquera por excelencia en el departamento Victoria y la que recibe más presiones de los frigoríficos. Ahora, ¿eso habilita a esta provincia a incumplir sus propios compromisos, como por ejemplo el asumido con el Crecenea hace pocos meses, para agrandar las mallas?

Semana Santa gloriosa

En la actualidad se permite pues la pesca con mallas de 14 centímetros entre nudos y sábalos de 40 centímetros, aunque ya se dictó la resolución provincial que amplió esa abertura a 14,5 centímetros y el sábalo a 42. La medida debería estar rigiendo desde enero, pero a pedido de los frigoríficos y pescadores de Victoria se corrió dos veces la entrada en vigor, y ahora se está prometiendo para dentro de un mes.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)